Por Antonio Rossi.-

Para algunos se trató de una jugada de mal gusto originada en la disputa electoral interna que se avecina por la normalización del gremio. Para otros, en cambio, fue una movida surgida del sector ultra K orientada a embarrar la situación judicial y calentar el clima político.

Se trata de una falsa denuncia ingresada la semana pasada en el Concejo de la Magistratura en la cual se le imputaba al juez federal, Rodolfo Canicoba Corral los delitos de “cohecho y enriquecimiento ilícito” por un supuesto acuerdo económico y político destinado a favorecer al ex líder del SOMU, Omar “Caballo Suárez.

Tras enterarse de la presentación de esa falsa denuncia, las personas que aparecieron como denunciantes Alejandro Giorgi, Luis Clemente, Jorge Vargas y Rubén Moreira salieron rápidamente a negar cualquier participación en la elaboración del escrito y advirtieron que las firmas que figuran al pie como propias fueron adulteradas.

Además, Giorgi -el titular de la agrupación “Juan Ocampo” que había denunciado a Suárez por irregularidades y maniobras fraudulentas en el SOMU- destacó que la denuncia apócrifa contiene otro dato más que llamativo. El letrado Gregorio Jorge Pérez que aparece como patrocinante difícilmente podría haber firmado la presentación porque falleció a mediados del año pasado.

La falsa denuncia en juego apuntaba directamente contra el juez Canicoba Corral que llevó adelante la causa que derivó en el procesamiento y detención del “Caballo” Suárez.

El escrito hacía referencia a que “Suárez y el juez han pactado la impunidad y el recupero del gremio en 2017 por el pago de una coima de más de un millón de dólares pagados por el abogado Jorge Amor a Canicoba en efectivo delante de los testigos Juan Medina y Alfredo José Barrientos en diciembre de 2015”.

Ese dinero -según la denuncia apócrifa- “fue depositado en Uruguay por la mujer del juez Ana María Viviana Tejada en una cuenta conjunta con María Yamila Tejada y fue blanqueado en la compra de lotes para la sociedad panameña Leyra Co. Ltda. en Pueblo Nuevo, Maldonado, a la firma Solycor SA de Uruguay, falsa propietaria de las casas del juez en Vicente López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La presentación consignó también que “los delitos son cohecho y enriquecimiento ilícito del juez para favorecer al imputado Suárez y permitirle recuperar la libertad y el gremio en 2017 con acuerdo de Luis Barrionuevo, Mangone (Oscar) y Lingiere (José Luis) como garantes”.

La falsa denuncia había logrado ingresar a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura pocas horas antes de que la Cámara Federal confirmara el último viernes el procesamiento de Suárez como jefe de una asociación ilícita integrada por otras nueve personas que desde el gremio cometieron distintas clases de delitos.

La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, quienes ratificaron la prisión preventiva para el ex titular del SOMU que deberá seguir detenido en la cárcel federal de Marcos Paz.

Los miembros del tribunal dieron por probado que Suárez cometió en tres ocasiones los delitos de asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulenta en perjuicio del SOMU y de la Obra Social del Personal Marítimo.

El «Caballo» está detenido desde septiembre del año pasado cuando fue procesado por asociación ilícita. En ese momento, ya tenía un procesamiento previo por entorpecimiento de la navegación de buques al impedir el ingreso de barcos al puerto.

Por otro lado, Suárez también está siendo investigado por presunto lavado de dinero de los fondos obtenidos por medidas extorsivas que luego habrían sido canalizados por medio de empresas controladas por su entorno.

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