Por Carlos Tórtora.-

El tratamiento de la ley ómnibus monopoliza la atención de todas las fuerzas políticas y su definición marcará el rumbo del gobierno. A todo esto, el otro tema central, el DNU 70/2023, transita por un contexto de marcada incertidumbre. Martín Menem no designó los 8 diputados miembros que deberían integrar la Comisión Bilateral Permanente de Trámite Legislativo que debe dictaminar sobre la validez del mega DNU y por lo tanto está no está conformada. El plazo para que la Comisión Bilateral emita dictamen, de acuerdo al inciso tercero del artículo 99 de la Constitución Nacional, vence mañana. La ley 26122 que regula el tema dispone en su artículo 20 que una vez vencido el plazo sin que la Comisión haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto.

En otras palabras, que a partir del lunes próximo ambas cámaras tienen la obligación legal de deliberar para aprobar o desaprobar el decreto por mayoría absoluta de los presentes. En el caso de que ambas cámaras rechacen el DNU, éste quedará derogado. Con la aprobación de una de las cámaras, quedará vigente. Ayer Martín Menem dejó trascender que después del paro convocaría a una sesión para tratar la aprobación del DNU. Lo usual es que los DNU queden vigentes por el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Comisión Bicameral y de las cámaras. Para darse una idea, la última vez que la Comisión se reunió fue en el 2022.

Sin embargo, la situación actual es excepcional. El mega DNU es rechazado por inconstitucional en forma unánime por toda la oposición en el Congreso. La posibilidad de que sea derogado hace que la oposición esté no sólo en la obligación legal sino política de hacerlo.

La derogación del DNU por el Congreso sería un golpe irreparable para el gobierno de Javier Milei, que no tendría forma alguna de enmendar la derrota, ya que otro DNU correría la misma suerte.

Es decir que la oposición tiene la llave para obligar al gobierno a corregir su política económica mediante la derogación del decreto. Lo que es innegable es que la derogación sería de un impacto político enorme, desgastando peligrosamente la figura de Milei cuando se supone que todavía está en la luna de miel con la sociedad.

El caso es que, si la oposición no moviliza todos sus votos contra el DNU, quedaría en una posición de connivencia con la Casa Rosada, lo que le significaría un enorme deterioro. La casi totalidad de los dialoguistas de la UCR y Coalición Federal están en contra del decreto. ¿Cómo podría entonces la oposición cuestionar al gobierno, si dejara pasar la oportunidad de voltear el decreto sobre el que descansa la política económica?

Final abierto

La obligación de aprobar o desaprobar el DNU por parte de las Cámaras se da justo cuando el gobierno está a punto de conseguir que se vote la ley ómnibus en Diputados. De ocurrir esto, como quiere Milei, este fin de semana, si la ley obtiene media sanción, el único contragolpe que tendría la oposición sería intentar derogar el DNU. ¿Podrá el oficialismo bloquear el tratamiento del decreto? Formalmente parece imposible y los libertarios deberían arriesgarse a perder la votación.

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