Por Carlos Tórtora.-

El gobierno se mueve con un doble mensaje en relación a la ley ómnibus. Por un lado, JM insiste en que no se va a negociar nada y, por el otro, varios de los funcionarios del Ejecutivo que concurrieron a exponer dijeron lo contrario.

Lo que va quedando en claro de la reunión de comisiones de ayer y anteayer es que es impensable que el proyecto se apruebe en Diputados y en el Senado antes del 31 de enero, que es cuando finalizan las sesiones extraordinarias. A esta altura, son pocos los que creen que el presidente se ahorrará la derrota de tener que llamar a una prórroga de las extraordinarias, en este caso hasta el 28 de febrero. El ánimo preponderante en Diputados se encamina en este sentido y no son pocos los que están deseosos de que la Casa Rosada pague por las expresiones de Milei acerca de que hay diputados que quieren demorar la ley para coimear. A esta altura existe también el riesgo de que, mediante numerosas correcciones de los diputados, la ley termine desguazada de tal modo que pierda buena parte de su contenido.

La carrera contra el calendario

Hay un factor que acelera la impaciencia del gobierno y son las encuestas. El descenso de la imagen positiva presidencial y de la gestión de gobierno es marcado y excede las previsiones más pesimistas. La única alternativa de Milei para revertir esta tendencia es que la aplicación de la ley ómnibus, más el mega DNU, produzca en la calle algunos efectos favorables inmediatos. Una larga contienda en el Congreso para sancionar la ley condenaría a los libertarios a sufrir el desgaste causado por el malestar social, con probables episodios explosivos.

Con un eufemismo, Guillermo Francos definió esta situación diciendo que sin la ley no entrará un peso.

En este aspecto, en las filas de los diputados peronistas, por ejemplo, impera la convicción de que la ley ómnibus no produciría grandes efectos positivos en lo inmediato y que apoyarla sería un suicidio político.

Todos los actores tienen un ojo puesto en lo que sucede con el mega DNU, por su posible paralelismo con la ley ómnibus. Si esta última se sanciona y luego se convierte en el centro de una interminable contienda judicial, la decisión volvería a recaer en la Corte Suprema. Ésta pasaría a ser la que decide acerca de la aplicación de toda la política económica. Y hasta tanto no se expida, los mercados permanecerán a la expectativa.

Share