Por Carlos Tórtora.-

Días atrás, la futura canciller Diana Mondino fue consultada acerca de los problemas que enfrentaría el futuro gobierno por encontrarse en minoría en las dos cámaras del Congreso. Sin demasiadas vueltas, Mondino señaló que, si el Congreso traba los proyectos de ley del Poder Ejecutivo, éste podría verse obligado a gobernar por decreto. Esta afirmación encierra toda una problemática referida a qué ocurre con el contralor de los DNU por parte del Congreso.

La ley 26122 fija el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El primer problema que deberá enfrentar el nuevo gobierno es el que surge del artículo 3 de la ley en cuestión. El mismo establece que la Comisión Permanente estará integrada por 8 senadores y 8 diputados designados por los presidentes de cada Cámara, respetando la proporción de las representaciones políticas. En otras palabras, que la oposición tendrá mayoría en la Comisión Permanente, como reflejo de su mayoría en los recintos. Dice el artículo 8 de la ley que los dictámenes de la Comisión se conforman por mayoría absoluta, que en este caso tendría la oposición. La Comisión tendrá 10 días para expedirse sobre el DNU que remita el jefe de gabinete, prescribe el artículo 19 y el 18 sostiene que, si el Jefe de Gabinete no remite los decretos, la Comisión podrá abocarse de oficio al tratamiento de los mismos. Vencido el plazo del artículo 19 sin que la Comisión se haya expedido, las Cámaras deben abocarse inmediatamente al tratamiento de los decretos directamente.

Es necesaria una ley

En síntesis, el sistema legal está organizado de tal modo que preserva el equilibrio de poderes. Los DNU deben ser aprobados por el Congreso y las mayorías en éste son las que tienen la última palabra. Milei, si intenta gobernar por decreto, deberá conseguir que la mayoría opositora apruebe los decretos a través de la Comisión Permanente. Si no lo consigue, los DNU podrían ser desaprobados y no tener vigencia.

O sea que gobernar por decreto, como amenaza Mondino, sería viable sólo si el Poder Ejecutivo cuenta con el apoyo del Congreso y lo que se quiere evitar es un largo y desgastante debate de los proyectos con resultados inesperados. En caso contrario, la solución pasa por acordar con la oposición. La magnitud del ajuste y la reforma del estado que preparan los libertarios no puede resolverse por DNU y es difícil que así prospere.

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