Por Carlos Tórtora.-

Para algunos la convocatoria de Alberto Fernández a pensar en el rediseño de la Corte Suprema fue una respuesta anticipada al inminente fallo del tribunal declarando inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura realizada por el gobierno kirchnerista en el 2006.

Pero el presidente hizo otras precisiones, por ejemplo: «las demoras en el servicio de justicia imponen revisar los mecanismos de trabajo, el número de integrantes, y su división de tareas». Esto último, traducido en términos políticos, tiene un significado preciso. Esto es, que una Corte ampliada podría dividirse en salas y, de este modo, se podría llegar -por medio de una ingeniería política- a que una de las salas concentre los procesos contra Cristina Kirchner y termine por sobreseerla. Obviamente esto implicaría un amplio acuerdo político, primero para la designación de nuevos ministros de la Corte y segundo, para el armado de una Sala que se avoque a las causas por corrupción que afecten a la ex presidente.

En medios oficiales se comenta que Horacio Rodríguez Larreta fue tanteado recientemente acerca de si apoyaría la ampliación de la Corte a 7 o a 9 miembros. Pero el problema central del oficialismo es la imposibilidad de encontrar una interlocución centralizada en la oposición. Juntos por el Cambio se maneja con un colegiado donde sobresalen Larreta, Mauricio Macri, Gerardo Morales y Patricia Bullrich pero éstos se encuentran muy lejos de un acuerdo para sentarse a negociar con Alberto. Con una interna abierta, cualquier sector de la oposición que amague sentarse a negociar sería inmediatamente cuestionado por los demás. Cabe recordar que, en su discurso del viernes pasado en Plaza de Mayo, la vicepresidente habló de que Alberto debería convocar al diálogo. Un tema que, para ella, significaría negociación por la Corte.

Con desconfianza

A todo esto, la desconfianza sigue prevaleciendo entre los entornos del presidente y la vicepresidenta. Alrededor de Alberto se argumenta que Cristina pretende hacer girar a todo el gobierno alrededor de sus causas judiciales y en el Instituto Patria replican que Alberto no se anima a darle centralidad a la solución política de los procesos por corrupción y que sólo se dedica a ganar tiempo.

Aunque parece que sobra tiempo, la realidad indica todo lo contrario. En el 2023, con la efervescencia electoral, será prácticamente imposible una negociación con la oposición. Queda íntegro el 2022, pero hay que tomar en cuenta que una negociación como la de la ampliación de la Corte necesitaría de varios meses y sufriría marchas y contramarchas. Otra cosa, en la medida en que Cristina sea por contraposición la figura que aglutina a la oposición, será muy difícil que prospere un acuerdo por la Corte destinado, entre otras cosas, a favorecerla.

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