Por Enrique Guillermo Avogadro.-

“El progreso económico requiere un orden jurídico y una justicia independiente, que proteja a los ciudadanos contra los excesos del poder administrador”. Arturo Frondizi.

En estos días, el canallesco batallón oficialista, encabezado por la Presidente y constituido por todos aquellos que la han acompañado en el saqueo irreparable del país, ha encarado una renovada campaña para lograr el control del Poder Judicial, a través de la colonización de la Corte Suprema con pseudo jueces serviles, para garantizarse la impunidad después de tantos delitos cometidos. No ha dudado, en su plan de ataque, en recurrir a las más inmundas prácticas de espionaje y denostación personal, en especial contra el Dr. Carlos Fayt, el Ministro decano y un jurista de lujo, porque ha cometido el gravísimo pecado contra el credo kirchnerista de ser independiente y a quien se vitupera por la edad que ha alcanzado; trae a la memoria el “Diario de la Guerra del Cerdo”, la novela del genial Bioy Casares.

El ya incalificable Jefe de Gabinete, el matón Anímal Fernández, y la nueva Presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Anabel Álvarez Segasti, una joven proveniente de la cantera de La Cámpora, pidieron -como antes lo habían hecho Diana Conti, Carlos Kunkel y otros diputados del ¿Frente para la Qué?- que el Dr. Fayt fuera sometido a exámenes para verificar el estado de su salud mental y se llegó a la ridiculez de retarlo a salir a la calle. Si usted quiere defender al distinguido Ministro de la Corte, por favor ingrese a http://tinyurl.com/q87h9du y firme la petición.

Si yo fuera el impugnado magistrado, haría mío el argumento que utilizó Cristovão Buarque en una cumbre mundial en la que las grandes potencias exigían la internacionalización de la Amazonia; el ex Ministro brasileño aceptó esa postura, pero la condicionó a que todos los país hicieran lo propio con sus arsenales nucleares. Porque es de público y notorio conocimiento, ya que se esmera en probarlo diariamente, que la misma Presidente padece de serios desequilibrios mentales que le impiden ejercer su alto cargo en las condiciones que requiere. Así, Fayt debería aceptar la realización de esas pruebas, siempre y cuando Cristina también se prestara a ellas.

El colmo se produjo el jueves, cuando la indigna Hebe de Bonafini, que hace apología permanente del terrorismo y se ha llenado los bolsillos con los “Sueños Compartidos”, se permitió realizar un “juicio popular” a la Corte, reeditando su llamado a tomar el Palacio de Justicia cuando la Ley de Medios se encontraba impugnada, a fin de obtener un fallo favorable al Gobierno.

Como se sabe, el Dr. Ricardo Lorenzetti no es santo de mi devoción por su posición -autorizando la violación al artículo 18 de la Constitución- frente a la falsa y tuerta política de derechos humanos sobre los cuales Néstor Kirchner construyó gran parte de su estructura de poder; éste se identificó con la subversión de los 70’s que le permitió, como dice Ceferino Reato en su último libro, ampararse en una izquierda que no admite la crítica alguna a sus líderes, a quienes todo justifica, aún el enriquecimiento ilícito e inexplicable.

Ahora, bajo el fuego graneado del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema ha decidido defenderse y enfrentarlo, poniendo para ello los límites que la Constitución establece; fue una verdadera pena que no utilizara esas facultades durante la última década, mientras ambos integrantes del matrimonio imperial desconocían sus sentencias.

Pero, más allá de esos fuegos de artificio, lo real y verdadero es que la noble viuda, en términos constitucionales y penales, ha incurrido en sedición y golpismo contra uno de los poderes del Estado. Tendemos a pensar que los golpes de estado sólo se hacen contra el Ejecutivo, pero también pueden darse contra cualquiera de los otros dos poderes; según nuestra Constitución, la República se organiza con tres vértices perfectamente definidos e independientes entre sí: el Presidente, que administra; el Congreso, que dicta las leyes; y el Poder Judicial, que las interpreta y pone límites a los abusos de los otros dos contra los ciudadanos y contra la propia carta magna, conforme lo dispone su artículo 116.

Consecuentemente, al actuar como lo hace, la Presidente y todos sus cómplices caen en las conductas descriptas en el Título X del Código Penal, “Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, y por ello deberá ser imputada, procesada y juzgada. La deberán acompañar, más temprano que tarde, los infames traidores a la Patria que, sentados en sus bancas legislativas, concedieron durante esta década al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y le otorgaron supremacías por las que la vida, el honor y la fortuna de los argentinos quedaron a su merced, tal como lo define el artículo 29 de la Constitución y reprime el artículo 227 del Código Penal.

Dice el artículo 21 de la Constitución, tan estuprada por este gobierno durante la década “ganada”: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución”. ¿No ha llegado, acaso, el momento en que la ciudadanía entera obedezca esos dictados?; ¿hasta cuándo y por qué debemos continuar soportando pacíficamente esta dictadura que pretende llevarnos al peor pasado y al chavismo?, ¿qué nuevos límites veremos superar sin reaccionar?, ¿es que nos seduce esta sodomización a la que nos somete día tras día?

Porque, confesemos, hemos dejado de ser una democracia republicana, representativa y federal para convertirnos en un imperio falso, unitario, absoluto y populista, y la República es objeto de las vejaciones permanentes que le infiere este régimen nefasto.

Ha llegado el momento de recordar cómo se comportó la Argentina cuando el Congreso nacional guaraní votó, en las condiciones constitucionales vigentes, la destitución por inhabilidad del ex Presidente Fernando Lugo, una decisión legítima luego convalidada por la Suprema Corte del país hermano; acompañada por los otros integrantes del Mercosur, sumó su voto para suspender la membrecía de Paraguay, invocando la “cláusula democrática” que Rafael Correa había hecho aprobar en la Unasur, después de convertir un mero reclamo salarial de la Policía ecuatoriana en un falso golpe de estado.

Si la tentativa de Cristina -ésta sí un atentado contra unos de los poderes de la República- tiene éxito, ¿cómo deberían reaccionar, y cómo lo harán, los demás países de la región? Los tiempos de América Latina están cambiando, como lo demuestran las enormes complicaciones que soportan hoy Brasil y Chile por temas de corrupción, y los recientes cuestionamientos a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, por lo cual nuestra Presidente haría bien en no esperar la antigua solidaridad que hubiera recibido hasta hace poco.

Para concluir, una breve reflexión. Como se vio esta semana en Gran Bretaña, donde todas las encuestas pronosticaban un empate entre conservadores y laboristas, todos erraron, y Cameron ganó por una abrumadora mayoría. Aquí, las empresas que ¿miden? la opinión pública, más corruptas en general, pretenden “vender” la probabilidad de la continuidad del kirchnerismo luego de las eventuales elecciones. La realidad muestra que, si hubiera ballotage, el 70% votaría contra cualquier candidato K, y no hay posibilidad de un triunfo oficialista en primera vuelta.

Por eso me sigo preguntando hasta dónde estará llegar Cristina Fernández de Kirchner, a quien ya sabemos sediciosa y golpista, para conservar alguna esperanza de impunidad ante un horizonte penal cada vez más complicado para ella, su familia y sus cómplices, y hasta dónde la acompañará el peronismo en esa aventura. En la respuesta, está todo el futuro de la República.

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