Por Guillermo Cherashny.-

Es un hecho que finalmente Claudio Bonadío continuará tramitando la causa Hotesur. Sin embargo, existe un pedido de pronto despacho de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia que tiene jurisdicción en Río Gallegos. Allí Lázaro Báez presentó una autodenuncia y una jueza subrogante se excusó diciendo que ese objeto procesal debería discutirse en el juzgado penal económico de Javier López Biscayart en Capital Federal. Apelada esta resolución, pasó el expediente a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, interviniendo el destacado abogado Pablo Medrano (que trabajó para Alfredo Yabrán) para que Bonadío se expida en pronto despacho sobre esta solicitud. No se sabe cuándo debe contestar este último, que todavía no habría sido notificado por la Casación de su confirmación en la causa por los jueces Luis Cabral y Gustavo Hornos. Como será respaldado por sus superiores, Bonadío rechazaría el pedido de remitir el expediente al sur.

El nuevo juego

Cabe recordar que Báez tiene -además de la que sigue López Biscayart- otra causa radicada en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello por lavado de dinero. En caso de que Bonadío se niegue al traslado de la causa, la misma pasaría a la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes ya confirmaron a aquél y por eso es dable suponer que también rechazarán el pedido. Luego, el expediente iría a Casación, donde Hornos y Cabral ratificarían la negativa. El objetivo del cristinismo es llevar la causa a Comodoro Rivadavia, para que la envíen luego al juzgado federal de Río Gallegos y que las apelaciones que puedan existir se hagan ante los flamantes tribunales de Comandante Piedrabuena, una ciudad pequeña de Santa Cruz. La constitución de esta Cámara fue convalidada por el Consejo de la Magistratura pero no puede funcionar hasta que la Corte Suprema lo autorice. Y como las cosas están muy mal entre Lorenzetti y el cristinismo, es difícil que la autorice hasta después del 10 de diciembre. En este juego de presiones entre la justicia y el gobierno se habla como pieza de canje de una demora en la implementación de la reforma procesal penal y del proyecto de control de constitucionalidad por el Ministerio Público. La Casa Rosada podría frenar entonces el tratamiento de estos temas a cambio de que entren en funcionamiento rápidamente los tribunales de Comandante Piedrabuena.

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