Por Carlos Tórtora.-

La resolución del juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre, ordenando al gobierno nacional el cese de la retención de fondos a Chubut, puso en marcha el inmediato camino del tema hacia la Corte Suprema de Justicia. Si el gobierno nacional opta por pedir un per saltum y la Corte lo acepta, el expediente llegaría a esta instancia rápidamente.

Pero no hay que olvidar que Axel Kicillof ya anunció que presentará ante la Corte el reclamo contra el recorte de fondos aplicado por la Casa Rosada. Es decir que el alto tribunal tendría a la brevedad cuando menos dos causas decisivas para la política económica del gobierno. Pero esto no sería todo, porque habría otras provincias que recurrirían a la Corte por similares cuestiones.

No hay que olvidar que el tribunal tiene pendiente de tratamiento la acción declarativa de certeza contra el DNU 70/2023 que presentará el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela.

El marco político de ambos temas es muy distinto. Con respecto al mega DNU es lógico que la Corte quiera esperar a que se defina el Congreso, siendo como es inminente su tratamiento por parte del Senado. No ocurre lo mismo con el conflicto con las provincias, ya que no existe en el mismo más instancias que la judicial o el un acuerdo político que significaría poco menos que una rendición para Javier Milei.

La hora de depender

Para el presidente, se acerca la hora en la que deberá depender de lo que decida el máximo tribunal. En este futuro juego de alternativas, pesará y mucho si el Congreso rechaza el mega DNU. Si ello ocurre, el gobierno quedaría jaqueado y a la defensiva. Una posición vulnerable que favorecería un pronunciamiento de la Corte a favor de las provincias. A favor del gobierno pesa el argumento de que a aquella realmente le costaría hacerse cargo de dejar a Milei al borde del jaque mate, porque esto la haría ser responsable del eventual derrumbe del gobierno. Olfateando tal vez todo esto, Milei se cuidó al extremo de decir o hacer nada que irrite a los ministros de la Corte. El fallo de ésta a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación le da optimismo al gobierno, porque es un antecedente contra las provincias.

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