Un nuevo saqueo a la caja de los jubilados

Por Hernán Andrés Kruse.-

La situación económica es extremadamente delicada. El peso ha dejado de existir. Es nada más que papel pintado. La inflación de febrero fue del 6,6% y todo parece indicar que la de marzo rozará el 7%. Algunos analistas económicos afirman que incluso puede superar ese número. En consecuencia, a fin de año la inflación puede alcanzar el 120%. Resulta por demás evidente el estruendoso fracaso del ministro Sergio Massa. Lejos estoy de festejar la derrota del gobierno en la guerra que declaró hace un año contra la inflación. Por el contrario, los últimos índices inflacionarios me hacen recordar a los últimos meses de 1988 y los primeros meses de 1989, que fueron el preludio de la tragedia que nos asoló: la hiperinflación.

Para colmo el gobierno carece de dólares. Las reservas del Banco Central se están diluyendo a paso redoblado y debido a la histórica sequía el campo se vio imposibilitado de aportar al Estado unos 20.000 millones de la divisa norteamericana. Para expresarlo coloquialmente: el gobierno no tiene un mango para hacer frente a los compromisos internos y externos. Ello explica el rostro desencajado de Massa. Pese a no ser economista es perfectamente consciente de la gravedad de lo que está pasando. Es perfectamente consciente de la imperiosa necesidad de conseguir dólares como sea. ¿Qué decisión tomó para evitar la caída en el abismo? La de siempre: saquear la caja de los jubilados. Consciente de la extrema debilidad de nuestros viejos, se aprovechó de ello para robarles su dinero.

El decreto 164/2023, refrendado por todo el Gabinete de ministros, encubre con lenguaje técnico el saqueo. He aquí sus fundamentos (fuente: Página/12, 22/3/023):

“Considerando que es menester profundizar las medidas orientadas a consolidar el sendero de nuestra economía a través del fortalecimiento del orden macroeconómico. Que, en ese sentido, también resulta necesario reforzar el mejoramiento general de expectativas mediante políticas que nos permitan aportar mayor certidumbre cambiaria y financiera en el corto y el mediano plazo. Que, para ello, se ha resuelto tomar un conjunto de medidas que abordarán los principales frentes que hoy generan mayor certidumbre en materia cambiaria y financiera, de modo de despejarla. Que con el fin de continuar avanzando en el sendero de disminuir el desequilibrio fiscal es importante continuar con las acciones tendientes a evitar la volatilidad extrema en el mercado cambiario en sentido amplio, dados los efectos contraproducentes que conllevan las subas bruscas en este ámbito sobre la inflación en particular y en la vida económica cotidiana de la población.

Que en el aspecto financiero es fundamental continuar garantizando por un lado el financiamiento del tesoro nacional y, a la vez, la sostenibilidad de la deuda pública, de manera que el estado nacional cubra sus necesidades financieras de forma sostenible. Que, a esos fines, resulta también crucial fortalecer la consistencia entre la política fiscal y la monetaria, de forma tal de reducir también las presiones cambiarias e inflacionarias, lo cual a su vez permitirá mejorar los salarios reales, las condiciones de vida de la población más vulnerable y mantener el vigor de la actividad económica. Que se apunta a seguir reduciendo probables excedentes monetarios, estabilizando el mercado cambiario y fortaleciendo el financiamiento de las arcas públicas, despejando así el camino para el cumplimiento del programa financiero en 2023, lo cual debiera redundar en la reducción del costo financiero para el tesoro nacional, vigorizando la sostenibilidad de la deuda. Que estas medidas van a permitir contar con mayor disponibilidad de instrumentos para, en caso necesario, estabilizar los mercados, absorber posibles excedentes monetarios y para seguir combatiendo la inflación.

Que las acciones previstas en el presente decreto importan disminuir los incentivos negativos que genera la brecha cambiaria sobre la inflación, el comercio exterior y el buen funcionamiento de la economía, y mejorar la perspectiva del financiamiento de las necesidades del tesoro nacional para una gran parte de 2023, despejando la infundada incertidumbre sobre el mercado de bonos en pesos. Que el presente decreto se enmarca en un reordenamiento de los activos financieros, en especial aquellos denominados en moneda extranjera, dentro del sector público nacional, para un manejo más prudente y eficiente de los mismos, preservando el objetivo y destino de los distintos organismos y jurisdicciones objeto de la medida. Que, asimismo, se busca maximizar el resultado de las operaciones financieras en el mercado de capitales, utilizando procedimientos confiables y transparentes, y sin afectar su normal funcionamiento.

Que ante la urgencia en la adopción de estas medidas, en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, deviene imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la constitución nacional para la sanción de las leyes. Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del honorable congreso de la nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el poder ejecutivo nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la constitución nacional. Que la citada ley determina que la comisión bicameral permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de diez días hábiles. Que el artículo 22 de la ley 26.122 dispone que las cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la constitución nacional. Que el servicio jurídico permanente del ministerio de economía ha tomado intervención. Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la constitución nacional”.

He aquí los fundamentos del decreto 164/2023. Todos estos párrafos, escritos seguramente por Vilma Ibarra, pueden sintetizarse en la siguiente oración: “Nos vemos obligados a saquear la caja de los jubilados para mantenernos a flote hasta el 10 de diciembre”. Para encubrir este accionar ilegal, Vilma Ibarra utilizó todo este palabrerío técnico.

La prensa opositora y los referentes políticos de JpC pusieron el grito en el cielo. ¡Cómo es posible, bramaron al unísono, que el gobierno nacional haya tomado la decisión de vaciar ANSES para calmar al dólar! Nadie puede, me parece, objetar semejante acusación. Pero, una vez más, es necesario recurrir a la memoria histórica. Es cierto que Alberto Fernández acaba de saquear la caja de los jubilados. Ahora bien, ¿su antecesor no hizo exactamente lo mismo? En su edición del 24/3 Página/12 publicó un artículo de Leandro Renou titulado “¿Quién se gastó “la plata de los jubilados”? Escribió el periodista:

“Un trabajo de la ANSES emitido en febrero de este año midió los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) desde su creación en 2008 tras la estatización de los fondos de pensión, hasta la actualidad. Allí se observa que el único período de derrumbe de los fondos del FGS fue en los años 2015-2019. Durante el gobierno de Mauricio Macri cayeron 47% los ingresos del FGS, en contraposición al crecimiento que ese mismo monto tuvo en los gobiernos de Cristina Kirchner e incluso Alberto Fernández, que debió enfrentar una economía con bastante más ruido externo que sus antecesores.

El gran condicionante del FGS en la era Macri fue la mala administración de la economía, pero también las presiones que hizo sobre los fondos de los jubilados en el marco del acuerdo con el FMI. Puesto en números, en noviembre del 2008, el FGS estaba valuado en 23.749 millones de dólares. Yendo de allí a noviembre del 2015, cuando estaba terminando el gobierno de CFK, el FGS había crecido un 179%, llegando a tener en sus arcas unos 66.208 millones de dólares.

La contracara fue la situación que tenía ese mismo fondo cuatro años después, a fines del gobierno de Macri. Casi en diciembre de 2019 el FGS sufrió una fuerte caída del 47%, teniendo una valuación de 34.831 millones de dólares (…) La pregunta es, entonces, dónde fue el dinero del FGS en la era Macri. Buena parte se usó para contener el desorden de las cuentas públicas, y el resto a cubrir el hueco del FMI. En junio del 2018 el gobierno de Macri pidió el préstamo de 57 mil millones de dólares. Un año más tarde, el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, avisó en una presentación en el Congreso que un tercio de los ingresos se usaron para cubrir los pagos a jubilados en el marco de lo que se llamó Reparación Histórica, un plus a jubilados que no tuvo ningún efecto positivo, pero que costó caro. Luego, también avisó Dujovne que habría transferencias adicionales del FGS a la ANSES cercanas a los 10.000 millones de pesos mensuales (…).

Por más que Renou se esmere en resaltar que mientras el gobierno de Macri usó el dinero de los jubilados, “el anuncio de Massa, aunque sea en sí una medida poco común y con cuestionamientos lógicos, no utiliza ese dinero sino que canjea bonos en dólares por otros en pesos con una tasa competitiva”, ambos gobiernos saquearon la caja de los jubilados, se metieron con los más débiles; fueron unos miserables cobardes, en suma.