Por Guillermo Cherashny.-

El trío integrado por Ricardo Lorenzetti, el camarista Martín Irurzun y los jueces federales, ante la falta de instrumentos para que los procesados por corrupción delaten a sus superiores o cómplices, ha decido cambiar la jurisprudencia establecida en las causas penales en el sentido de que sólo se podía detener si el procesado no está a derecho u obstruye la instrucción de la causa.

La forma de hacerlo es ampliar el concepto de obstrucción de la causa, que queda sujeto a definirse en cada caso por el juez o el fiscal del fuero federal, porque es obvio que estamos hablando de la corrupción de los funcionarios públicos y quizás de los empresarios que pagaron los sobornos, que hasta hoy están ausentes de los citaciones a indagatoria, salvo en la causa Obebrecht-Aysa, donde el juez Sebastián Casanello citó a Aldo Roggio y Enrique Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción durante el kirchnerato.

Como señalamos hace unos días, el senador Pichetto, presidente del bloque del PJ en la cámara alta, exige una sentencia condenatoria en autoridad de cosa juzgada en caso de un pedido de detención de un senador, todo lo contrario a lo decidido por la Cámara de Diputados en el caso de Julio de Vido.

Este asunto está de moda, ya que ayer la Cámara Federal donde se procesa y embarga por 10.000 millones de pesos a la ex presidente y senadora electa junto a diez de sus colaboradores, entre ellos Julio de Vido, José López y otros funcionarios, por lo cual ya se puede comenzar el juicio oral.

Si Cristina en la última elección hubiese ido como candidata a diputada nacional, como aconsejaban algunos, hoy estaría en problemas, porque podría ser desaforada por los 2/3 de la esa cámara, pero como se presentó como senadora y aunque perdió la teoría del senador Pichetto, la pone a salvo de una detención originada en un fallo condenatorio que en este caso, al ser de un tribunal oral, no tiene autoridad de cosa juzgada.

Share