Por Guillermo Cherashny.-

La semana pasada, Eduardo Feinmann informó que tabacalera Sarandí, cuyo propietario es Pablo Otero, hacía aportes a la campaña de Patricia Bullrich, lo cual no es noticia sino por los calificativos del reconocido periodista que vinculaba al empresario a prácticas destinadas a eliminar todo tipo de competencia en el mercado de cigarrillos de bajo precio que maneja él, que significa el 35% de las ventas totales porque el 65% está en manos de Nobleza y Philip Morris, los grandes jugadores mundiales. En el cono sur, este producto es muy observado por el gobierno de Estados Unidos, porque en el Paraguay acusan al expresidente Cartes de falsificar en gran escala los cigarrillos Marlboro de Philip Morris, la marca estrella, lo que motivó que le quitaran la visa para ingresar a ese país, bajo la acusación de prácticas corruptas. En el caso de nuestro país, no hablamos de falsificar sino de fabricar cigarrillos de bajo costo con la ventaja de no pagar el Impuesto Mínimo, que se destina al fondo del tabaco para asistir a los pequeños productores. La corte suprema de justicia en 2021 obligó a las tabacaleras Sarandí y Espert S.A. a pagar el impuesto mínimo pero ambas recurrieron a la justicia contencioso-administrativa para no pagar ese tributo y plantearon su inconstitucionalidad ante la Afip ante la corte pero obtuvieron las cautelares de la justicia rosarina y capitalina, por lo cual este año el ente recaudador perdió 23.000 millones pesos. Cabe recordar que Espert S.A. es propiedad de Carlos Tomeo, un empresario acusado en su momento por Carrió y que fue allanado y le encontraron 200.000 dólares en su casa del Country Abril y declaró que era millonario fabricando cigarrillos de bajo costo y finalmente esa denuncia quedó en la nada. Está claro que fabricar cigarrillos de bajo costo en forma concentrada y favorecido por la justicia contencioso-administrativa es un gran negocio en la Argentina que permite ganar mucho dinero. Al día siguiente, el canal de noticias no siguió con el tema y no se entiende que se quiera vincular a la candidata presidencial con maniobras elusivas ante la Afip. Feinmann comparó a Pablo Otero con un empresario de moda en los noventa que tuvo prácticas reñidas con la ley y amparado por la justicia convencional que terminó muy mal.

Share