Por Carlos Tórtora.-

Ante la eliminación por decreto del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, Axel Kicillof respondió ayer con un discurso que definió dos acciones. La judicial es la presentación ante la Corte Suprema reclamando la devolución de los fondos y la política -enunciada en forma indirecta- consiste en la derogación por el Congreso del mega DNU 70/2023, que habilita entre otros muchos temas al recorte de los fondos destinados a las provincias. Si las provincias consiguen organizar la mayoría necesaria en ambas cámaras para derogar el DNU, el gobierno nacional se quedaría sin su principal reforma normativa y en la práctica sería como si retrocediera al 10 de diciembre del 2023. Javier Milei es plenamente consciente del riesgo y días atrás comentó que la oposición no se animaba a derogar el DNU.

A todo esto, la situación del decreto en cuestión en el Congreso no está del todo clara. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debería dictaminar sobre el tema se constituyó y reunió la semana pasada. Pero la realidad es que su plazo para dictaminar y remitir su pronunciamiento a las cámaras venció el 19 de este mes. A partir de entonces, la aprobación o desaprobación del DNU debe tratarse en el recinto, que es lo que el bloque de senadores de UxP le está reclamando a Victoria Villarruel reiteradamente.

Todo para peor

Un acuerdo entre la mayoría de los gobernadores, lo que tratarían en la reunión de hoy, sería suficiente como para que las cámaras deroguen un decreto que tiene ya más de dos meses de vigencia.

La caída del DNU no les solucionaría a los gobernadores el recorte de fondos, que podría continuar con nuevos DNU que a su vez el Congreso podría derogar. Se trataría sí de un golpe lo suficientemente fuerte como para obligar a Milei a negociar. Pero en este caso bien puede ocurrir lo contrario, porque el presidente parece decidido a manejarse con las reglas de la antipolítica.

El enfrentamiento de la Casa Rosada con los gobernadores es de tal magnitud que parece posponer la crisis con el sindicalismo. Y desde ya que regula las tensiones en el Congreso.

Como el gobierno está reafirmando su voluntad de no negociar, sólo cabe esperar un agravamiento del conflicto. Y por supuesto con final abierto.

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