Por Guillermo Cherashny.-

Anteayer, Gustavo Arribas, el director de la AFI, se conformaba con un comunicado de prensa. Pero esa misma noche decidió ir al juzgado a cargo momentáneamente del juez Ariel Lijo y lo hizo obligado por la imputación que le hizo el fiscal Federico Delgado pidiendo al Credit Suisse todas las transferencias del jefe de inteligencia, lo que supone el levantamiento del secreto bancario, que quedaría en manos de Susana Malcorra tramitarlo, lo mismo que la comparencia por Skype del arrepentido Meirelles -que también debe cursarse por la chancillería- que se espera lo haga con más diligencia que Héctor Timerman, que la cajoneaba. Pero está claro que la falta de mérito de Arribas va a tardar mucho tiempo si el juez Rodolfo Canicoba Corral decide investigar, porque Arribas se presentó ante el subrogante Lijo y dijo que las pruebas se las aportaría al juez competente, o sea Canicoba, que ya lo absolvió por una radio.

Este juez podrá rechazar las medidas que pidió Delgado pero éste podrá apelar y está claro que Canicoba, a quien el gobierno le pidió la jubilación y se negó, ahora le garantizaran su permanencia si zafa a Arribas.

Como dijimos, una falta de mérito apresurada motivará una apelación de Delgado, por lo cual, si la causa dura un tiempo largo, Arribas estará complicado, aunque el respaldo del presidente es total, ya que en la nota de Alconada Mon se vinculan las transferencias de 594.000 dólares al soterramiento del Sarmiento, cuya construcción está a cargo del primo presidencial Angelo Calcaterra, por lo cual, si Arribas fuera culpable, el asunto complicaría a toda la familia Macri.

En Panamá, Odebrecht debió pagar 50 millones de dólares y en Perú, su presidente le reclama 263 millones de dólares, y hay dos ministros presos, mientras que en Colombia está preso el ministro de transporte del presidente Santos y se espera que ese gobierno exija compensaciones a los brasileños. En los doce países los gobiernos detuvieron a personas por acción de los ejecutivos que reclaman indemnización, como en Estados Unidos, que cobró 2900 millones de dólares. Pero en la Argentina, el fiscal Sergio Rodríguez, alineado con Gils Carbó investiga por su cuenta y el gobierno no manda información, como sí hizo Javier Iguacel, el jefe de Vialidad Nacional, contra CFK por asociación ilícita. Está claro que el gobierno de Macri no tiene ninguna intención de averiguar las coimas de Odebrecht en nuestro país porque no quiere un lava jato local.

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