Por Carlos Tórtora.-

La respuesta a la media sanción de la ley ómnibus en Diputados sería la convocatoria a un paro general de 24 horas con movilización. La medida de fuerza, que decidiría la CGT esta semana, está enmarcada en un contexto distinto al anterior paro. La cúpula de la CGT se sentiría más segura ahora en sus movimientos porque la Cámara Nacional del Trabajo le otorgó el amparo contra el capítulo cuarto del DNU 70/23, o sea la reforma laboral. Pero ahora se acercan las definiciones mayores. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia deslizan que el tribunal podría en los próximos días ponerse a analizar la declaración de certeza contra el mega DNU presentada por el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela. Como es sabido, la Corte preferiría no pronunciarse y que sea la política la que resuelva el tema. En la vereda de la CGT ya empieza a discutirse mientras tanto si no se debe presionar desde ahora a la Corte.

Más crisis

Un segundo paro contra la ley ómnibus y el DNU significaría un fuerte deterioro para la política económica del gobierno y una fuerte señal en contra de la reactivación de la economía. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la tensa relación entre la Casa Rosada y los gobernadores, que reclaman la coparticipación del impuesto PAIS. Javier Milei no va a ceder y así es que la ley ómnibus llegaría al Senado en el marco del no acuerdo con las provincias.

Aunque la vidriera política es la ley ómnibus, hoy por hoy la definición de la suerte del DNU es tal vez más importante. Victoria Villarruel, sin argumentos válidos, se niega a convocar a una sesión especial para tratar el mega DNU y los ánimos se caldean. Durante toda esta semana y en función de la gira internacional del presidente, Villarruel se excusaría en esto para seguir sin conceder el reclamo del bloque peronista. Todo indicaría que la situación va a agravarse.

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