Por Carlos Tórtora.-

Que el año político se haya iniciado bajo la constelación que une a la política con el narcotráfico y la corrupción puede querer decir mucho. Por ejemplo, que el eje de la vida política se dispone a funcionar alrededor de la actividad legislativa si no de una imprevisible serie de escándalos que tendrían su centro en el círculo del poder que gobernó a partir del 2003. Sin duda que, obligado por las circunstancias, Mauricio Macri aceptó la alianza con Sergio Massa como el único recurso para conseguir mayoría en las cámaras legislativas de Buenos Aires y también de la Nación. Luego de la aprobación del presupuesto bonaerense, los crujidos se hacen sentir en el Frente para la Victoria. Sus beneficiarios son dos: Massa y Florencio Randazzo, jefe de un neokirchnerismo con raíces duhaldistas. En principio, este panorama es bueno para el Gobierno: el kirchnerismo está con serios problemas y Massa muestra la mayor a racionalidad posible. Sin embargo, todo esto es inestable y bastante más complejo. El líder tigrense acaba de instalar a cientos de funcionarios en los distintos niveles de la administración bonaerense, lo que lo convierte en un cogobernante. Sin embargo su objetivo es la presidencia de la Nación en el 2019, para lo cual debe necesariamente ganar las elecciones de medio término, por lo menos en Buenos Aires y varias provincias más. Es más, para posicionarse en primera fila, está casi obligado a ganar la primera banca a senador nacional por Buenos Aires el año que viene.

Marcos Peña, el jefe de gabinete que expresa la ortodoxia del pensamiento del PRO, reitera que ahora es tiempo de gestión y que hay que dejar la política para el 2017. En el mundo peronista el razonamiento es totalmente distinto: allí se dice que si no hace ahora gestión con política los resultados electorales están en riesgo. El caso es que, obligado por las circunstancias, Macri acaba de darle a Massa lo que necesitaba para crecer territorialmente: una gran caja política. Obviamente, si aquél siguiera aliado del Gobierno al iniciarse el próximo año, su carrera presidencial quedaría frustrada. En cambio, es de presumir que hará lo que la lógica peronista indica: sondear hasta dónde llega el éxito económico del Gobierno y, en el caso de que el costo social sea alto, se alejaría de Macri para expresar el descontento social a través del peronismo.

El severo documento crítico de la CGT de Moyano contra los primeros 30 días de Prat Gay como ministro de economía muestra cómo un líder sindical aliado de Macri está abriendo el paraguas ante la proximidad de las paritarias y de que el Gobierno fuerce aumentos salariales por debajo de la inflación mensual.

El Secretario de Finanzas Luis Caputo tiene instrucciones de acelerar la negociación con los holdouts en Nueva York, para que haya un rápido acuerdo que posibilite que el Estado se endeude a tasas más bajas que las actuales y esto empuje el crecimiento de las inversiones y la baja de las tasas. Sin embargo, esta semana se demostró que, si bien es inexorable que haya un acuerdo, el camino está sembrado de vallas. El ministro abrió un frente de batalla complicado al afirmar que el estudio de abogados Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, que representa al país, es cómplice de la negociación que perjudicó a la Argentina y a la estrategia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para explicarlo, el ministro apeló a una imagen futbolística al afirmar que «antes, ese estudio había sido contratado para defendernos de los holdouts y atacar en el momento que fuera conveniente para hacer el gol que nunca llegó. Por eso ahora, a la vista de los resultados, lo hemos puesto sólo para que nos defienda y estamos en la búsqueda de contratar otro estudio de abogados». Prat Gay fue más allá, al afirmar que «hubo complicidad de ese estudio para que Argentina pierda un juicio de esas características, por eso ahora decidimos buscar otro estudio para atacar».

El contraataque de Cleary ya se hace sentir e incluye pruebas documentales de cómo Cristina Kirchner y Carlos Zannini, de su puño y letra, incluían en los escritos que se presentaban ante el juez Thomas Griesa términos agraviantes y desconsiderados para con la Justicia y el mismo tribunal, autosaboteando así los propios intereses del país.

No tan lejos de las urnas

Volviendo a la política, si el Gobierno pisa el acelerador del ajuste, como reclama una parte del sector externo y del establishment, el efecto político interno sería inmediato: se enfriaría la relación con el peronismo y Cristina Kirchner, desde su bastión de Santa Cruz, volvería a alzar la voz para encabezar la supuesta resistencia al ajuste. Los hechos que favorecen esta chance se acumulan solos: Gerardo Morales acaba de cancelarle la personería jurídica a la Tupac Amaru, uno de los brazos del cristinismo duro.

La ecuación que va esbozándose, entonces, es bastante simple: no habría mayores posibilidades de crecimiento económico sin una sensible baja del gasto público y este ajuste obligaría a que la casi totalidad del peronismo se distancie del PRO, dejándolo librado a las negociaciones con sus esquivos socios radicales, que parecen esperar este momento con fruición.

Sin duda que, hoy por hoy, una alianza compuesta, por ejemplo, por Massa y Urtubey es más peligrosa por cierto que el resurgimiento de CFK. ¿Debería el Gobierno estar preparado entonces para este segundo juego? Todo indica que sí. Salvo los avances contra Amado Boudou y las condenas por la tragedia del Once, aun en medio de la feria judicial, no se advierten síntomas de una gran ofensiva judicial contra el cristinismo. El problema central es, por supuesto, la causa Hotesur, que lleva Claudio Bonadío. También hay que preguntarse, en este extraño peronismo de hoy, si un eventual procesamiento de la ex presidente y su hijo Máximo la hundiría políticamente o provocaría la solidaridad corporativa de muchos dirigentes justicialistas que temen terminar igual que ella. En este punto, donde se cruzan la corrupción con la política, Macri parece estar prisionero de un dilema: casi sería absurdo que el Gobierno inste a la justicia a que persiga la corrupción de la década K si no se empieza por el vértice: los posibles delitos de la ex presidente. Dedicarse a procesar sólo a funcionarios de segunda y tercera línea sería absurdo, por no decir inaceptable.

Así las cosas, el PRO, que quisiera hacer más gestión y menos política, parece obligado a hacer equilibrio entre las dos figuras hoy más fuertes del peronismo: Massa y CFK. Justamente estos dos están pensando en encabezar la lista para senadores nacionales por el peronismo bonaerense. Una caída electoral del gobierno de María Eugenia Vidal el próximo año, aunque a ella no le impida continuar su mandato por cuatro años, sería una señal nefasta para el oficialismo, aun cuando ganara en varias provincias importantes. Es que en Buenos Aires ahora no sólo siguen estando el 38% de los votos del padrón nacional, sino que la guerra declarada por Macri contra el narcotráfico y la corrupción se libra en buena medida dentro de las fronteras bonaerenses.

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