Por Carlos Tórtora.-

La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió revisar el fallo de Casación, que permitió la prisión domiciliaria de cientos de detenidos motivada en el riesgo de que contraigan el Covid-19 en las atestadas cárceles provinciales. Suspendió, en tanto, las excarcelaciones masivas pendientes de ejecución a partir del hábeas corpus colectivo que había admitido, el 8 de abril pasado, el máximo tribunal penal del territorio. En el mismo se contemplaban una serie de morigeraciones de penas, entre ellos las detenciones domiciliarias. Aunque el número del listado presentado por los Defensores Oficiales resultó de certeza difusa, hubo un conteo de más de 500 casos de excarcelaciones comprobadas por situaciones de riesgo. El registro total es de 2.200 y en la nómina ingresan otro tipo de morigeraciones, libertades condicionales, entre otras.

Ahora, el más alto tribunal provincial quiere escuchar a los actores: le pidió su opinión al Procurador General, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales; y al defensor ante Casación, Mario Luis Coriolano, que representa a las 19 defensorías generales que pidieron el hábeas corpus al que hizo lugar el juez del Tribunal de Casación, Víctor Violini, en un fallo dictado el 9 de abril pasado que quedó en el ojo de la tormenta.

Los dictámenes de Conte Grand y Corigliano, más los antecedentes del expediente, servirán a los jueces de la Corte Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres para definir los lineamientos de su resolución.

Se espera que el fallo sirva para unificar un criterio claro para los jueces que tienen a su cargo personas detenidas y que piden morigeraciones o libertades en medio de la pandemia por el coronavirus. Aunque no hay plazos para esa resolución, se espera que la Corte bonaerense se pronuncie en los próximos días, teniendo en cuenta el impacto social que generó el tema y la necesidad de esclarecer el escenario para los magistrados que deben resolver estos planteos.

A todo esto, con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del Observatorio de las Víctimas de Delitos, se presentó ante el Consejo de la Magistratura bonaerense un pedido de juicio político contra la jueza María Inés Piñeiro Bertot, a cargo del Tribunal en lo Criminal de San Martín, a quien se la acusó de haber incurrido en faltas graves, violación de los deberes inherentes a su cargo y comisión de severas irregularidades al beneficiar con la prisión domiciliaria a un peligroso abusador de menores.

Instancia suprema

Tal como van las cosas, lo más probable es que la Suprema Corte de Buenos Aires se pronuncie contra las excarcelaciones masivas y hasta podría dejar sin efecto el habeas corpus que les hizo lugar. De ser así, los presentantes del habeas corpus podrían presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, único tribunal superior a la Corte bonaerense. El máximo tribunal tendría entonces la última palabra para definir las excarcelaciones y, dada la urgencia de la cuestión, estaría en este caso sumamente presionado para expedirse con rapidez. Las últimas encuestas muestran que las excarcelaciones masivas afectaron la imagen de Alberto Fernández y que, como suele ocurrir, la gente responsabilizó al gobierno por decisiones judiciales. La Corte Suprema podría entonces -en términos políticos- tener en sus manos la oportunidad de fortalecer al gobierno.

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