Por Carlos Tórtora.-

Cristina Kirchner no podía dejar que su condena fuese el plato fuerte de la política nacional sin intentar colocar a la justicia en medio de un escándalo de corrupción. De esta necesidad política nació la denuncia de law fare de un viaje con jueces federales, ex funcionarios de la AFI y empresarios de medios a la estancia de Joe Lewis, y de que aparecieran unos chats hackeados del celular del Ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, donde conspiran para ocultar la información, luego de que fue publicada por Página 12. La denuncia, bastante espectacular, deja muy mal parados a varios magistrados, entre ellos al juez federal Julián Ercolini. Una vez más, la vicepresidenta echa mano de su recurso preferido, ya que hace aparecer a la oposición como si ejerciera el poder y al kirchnerismo como si fuera oposición.

A todo esto, Alberto Fernández tuvo que sumarse a la cortina de humo resaltando la gravedad de los hechos.

Como es obvio, el kirchnerismo busca estigmatizar a todo el fuero federal como si cada uno de los jueces hubiera firmado su sentencia.

Sacando el jugo

El nuevo escándalo judicial servirá sin duda para que el kirchnerismo ajuste las clavijas en su batalla contra la Corte Suprema y el fuero federal y le dará tela a CFK para inferir que su condena es arbitraria porque proviene de magistrados parciales. Es dudoso que ella logre instalar tan fuerte el escándalo como para superar en repercusión a la condena, aunque desde ya que va a intentarlo. Herida como está, ella es más peligrosa que nunca y estaría decidida a llevarse puestos a unos cuantos. Su modelo, aunque las similitudes no son tantas, es el de Lula. Para ello estaría convencida de que si puede ensuciar a sus jueces tendrá entonces abierto el camino de su reivindicación política.

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