Por Carlos Tórtora.-

Alberto Fernández sorprendió con su anuncio del próximo envío al Congreso de un proyecto de ley. Dijo “en los próximos días enviaré un proyecto de ley para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. A esta iniciativa se la relaciona en el gobierno con el modelo alemán de legislación sobre la pandemia. Los límites para esta ley los marca la Constitución Nacional, que prohíbe que el Congreso delegue en el Ejecutivo facultades que sean propias de las provincias. Es decir que la regulación de las clases le seguiría correspondiendo al Gobierno de la Ciudad. La Casa Rosada tiene en cuenta que a la Corte ya le resulta difícil fallar sobre la inconstitucionalidad del DNU 241/2021 desde el momento que éste ya no tiene vigencia y es sustituido por un nuevo decreto. Más allá de que la cuenta de los votos puede resultarle difícil al oficialismo en Diputados, lo que es obvio es que el presidente apunta a que el Congreso asuma la corresponsabilidad de las medidas que toma el poder ejecutivo.

Brasil, un paso adelante

El contexto regional parece darnos una respuesta sobre los motivos de Alberto para buscar ahora una ley.

Jair Bolsonaro enfrenta una compleja investigación parlamentaria que busca determinar la responsabilidad de su gobierno en la catástrofe sanitaria que vive Brasil como uno de los centros de la pandemia global del coronavirus.

La puesta en funcionamiento de la Comisión Parlamentaria de Investigación fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia y eligió esta semana las personas que la van a llevar adelante en el Senado.

La CPI de Covid es el instrumento democrático para conocer las responsabilidades y errores que llevaron a Brasil a tener 400.000 muertos. De más está decir que el oficialismo teme que esta investigación derive en un pedido de juicio político a Bolsonaro.

En la Argentina, ya el kirchnerismo le ofreció a Juntos por el Cambio formar una comisión de seguimiento -no de investigación- de la pandemia.

El fracaso de la política de vacunación sería base suficiente como para una investigación legislativa y la responsabilidad cae exclusivamente sobre el presidente y sus ministros de salud Ginés González García y Carla Vizzotti. Obviamente, la actitud de Bolsonaro ante la pandemia es opuesta a la de AF. Pero los puntos oscuros son unos cuantos. Está la fallida negociación con Pfizer, el incumplimiento de AstraZeneca, el acuerdo con COVAX por una cantidad de vacunas muy inferior a la ofrecida, el enigma de los precios pagados, etc.

El fantasma de un juicio político sería entonces determinante para que AF busque la coparticipación del Congreso.

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