Por Carlos Tórtora.-

El duelo entre CFK y la Corte Suprema va adoptando nuevos matices a medida que al gobierno se le achican los tiempos y que se acerca la hora de las urnas. La desestimación final de la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento contra CFK por el caso AMIA, por parte del fiscal Javier de Luca, fue respondida indirectamente por los camaristas de Casación Luis María Cabral y Gustavo Hornos al confirmar al juez federal Claudio Bonadío en la causa Hotesur. Y la Corte también replicó declarando la nulidad de la lista de conjueces designados por el Poder Ejecutivo para integrar el máximo tribunal (Decreto 856/14), por no contar con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, como exige la Constitución. A todo esto, hechos circunstanciales estarían haciendo que el control de Ricardo Lorenzetti sobre la Corte Suprema aumente cada vez más. En este caso, se trata de que otro de los ministros del alto tribunal, Juan Carlos Maqueda, estaría sufriendo un serio problema cardíaco. Esta situación se sumaría a los conocidos problemas de salud de Elena Highton de Nolasco y a la cada vez más escasa presencia de Carlos Fayt en su despacho, debido a su avanzada edad. En otras palabras, que Lorenzetti sería -hoy por hoy- el único ministro de la Corte con plena capacidad de trabajo. En Olivos van y vienen las opiniones encontradas acerca de impulsar o no una ley ampliando el número de miembros del tribunal a 7 o 9. En caso de jugar a fondo para intentar formar una nueva mayoría adicta que neutralice a Lorenzetti, el gobierno se arriesgaría a que la relativa pax judicial de los últimos días se convierta en una batalla campal en las próximas semanas. Semejante panorama sólo podría perjudicar a un candidato a presidente, Daniel Scioli, beneficiando en cambio a Mauricio Macri y Daniel Massa. Ante las dificultades para reunir los dos tercios necesarios para avalar la designación de Roberto Carlés en la Corte Suprema, finalmente el kirchnerismo decidió bajar la sesión prevista para el miércoles de la semana pasada, pero anticipó que no retirará el pliego.

La sospecha en la plana mayor del cristinismo es que Lorenzetti tiene más comunicación con Macri de la que parece y, que, mientras al kirchnerismo el paso del tiempo le juega en contra, se van tejiendo armados para la era poscristina. El voto del camarista de Casación Gustavo Hornos a favor de la continuidad de Bonadío en la causa Hotesur confirmó algunas presunciones de que éste se prepara para suceder a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó en caso de que Macri llegue a presidente. Este último también estaría pensando en que, dadas las circunstancias, sería conveniente que varios jueces federales identificados con la era K sean enjuiciados y removidos por el Consejo de la Magistratura en el 2016. El símbolo de este corte con el pasado sería Norberto Oyarbide. Macri tendría una particular enquina contra él porque le hizo la vida difícil cuando lo procesó por la causa de las escuchas ilegales, de la cual sería sobreseído a la brevedad por la Cámara de Apelaciones.

Volviendo a Lorenzetti, su actual entramado político apuntaría a distanciarse cada vez más del gobierno desde ahora hasta diciembre, y quedar habilitado así para continuar como presidente de la Corte y ser el armador de su futura integración en caso de que Macri sea presidente.

Riesgo para Casanello

Otro frente de tormenta en la justicia federal puede terminar involucrando a uno de los principales alfiles judiciales del gobierno, Sebastián Casanello. Ocurre que días atrás, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah respaldaron el fallo dictado en diciembre pasado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien procesó al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y a su segundo, Gabriel Orsi, por el delito de prevaricato (que se castiga con multa e inhabilitación de hasta seis años) y embargó sus bienes por la suma de 75.000 pesos. La causa del procesamiento sería no haber incluido al empresario Lázaro Báez en el dictamen que comenzó a investigar la «ruta del dinero K». Ocurre que ahora estaría en estudio a nivel de la Cámara de Apelaciones una imputación similar contra Casanello, juez de la causa Báez, que evitó largamente citar a éste y sólo lo hizo obligado porque se lo ordenaron los camaristas.

Un ataque a Casanello demostraría que el kirchnerismo tiende a perder espacio rápidamente en Comodoro Py. En círculos de La Cámpora se comenta que Casanello estaría reclamando que el gobierno le retribuya los servicios prestados designándolo camarista antes de diciembre. Por último, el defensor de Diego Lagomarsino en la causa en la que se investiga la muerte de Alberto Nisman, Maximiliano Rusconi, también tiene su actuación en este caso cuestionada por diversas razones. Recientemente la ex de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, reconoció que Rusconi le había ofrecido sus servicios para ser el abogado de la querella, pero inmediatamente apareció como defensor del principal sospechoso, Lagomarsino. Y todo esto mientras se encuentra ternado para ser camarista de Casación. No hace falta hilar demasiado para deducir que Rusconi estaría actuando como operador de la Casa Rosada.

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