Por Carlos Tórtora.-

La compleja trama del litigio entre el gobierno nacional y la Ciudad por los alcances de la autonomía porteña está lejos de terminar con el decreto 287, que establece las nuevas restricciones. Por otra parte, es obvio que ya se puede considerar como una cuestión abstracta el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad del decreto 241, que ya no tiene vigencia. Ahora todo gira en torno al nuevo decreto, que en su artículo 3° establece los parámetros para definir riesgo epidemiológico y sanitario. El inciso 4° define la situación de alarma -que abarca a la Ciudad- del siguiente modo: “Los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes, serán considerados en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos catorce (14) días por cien mil (100.000) habitantes sea igual o superior a quinientos (500) y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al ochenta por ciento (80%)”. Ahora bien, el artículo 22 le aplica este parámetro a la Ciudad: “En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que se encuentren en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria, queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, durante la vigencia del presente decreto”.

Como se ve, la situación básica no ha variado y la Casa Rosada insiste en decidir sobre las clases presenciales, por lo que surge el interrogante de si Horacio Rodríguez Larreta irá ante la Corte a reclamar la inconstitucionalidad del decreto 287. Si no lo hiciera, estaría consintiendo en el avallasamiento de la autonomía local. Ya hay síntomas de importantes concesiones, como por ejemplo adoptar un sistema bimodal para las clases en el secundario, lo que le valió la justa crítica de Patricia Bullrich. Da la impresión de que tanto el presidente como Larreta quieren aflojar la tensión pero están presionados el primero por los halcones de Bullrich y el segundo por el kirchnerismo duro, que desde la gobernación bonaerense intenta intimidar a la población mediante controles arbitrarios.

La larga caída de Guzmán

Alberto está enfrentando el comienzo de la etapa más crítica de la pandemia, con un frente interno recalentado. El aparente empate entre Martín Guzmán y su subsecretario de energía Federico Basualdo no es tal. El primero quiso echar al segundo y La Cámpora dijo no, por lo tanto el desgaste corre para aquél. El declive de Guzmán se hizo patente a partir de su fallida gira europea, en la cual no consiguió avanzar en las negociaciones con el Club de París, ya que subordinó todo al acuerdo previo con el FMI.

Guzmán está ahora a la defensiva y pasó a integrar, junto al titular de Educación Nicolás Trotta, el club de los ministros devaluados. Trotta había asegurado que no se suspenderían las clases en la Ciudad pero AF dispuso lo contrario.

La caída de Guzmán hoy por hoy significaría una nueva pérdida de autoridad para el presidente. Para algunos en el Instituto Patria, el titular de economía quiere hacerse echar para sacar patente de crítico del gobierno como hiciera Martín Redrado en el BCRA cuando se enfrentó a Cristina Kirchner. De ser cierto lo último, el kirchnerismo no está dispuesto a darle el gusto y pretende que Guzmán sea fagocitado por su fracaso. La oleada de medidas intervencionistas de los últimos días, sobre todo por parte de la Secretaria de Comercio Paula Español, anuncia que CFK ha dado la señal para avanzar sobre el espacio de Guzmán. La pelea por el aumento de tarifas es sólo la punta del iceberg.

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