Por Carlos Tórtora.-

La respuesta de Javier Milei a la supuesta traición de los gobernadores que dio por tierra con la ley ómnibus no se hizo esperar. La eliminación de los subsidios al transporte y la no transferencia del Fondo de Incentivo Docente se sintieron fuerte en el interior y las consecuencias sociales están por verse.

Lo que necesita una interpretación es si el ataque presidencial es solamente una venganza o si hay algo más. O más concretamente, si Milei se está defendiendo o atacando. Una primera lectura indicaría que el presidente pasó a la ofensiva pero la compleja situación en el Congreso apunta a otra cosa.

El bloque de senadores peronistas tiene acorralada a Victoria Villarruel con pedidos semanales para tratar el mega DNU en el recinto y las dilaciones de ella llegarían a su fin en marzo con el inicio de las sesiones ordinarias. Si el Senado rechaza el DNU, Diputados entraría en ebullición, porque tendría la última palabra para su derogación. La magnitud de este desastre para el gobierno sería superior a la caída de la ley ómnibus porque, entre otras cosas, el DNU ya tiene un mes y medio de vigencia.

En este contexto, si muchos de los gobernadores peronistas impulsaran el rechazo legislativo del DNU, la situación podría agravarse para el gobierno.

El recomienzo de una negociación

El fuerte ataque de Milei a los mandatarios provinciales podría tener como objetivo disuadirlos de que impulsen la derogación del DNU. En otras palabras, una maniobra defensiva encubierta de ofensiva.

A la vuelta de su gira, es probable que Milei envíe operadores propios para sondear si los gobernadores están más predispuestos a doblegarse ante el gobierno. Un grupo de los mismos, con el riojano Ricardo Quintela a la cabeza, estarían dispuestos a seguir dando batalla. Pero las provincias grandes, empezando por Santa Fe y Córdoba, estarían necesitando con urgencia una negociación.

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