Picada de noticias

Por Hernán Andrés Kruse.-

Carlos Saúl Menem

Luego de estar varias semanas internado, falleció a los 90 años el ex presidente Carlos Saúl Menem. Política de una vasta trayectoria alcanzó el estrellato el 14 de mayo de 1989 al vencer en las elecciones presidenciales a Eduardo Angeloz, candidato radical. El caótico final de Raúl Alfonsín le permitió al riojano llegar a la Casa Rosada. Puede afirmarse que Menem llegó a ser presidente gracias a la hiperinflación que se desató en las postrimerías del gobierno de su antecesor.

Durante las semanas previas al comicio todos sabíamos cuál sería el veredicto de las urnas. Fue, parafraseando a García Márquez, la crónica de una victoria anunciada. El 31 de marzo de 1989 Alfonsín tomó una medida desesperada. Reemplazó a Juan vital Sourrouille por el veterano y experimentado Juan Carlos Pugliese en el ministerio de Economía. Creyó que con el arribo a Economía de un político de fuste lograría frenar la escalada inflacionaria. Lamentablemente, sucedió todo lo contrario. En cuestión de días la inflación pasó a ser hiperinflación, lo que obligó a Pugliese a formular una frase que quedó en la historia: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Aludía a los megaempresarios a quienes Alfonsín consideraba responsables del desastre. Poco tiempo después Pugliese fue reemplazado por Jesús Rodríguez, por entonces cuadro de referencia de la Junta Coordinadora. Pero ya era tarde. Los precios se habían enloquecido y los supermercados comenzaron a ser víctimas de saqueos perfectamente organizados.

En ese ambiente tuvieron lugar las elecciones presidenciales. El candidato del oficialismo fue el gobernador de Córdoba Eduardo César Angeloz. Exponente del ala balbinista Angeloz poco tenía que ver con el progresismo del alfonsinismo. Por el contrario, estaba mucho más cerca de la ortodoxia económica, es decir, del neoliberalismo. El contrincante peronista era Carlos Saúl Menem, quien le había ganado una recordada interna celebrada en 1988 al gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero. Menem, quien en ese momento provocaba escalofríos a amplias capas de la sociedad, era el emblema del clásico caudillismo provinciano, populista y autocrático. Durante su campaña prometió la revolución productiva y el salariazo. Décadas más tarde reconoció que si decía en ese momento lo que pensaba hacer si era elegido presidente hubiera perdido con holgura.

El 14 de mayo Menem obtuvo un claro y contundente triunfo. Según lo estipulado por la constitución debía asumir el 10 de diciembre. Dada la seriedad de la crisis imperante Alfonsín se vio obligado a entregar anticipadamente el poder a su sucesor, ceremonia que tuvo lugar el 8 de julio. En ese momento la inflación rondaba el 200% mensual. ¡El 200% mensual! El mismo día de su asunción Menem demostró que su pragmatismo era ilimitado. Durante gran parte de la ceremonia estuvo acompañado por María Julia Alsogaray, hija del célebre ingeniero que durante la campaña electoral había despotricado contra el riojano. Fue, qué duda cabe, una de las traiciones más célebres de la Argentina contemporánea. Y por partida doble. En efecto, Menem traicionó a los peronistas aliándose con los Alsogaray y éstos hicieron lo mismo con los liberales al aliarse con el riojano.

Lo primero que hizo Menem fue tomar drásticas decisiones que pusieron en evidencia su voluntad de arriar las históricas banderas del justicialismo. En materia económica puso en práctica un drástico plan de privatizaciones de las empresas estatales, en sintonía con lo que sucedía en los Estados Unidos de Ronald Reagan y la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. La historia demostró que se trató del saqueo más impresionante a las arcas del Estado de la historia argentina. Fue la más acaba demostración del capitalismo de amigos, de la espuria connivencia entre el poder político y el poder económico concentrado. Para completar la obra decidió aumentar el número de miembros de la Corte con el evidente objetivo de tener a la Justicia de su lado. Sin embargo, la inflación seguía vivita y coleando. Su alianza con la multinacional Bunge y Born-sus primeros dos ministros de Economía eran ejecutivos del gigante-fracasó cuando expiraba 1989. El cargo de ministro de Economía fue ocupado por un dilecto amigo del presidente, Antonio Erman González. La inflación ni se dio por enterada ya que durante todo 1990 continuó destrozando el bolsillo de los argentinos. Finalmente, en marzo de 1991, de nuevo con hiperinflación, Menem designó ministro de Economía a su canciller Domingo Felipe Cavallo. Con el apoyo incondicional del presidente Cavallo impuso el plan de convertibilidad, la inolvidable paridad entre el austral y el dólar. En ese momento un dólar valía 10.000 australes. Un año más tarde, a raíz del cambio del signo monetario, el flamante peso valía lo mismo que la divisa norteamericana.

El plan tuvo éxito aunque el tiempo demostró que se trataba de una mera ilusión. En efecto, la paridad logró calmar a la inflación. A tal punto fue así que la domesticación de la fiera le permitió a Menem ganar sucesivamente las elecciones de 1991, 1993 y 1995 (la reelección). Pero el precio que pagó el pueblo por legitimar la convertibilidad fue un aumento feroz de la desocupación, lo que trajo aparejado un aumento de la pobreza. En las postrimerías de su segunda presidencia la recesión se transformó en depresión, alimentada por el descalabro económico reinante a nivel internacional. Era una bomba de tiempo que finalmente explotó en diciembre de 2001 cuando el presidente era Fernando de la Rúa. Lo que aconteció en aquellas trágicas jornadas fue consecuencia del plan económico del dúo Menem-Cavallo.

Menem no sólo impuso sin anestesia “la economía popular de mercado”. A nivel internacional dio un giro de 180 grados a la política exterior que se explica fundamentalmente por los profundos cambios que estaban teniendo lugar en el mundo. Al poco tiempo de la asunción de Menem tuvo lugar un hecho que marcó un punto de inflexión histórica: el derrumbe del Muro de Berlín, el emblema del totalitarismo estalinista. El imperio soviético comenzó a desmoronarse sin remedio hasta que quedó sepultado por el peso de la historia en 1991 con el derrumbe de la URSS. El mundo había cambiado de manera dramática. La guerra fría había dejado su lugar a la hegemonía de la única superpotencia que había quedado en pie: Estados Unidos. Menem no podía darse el lujo de continuar blandiendo las banderas de la tercera posición. Astuto y pragmático decidió alinearse de manera incondicional con el coloso del norte, poner en práctica un estilo de política exterior bautizada por Guido Di Tella como “relaciones carnales”.

Menem también era consciente de que no bastaba con declamar semejante alineamiento. Debía convencer al gobierno de George Bush con hechos concretos. Uno de ellos fue, precisamente, el plan de privatizaciones de las empresas estatales, en sintonía con el Consenso de Washington. El otro fue quizá más importante. En aquella época Saddam Hussein, quien era dueño de Irak, decidió invadir Kuwait. El mundo occidental no le perdonó semejante osadía. Estados Unidos y sus aliados más importantes de Europa llevaron a cabo la “Tormenta del desierto” para “persuadir” a Hussein que abandonara Kuwait. La guerra, obviamente, fue ganada por Estados y sus aliados. Para demostrar su alineamiento Menem decidió el envío al golfo Pérsico de dos buques de guerra, insignificantes desde el punto de vista material pero relevantes desde el punto de vista simbólico. A partir de entonces Menem se ganó la confianza de Bush, a tal punto que llegó a presentarlo como un ejemplo para muchos presidentes de la tierra.

Lamentablemente, el precio que pagó por semejante alineamiento fue altísimo. Para el mundo árabe la decisión de Menem fue considerada una traición imperdonable. ¿Tuvo algo que ver dicho alineamiento con las tragedias que tuvieron lugar en la Argentina a posteriori? Hago referencia a la voladura de la embajada de Israel en marzo de 1992, a la voladura de la AMIA en julio de 1994 y al asesinato de Carlos Menem Jr. en marzo de 1995. Es probable, aunque todavía no hay certezas al respecto. Hasta ahora lo real y concreto es que la teocracia iraní fue la autora intelectual del atentado a la AMIA y que hay varios iraníes acusados de haber cometido el atentado.

Menem aprovechó el éxito de la convertibilidad para obtener la reforma constitucional que le abriera las puertas a la reelección. En noviembre de 1993 Menem y Alfonsín sellaron el Pacto de Olivos que en la práctica significó garantizarle al riojano la posibilidad de presentarse en las elecciones de mayo de 1995. En ese momento quedó en evidencia las ambiciones ilimitadas de Menem. Quería, qué duda cabe, eternizarse en el poder. Menem obtuvo la reelección con el 50% de los votos y ese mismo domingo celebró en el histórico programa de Bernardo Neustadt “Tiempo Nuevo”. Era el apogeo del riojano. Tenía el país en sus manos. Todo el mundo le rendía pleitesía. Nadie se atrevía a cuestionarlo.

Fue entonces cuando cometió el peor de los pecados. Inmediatamente después de obtener la reelección comenzó a pensar en la reelección indefinida. Y se olvidó de gobernar. Se peleó feo con su ministro Cavallo, a quien terminó echando en 1996. Mientras tanto la economía empeoraba y Menem no daba señales de reacción. Es probable que en ese momento su ego le haya impedido tener consciencia de lo que sucedía a nivel social y económico. Tampoco se percató de un creciente hartazgo social, no por la economía sino por la corrupción de su gobierno y por su estilo de ejercer el poder, empapado de una frivolidad exasperante. En octubre de 1997 tuvieron lugar las elecciones parciales que determinaron la victoria de la naciente Alianza que llegaría a la Rosada dos años más tarde. Vislumbró la posibilidad de volver a ser presidente luego de la caída de De la Rúa, pero Duhalde se lo impidió al poner en práctica una sublime jugada de ajedrez. Su decisión de no competir contra Kirchner en el ballottage de 2003 significó el fin de su carrera política. Su tiempo histórico había pasado.

Carlos Menem marcó a fuego a la Argentina durante más de una década. Marcó a los argentinos y argentinas a sangre y fuego, sin anestesia. Fue un político sumamente perspicaz, intuitivo, hábil, muy conocedor de las debilidades humanas. Su natural simpatía le permitió codearse con el establishment político, económico y del espectáculo. Se permitió jugar al básquet con el gigante González y al fútbol con la selección nacional, Maradona incluido. Pero también fue un político frío, calculador y despiadado. Fue un experto en el arte de dividir a sus enemigos. Destrozó a la Ucedé, dividió al radicalismo y al movimiento obrero. Para los peronistas fue un traidor. Jamás le perdonarán, por ejemplo, su abrazo con el emblema de la Revolución Libertadora, el almirante Rojas. Por su parte, los organismos de derechos humanos jamás le perdonarán los indultos a Videla y compañía a fines de 1990. Su mensaje fue siempre el mismo: “vengo a pacificar a la Argentina”. No lo consiguió. Al final de su segunda presidencia la antinomia entre el menemismo y el antimenemismo era tremenda.

Hoy Carlos Menem dejó este mundo. Su legado sigue vigente, guste o no guste.

El peronismo y la independencia del Poder Judicial

El peronismo nunca vio con buenos ojos la independencia de los jueces. Para el General el Poder Judicial debía ser un engranaje más de la comunidad organizada, es decir, de la sociedad gobernada verticalmente por el líder, es decir, por el propio Juan Domingo Perón. Una de las primeras medidas que adoptó al asumir como presidente el 4 de junio de 1946 fue impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de aquel entonces. El objetivo era por demás evidente: tener una Corte adicta, sumisa, incondicional. Pasó el tiempo y llegó a la Casa Rosada Carlos Menem. Una de sus primeras decisiones fue elevar el número de miembros de la Corte para garantizar su apoyo incondicional. Esa Corte duró hasta la llegada del kirchnerismo al poder en 2003. Néstor Kirchner no anduvo con vueltas: presionó y presionó hasta que logró eliminar de la Corte a la tristemente célebre mayoría automática menemista. La nueva Corte, integrada por juristas de prestigio, lejos estuvo de ser obsecuente del kirchnerismo. Lamentablemente, el fallecimiento de varios de sus integrantes y la renuncia de otros enflaquecieron el prestigio del máximo tribunal de garantías individuales. Macri profundizó ese desprestigio al presionar para que se incorporaran dos juristas de prestigio y muy alejados del kirchnerismo, pese a que uno de ellos había sido ministro de Néstor Kirchner.

Alberto Fernández se encontró, al asumir, con una Corte integrada por miembros que sobrevivieron a varios presidentes y los flamantes jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El presidente jamás ocultó su malestar por el accionar de esta Corte. De ahí su decisión, en plena pandemia, de alentar una reforma judicial que aún está en veremos. Pero quien jamás ocultó su aversión por los supremos es la vicepresidente de la nación, Cristina Kirchner. Está convencida que los supremos vienen liderando desde hace bastante tiempo una persecución judicial en su contra, que es víctima del lawfare propiciado por sus enemigos de Comodoro Py y bendecidos por los supremos. Cree que todas las causas judiciales que la atormentan son un invento de una justicia antikirchnerista que la quiere destruir.

Uno de los voceros fundamentales del kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau, afirmó recientemente que había llegado el momento de remover a los integrantes de la Corte a través de un juicio político ya que son parte, considera, del lawfare contra el kirchnerismo y, además, protegen a Macri y a miembros de su administración. El pasado fin de semana, en una extensa y jugosa entrevista a Página/12, el presidente aseguró: “Como yo soy un republicano de verdad, respeto la autonomía judicial, pero no quiere decir que avale lo que ellos hacen”. Esta afirmación no hace más que enrarecer el clima. Un presidente que respeta la constitución no tiene necesidad de dar a conocer a la opinión pública sus opiniones respecto a las sentencias de los miembros de la Corte. Si se considera republicano no hay razón alguna para que se inmiscuya en el quehacer de un poder independiente.

Teniendo en cuenta los antecedentes del peronismo en esta delicada materia cuesta creer que la vicepresidenta de la nación esté luchando por la independencia de la justicia. Está tan obsesionada con el lawfare, que, es bueno aclararlo, no es una fantasía como proclama la oposición sino una realidad (es una creación doctrinaria norteamericana), que pareciera que lo único que le interesa es no ser juzgada por supuestos actos de corrupción que se habrían cometido durante la época en que estuvo en la Casa Rosada. Si está tan segura de su inocencia no debería dudar un segundo en sentarse en el banquillo de los excusados para probarla. Salvo que, efectivamente, esté condenada de antemano por jueces que la detestan. Si ese es el caso, entonces en la Argentina el estado de derecho brilla por su ausencia.

Rápido de reflejos Sergio Massa se diferenció de los dirigentes del FdT que impulsan juicios políticos para los miembros de la Corte. Si bien reconoció que la labor del Poder Judicial lejos está de ser excelente consideró que plantear el juicio político podría ser considerado por la ciudadanía como un intento del oficialismo para avasallar la independencia del Poder Judicial. “Yo creo”, manifestó, “que el Poder Judicial en su conjunto es el que menos se ha actualizado y el que menos rinde cuentas ante la gente. Olvidemos a los 10 o 12 jueces que conocemos por resonancia; todos los días tenemos noticias de un juez que libera a un delincuente, de un fiscal que no hace su trabajo. Todos los días tenemos noticias de una adopción que demora 5 o 10 años. Todos los días. Entonces tenemos todos que rendir cuentas porque los tres poderes somos servidores públicos y estamos obligados a renovar nuestro compromiso con la sociedad…el juicio político no es un tema que hayamos charlado hasta ahora y no me parece en todo casos que sea para discutirlo livianamente porque es uno de los poderes del Estado” (fuente: declaraciones de Sergio Massa, Infobae, 9/2/021).

Covid-19 e inicio de clases

En pocos días los alumnos de los niveles primario y secundario retornarán a las aulas. Luego de un año de permanecer en sus hogares millones de niños y adolescentes podrán finalmente concurrir a las escuelas y colegios que permanecieron cerrados durante todo el lacerante 2020. Qué duda cabe que se trata de una excelente noticia. La educación, aunque algunos se empecinen en negarlo, es una actividad esencial, como la de los médicos, policías y bomberos, entre otras. La educación es la llave que le permite a las sociedades ingresar al mundo del progreso y desarrollo.

Sin embargo, el ansiado retorno a la escuela choca contra una dura e inflexible realidad. En efecto, el Covid-19, lejos de haber desaparecido, sigue causando estragos en vastas regiones del planeta. La Argentina, lamentablemente, es uno de los tantos países que desde hace un año está a merced de este enemigo invisible y letal. La clase política, los expertos y gran parte de la población creyeron a fin del año pasado que durante el verano el número de contagios y muertos descendería notoriamente. Creyeron que el virus nos daría un respiro a raíz de la calidez del verano. Cometieron un grosero error de cálculo. Desde que comenzó el verano hasta la fecha los contagios y las muertes no han parado de subir. Dentro de pocos días los fallecidos ascenderán a 50 mil, una cifra sencillamente escalofriante. Ahora emerge en toda su magnitud la responsabilidad que le cupo al gobierno nacional al permitir el entierro de Maradona y las marchas a favor y en contra de la legalización del aborto, entre otras manifestaciones populares.

Los números no mienten. Su mensaje es muy claro. Hoy no están dadas las condiciones para el regreso de los estudiantes-y de todos los miembros del sistema educativo- al aula. Nadie discute la relevancia de la educación pero no se debe perder de vista el alto precio que probablemente la sociedad pague si finalmente comienzan las clases presenciales. Ese precio se traducirá en un incremento muy fuerte de los contagios y los fallecimientos. La disyuntiva es, qué duda cabe, dramática. Basta pensar en los subtes abarrotados de personas, muchos de ellos adolescentes que van a la escuela, para que el pánico se apodere de nosotros.

Creo que conviene prestar mucha atención a lo que está sucediendo en el viejo continente. En varios países las autoridades se vieron obligadas a suspender las clases hasta que disminuya el número de contagios y fallecidos. Estamos hablando de países altamente desarrollados que cuentan con sistemas de salud de primer nivel. La Argentina, pese al óptimo nivel de su personal de salud, no posee una infraestructura como la europea. En consecuencia, es altamente probable que más temprano que tarde las autoridades se vean obligadas a suspender las clases por el avance del coronavirus. La pregunta que cabe formular ahora es la siguiente: ¿por qué el gobierno nacional, que siempre apostó por la salud, en esta oportunidad decidió apostar por la educación? Por lo que se rumorea las encuestas que últimamente arribaron a los despachos oficiales son contundentes: la mayoría de la sociedad está a favor del comienzo de las clases presenciales. La conclusión a la que seguramente arribaron los funcionarios es de manual: en un año electoral desconocer la voluntad popular siempre ha sido suicida.

El problema es si en pleno desarrollo de las clases el gobierno se ve obligado a interrrumpirlas. ¿Está preparado para hacerlo de manera eficiente? Y algo que no debe soslayarse: ¿cómo reaccionarían los estudiantes y sus padres ante semejante eventualidad? Porque hay algo que nadie duda: hoy, a casi un año de comenzada la pandemia en Argentina el gobierno liderado por Alberto Fernández perdió toda autoridad para imponer cualquier tipo de restricción a la población. El entierro de Maradona significó, en este sentido, un punto de inflexión. Si el gobierno autorizó que miles y miles de personas se apiñaran para darle el último adiós al astro ¿cómo podrá convencer ahora a la comunidad educativa de que se encierre en sus casas si hay un nuevo brote?

Lo lógico hubiera sido autorizar el comienzo de las clases una vez que estuviera garantizada la inmunidad de rebaño. Como probablemente no se hará efectiva, tal como lo dan a entender varios especialistas, durante 2021, el gobierno decidió jugar con fuego. De ahí su desesperación por contar cuanto antes con las dosis suficientes que le permitan dar comienzo al proceso de vacunación en gran escala. Que esta noche parta un nuevo vuelo de Aerolíneas a Moscú para traer 400 mil dosis de la Sputnik V es una gran noticia. No es un gran número pero antes que nada…

“¿Presidente? Un puesto menor”

La frase que titula esta nota fue dicha por el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, al entonces presidente Carlos Menem, en pleno proceso de privatización de las empresas estatales. En pocas palabras Magnetto expuso su menosprecio por una de las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En su opinión quien se sienta en el sillón de Rivadavia es un mero empleado del poder económico concentrado, es decir, del poder real, de quienes verdaderamente detentan el poder en la Argentina.

Esa frase constituye, en mi opinión, una magistral lección de realismo político. Magnetto le hizo ver a Menem, quien había obtenido una clara victoria en mayo de 1989, que para el poder real la democracia es una cáscara vacía, una puesta en escena que tiene lugar cada dos años casi siempre en algún domingo de octubre. En consecuencia, quien asume la presidencia debe ser consciente de cuáles son las reglas de juego que bien pueden sintetizarse en la siguiente: la estabilidad del presidente de turno queda garantizada sólo si gobierna teniendo en cuenta exclusivamente los intereses del poder real. El presidente debe tener perfectamente en claro que es el titular del Poder Ejecutivo por voluntad del poder real.

En realidad Carlos Menem no necesitaba el sincericidio de Magnetto para ser consciente de lo que el poder real esperaba de él. La dura caída de Alfonsín había sido aleccionadora para el riojano. Si bien en ningún momento don Raúl atentó contra los intereses del poder real, algunos aspectos de su gobierno, como la orientación de su política exterior, provocaban la ira de los que mandan. Ese estado de ánimo finalmente explotó en la inauguración de la Exposición Rural de agosto de 1988 donde ese predio fue escenario de un furibundo ataque contra la investidura presidencial. Menem aprendió la lección. Político astuto y pragmático, comprendió que si pretendía gobernar en paz durante su mandato y, fundamentalmente, obtener la reelección, debía hacer bien los deberes, debía congraciarse con el poder real. Cumplió con creces. El proceso de privatización de las empresas estatales no fue más que un gigantesco negociado que favoreció a los amigos del poder, a los empleadores del metafísico de Anillaco.

Quien también sufrió en carne propia la advertencia de Magnetto fue Fernando de la Rúa. Víctima de una despiadada lucha entre el grupo devaluador y el grupo dolarizador, De la Rúa renunció a la presidencia el 20 de diciembre de 2001. Su sucesor, Eduardo Duhalde, una figura que siempre fue vista de reojo por el poder real, hizo lo imposible por instalar en la Rosada a un presidente que fuera del agrado de los que mandan. El elegido era Reutemann pero el Lole no aceptó el convite. El destino quiso que el sucesor de Duhalde fuera Néstor Kirchner, quien jamás logró congeniar con el establishment, pese a su innegable pragmatismo.

La gota que rebalsó el vaso fue la decisión de la entonces presidente Cristina Kirchner de elevar las retenciones, lo que provocó una reacción del “campo” que casi termina en un golpe institucional. A partir de entonces el poder real le hizo la cruz al kirchnerismo. Luego de la bendición que significó para los que mandan la presencia de Macri en la Rosada, asumió como presidente Alberto Fernández, un político que siempre enarboló las banderas del diálogo y la buena educación. Sin embargo, durante la campaña electoral prometió que su objetivo fundamental era privilegiar a los que menos tienen, a los excluidos por el macrismo. Como la política argentina ha enseñado hasta el hartazgo, una cosa es prometer y otra cumplir con lo prometido. En las últimas horas Alberto Fernández puso en evidencia que no es más que un discípulo de Carlos Menem. Hace unos días dijo que si el “campo” no terminaba de entender la imperiosa necesidad de que colabore con el gobierno para encauzar su rumbo, se vería obligado a incrementar las retenciones. El malestar que provocaron sus palabras lo obligó a conceder rápidamente una audiencia al “campo” en la Casa de Gobierno. La misma tuvo lugar ayer (10/2) y a su término los medios de prensa destacaron la promesa del presidente de no tocar las retenciones y de respetar la libertad de mercado.

¿Qué sentido tuvo, entonces, la amenaza anterior? ¿Para qué dar la imagen de un presidente dispuesto a todo si finalmente termina cediendo de manera vergonzosa? El presidente pareciera no darse cuenta de que con estas agachadas lo único que conseguirá es que en octubre pierda un buen número de votos del FdT. Porque si cree que agachando la cabeza ante los popes del “campo” logrará conquistar el corazón de los independientes y de algunos votantes de Macri, se equivoca groseramente.

Con los tapones de punta

Quien mejor la definió fue Eugenio R. Zaffaroni: “Hebe es Hebe y es querible”. Se estaba refiriendo a Hebe de Bonafini, la histórica Madre de Plaza de Mayo. Al decir que “Hebe es Hebe” no hacía más que afirmar lo siguiente: “Bonafini es así. Tómela o déjela”. En efecto, la titular de las Madres siempre fue una mujer frontal, directa. Siempre dijo lo que pensaba sin importarle las consecuencias. Para doña Hebe el antagonismo es la esencia de la política. No hay adversarios sino enemigos. Quizás sin proponérselo fue una de las máximas exponentes en la Argentina de la clásica concepción de la política del nazi Carl Schmitt. La política no es más que una lucha a muerte entre dos bandos nítidamente diferenciados. El mágico mundo de la política (George Bourdeau) queda reducido al blanco y al negro. No hay lugar, por ende, para los grises.

Bonafini es desde el fin de la dictadura militar la gran jueza del país. Desde su escala de valores juzga a los demás. También los condena o absuelve. Cree que es portadora de una superioridad moral sobre el resto de los argentinos porque los militares hicieron desaparecer a dos hijos suyos y porque fue una de las pocas mujeres que se atrevió a desafiar al régimen en su apogeo (años 1977 y 1978). Temperamental y dogmática, cree que lo que piensa es una verdad revelada, un dogma intocable. Es por ello que sus seguidores siempre la aclamarán por más que haya dicho la peor de las burradas. Bonafini es, en este sentido, una suerte de pontífice laico.

También dijo Zaffaroni que Hebe es querible. Efectivamente lo es pero para quienes profesan su ideología. Otro sector de la sociedad la odia con furia. Es lógica que ello suceda porque Bonafini despierta amores y odios casi enfermizos. Para quienes la aman Hebe es el emblema de la revolución inconclusa, de la lucha de los “jóvenes idealistas” por un mundo libre de injusticias y cadenas. Para quienes la odian es el emblema de la guerrilla asesina, de los atentados impiadosos, de la muerte y la destrucción.

Hebe admiró a Alfonsín por el juicio a las Juntas. Pero jamás le perdonó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Aborreció a Carlos Menem, De la Rúa y Eduardo Duhalde. Se acercó a Néstor Kirchner luego de que el santacruceño pusiera en práctica una política de derechos humanos que muchos interpretaron como una reivindicación de la subversión. Ese acercamiento se transformó en “amor incondicional” cuando llegó al poder Cristina. A partir de 2007 Hebe pasó a ser uno de los sostenes espirituales fundamentales del kirchnerismo. Entre 2015 y 2019 soportó como pudo a Macri. Y ahora lo soporta a Alberto Fernández por una simple y contundente razón: porque Cristina lo eligió como candidato a presidente por el FdT.

Hasta ahora Bonafini no había criticado con dureza al presidente. Pero su paciencia se agotó. No soportó la blandura de Alberto Fernández en su reunión con la Mesa de Enlace. Fuera de sí acaba de expresar lo siguiente: “no nos queda claro cómo dice que sí a todos”. “Con lo poco que uno sabe de economía nos damos cuenta que lo que usted propone no es posible. No puedo creer que todos salgan contentos porque no es posible”. Comparó al presidente con una mujer con muchos novios que “dice que sí a todos, pero con todos no se va a poder casar. ¿Se va a casar con el más fuerte o se va a poner firme y va a decir no?” (fuente: La Nación, 13/2/021).

Una Hebe sincera y transparente le acaba de enrostrar a Alberto Fernández su tibieza, su camaleonismo. Habló por ella y, obviamente, por Cristina y todo el kirchnerismo.

Alberto Fernández debería leer a Ludwig von Mises

Lo que más preocupa hoy al gobierno nacional no es la pandemia sino la inflación. En enero fue del 4% lo que augura un 2021 altamente inflacionario. Tal es así que algunos gurúes han pronosticado una inflación anual de por lo menos el 50%. Frente a semejante escenario el presidente y su equipo económico tomaron una decisión que no hace más que seguir la tradición del peronismo: aplicar un férreo control de precios. En la semana que está por culminar el gobierno convocó a movimientos sociales para una campaña de auditorías en las góndolas de los supermercados. Para reforzar la iniciativa, el ministerio de Desarrollo Productivo decidió crear el Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci) para reforzar las fiscalizaciones en todo el territorio.

Paula Español, secretaria de Comercio Interior, expresó: “Es fundamental la colaboración de los distintos niveles de gobierno para hacer efectiva las políticas del Estado Nacional para proteger los derechos de las y los consumidores y para la óptima ejecución de los programas y regulaciones que tienen como finalidad cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos”. “Las políticas públicas que llevamos adelante desde la secretaría, requieren una buena ejecución en cada una de las provincias y municipios y la labor mancomunada con las jurisdicciones es indispensable para ejercer el control y el monitoreo necesarios para lograr la efectividad en la administración de precios y abastecimiento”. “La evolución de los precios es un resultado de múltiples variables de la economía y los programas y controles de la Secretaría de Comercio Interior es un engranaje más en la política integral”. “Hay que trabajar la integración de los mercados centradores para transparentar la cadena. Con el Mercado Central buscamos generar cierta referencia. Tiene que estar involucrado el Ministerio de Agricultura, tiene un involucramiento directo. No se puede deslindar el manejo de la oferta, y el ministerio tiene vínculo directo con estos sectores primarios”.

El Cofeci tendrá a su cargo las siguientes funciones: “1- Concertar políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal, publicidad, metrología legal y sus respectivas fiscalizaciones 2- Acercarse a la homogeneización de criterios en cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior, incluyendo propuestas de “modificación o armonización” de la normativa vigente en la materia. 3– Intercambiar información con los sectores productivos a fin de favorecer la mayor eficiencia en la producción y comercialización de los bienes y servicios. 4- Recabar información de entidades públicas y privadas relacionadas con el comercio interior; 4- Promover el intercambio de información, experiencias, consultas y la colaboración para la realización de acciones en materia de regulación, fiscalización y control en materia de comercio interior” (fuente: Infobae, 11/2/021).

El control de precios siempre fracasó, tanto en la Argentina como en aquellos países donde fue aplicado. Es recomendable la lectura del libro de Robert Schuettinger y Eamonn F. Buttler “4000 años de controles de precios y salarios. Cómo no combatir la inflación”, en el queda en evidencia la inutilidad de los controles de precios como arma para vencer al flagelo de la inflación. Si siempre terminó en un fiasco ¿por qué ahora el control de precios sería exitoso? ¿Por qué el presidente es Alberto Fernández? Una vez más hay que traer a colación la famosa sentencia de Albert Einstein: “sólo un loco cree que se pueden obtener resultados diferentes aplicando los mismos métodos”.

Es evidente que para el gobierno la inflación es responsabilidad de los empresarios o, si se prefiere, de los formadores de precios. En consecuencia, si no hay inflación la culpa no es de Alberto Fernández. Como los malos son los supermercadistas hay que castigarlos con controles y más controles hasta ponerlos de rodillas. El gobierno no comprende que los supermercadistas remarcan los precios porque no confían en la moneda, porque saben que, más temprano que tarde, deberán remarcar los precios para no verse devorados por la inflación.

Creo sinceramente que el presidente debería despojarse de todo prejuicio ideológico y leer, por ejemplo, a Ludwig von Mises, quien en su libro “Planificación para la libertad” explicó con meridiana claridad el problema del control de precios. Escribió el autor:

Capítulo VI.

La inflación y el control de precios

1. La inutilidad del control de precios

En un régimen socialista la producción es completamente dirigida por las órdenes del órgano central de la producción. Toda la nación es un «ejército industrial» (término usado por Karl Marx en el Manifiesto comunista) y cada ciudadano está obligado a obedecer las órdenes de su superior. Todos deben aportar su cuota para la ejecución del plan integral adoptado por el gobierno. En una economía libre ninguna autoridad económica da órdenes a nadie. Todos planifican y actúan por sí mismos. La coordinación de las distintas actividades individuales, y su integración dentro de un sistema armónico que brinde a los consumidores los bienes y servicios que demandan, es realizada por el mecanismo del mercado y por la estructura de precios que genera.

El mercado guía la economía capitalista. Dirige las actividades de cada individuo en la dirección en que éste sea más útil a los deseos de sus compatriotas. El mercado, y nadie más, ordena todo el sistema social de propiedad privada de los medios de producción y de empresa libre, y lo maneja racionalmente.

No existe nada automático o misterioso en el funcionamiento del mercado. Las únicas fuerzas que determinan el siempre fluctuante mercado son los juicios de valor de los distintos individuos y las acciones derivadas de dichos juicios. El elemento fundamental del funcionamiento del mercado es el esfuerzo que cada hombre realiza para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades y deseos de sus semejantes y los propios. La supremacía del mercado es equivalente a la supremacía de los consumidores. Estos últimos, a través de sus compras y sus abstenciones de comprar, determinan no sólo la estructura de precios sino también qué debe producirse, en qué cantidad, de qué calidad y quién debe producirlo. Determinan las ganancias o pérdidas de cada empresario, y con ello determinan quién debe ser el dueño del capital y dirigir las fábricas. Enriquecen a hombres pobres y empobrecen a hombres ricos. El sistema de ganancias y pérdidas consiste fundamentalmente en producir lo necesario, ya que las ganancias sólo pueden obtenerse si se tiene éxito en brindar a los consumidores los bienes que desean, de la mejor manera y al menor costo.

De lo expuesto surge claramente cuáles son las consecuencias de la intromisión gubernamental en la estructura de precios del mercado. Desvía la producción del destino que los consumidores quieren darle y la dirige en otra dirección. En un mercado no manipulado por la interferencia gubernamental prevalece la tendencia a expandir la producción de cada artículo hasta el punto en el cual una mayor producción no sería rentable por ser el precio de venta menor que los costos. Si el gobierno fija precios máximos para algunos bienes por debajo del nivel que el mercado libre habría determinado para ellos y prohíbe la venta al precio que el mercado habría establecido, los productores marginales incurrirán en pérdidas Si continúan produciendo. Los productores con más altos costos se irán de ese mercado y utilizarán sus medios de producción para la fabricación de otros bienes no afectados por los precios máximos. La interferencia gubernamental con el precio de un bien restringe la oferta disponible para consumo. Este resultado es contrario a las intenciones que originaron los precios máximos. El gobierno quería que la gente tuviera más fácil acceso a los artículos controlados, pero su intervención trajo aparejada la disminución de la producción y oferta de bienes.

Si la desagradable experiencia no enseña a las autoridades que el control de precios es inútil y que la mejor política a implementar es la de abstenerse de cualquier intento de controlar los precios, tendrían que agregar a la primera medida, que sólo fijaba el precio de uno o varios bienes de consumo, decretos adicionales. Surgiría la necesidad de fijar los precios de los factores de producción requeridos para la producción de los bienes de consumo controlados, y nuevamente la misma historia repetida en un plano más remoto. La oferta de aquellos factores de producción cuyos precios han sido limitados disminuye. El gobierno debe, otra vez, ampliar la esfera de sus precios máximos. Debe fijar los precios de los factores de producción secundarios, requeridos para la producción de los factores primarios. De este modo, tiene que ir cada vez más lejos. Debe fijar los precios de todos los bienes de consumo y de todos los factores de producción, tanto de los materiales como del trabajo, y obligar a cada empresario y a cada trabajador a continuar produciendo a estos precios y salarios. Ninguna actividad productiva puede excluirse de esta fijación completa de precios y salarios, y de esta orden general de continuar la producción. Si algunas actividades fueran dejadas en libertad el resultado sería un traslado de capital y trabajo en su dirección y la consecuente caída en la oferta de bienes cuyos precios fueron fijados por el gobierno. Sin embargo, son precisamente estos bienes los que el gobierno considera de suma importancia para la satisfacción de las necesidades de las masas.

Pero cuando se llega a un estado de control total de las actividades económicas, la economía de mercado es reemplazada por un sistema de planificación centralizada, es decir, por socialismo. Los consumidores ya no deciden qué debe producirse, en qué cantidad y de qué calidad, y son reemplazados por el gobierno. Los empresarios no son más empresarios, han sido rebajados a la categoría de gerentes comerciales dependientes del estado -o Betriebsführer, según los nazis- y tienen que cumplir las órdenes del órgano central de dirección de la producción. Los trabajadores están obligados a trabajar en las fábricas que las autoridades les han asignado: sus salarios son fijados por decretos de las autoridades. El gobierno es supremo. Determina las ganancias y el nivel de vida de cada ciudadano. Es totalitario.

El control de precios es contrario a sus propósitos si se limita sólo a algunos bienes. No puede funcionar satisfactoriamente dentro de una economía de mercado. Los esfuerzos por hacerlo funcionar necesitan la ampliación de la esfera de bienes sujetos al control de precios hasta que los precios de todos los bienes y servicios sean regulados por decreto autoritario y el mercado deje de funcionar.

La producción puede ser dirigida por los precios establecidos en el mercado a través de las compras y abstenciones de comprar de los consumidores, o puede ser dirigida por las oficinas gubernamentales. No existe una tercera solución. El control gubernamental sobre algunos precios sólo arroja como resultado un estado de cosas que es considerado absurdo y contrario a su propósito por todos, sin ninguna excepción. Su resultado inevitable es el caos y la tensión social.

2. El control de precios en Alemania

Se ha afirmado reiteradamente que la experiencia alemana ha probado que el control de precios es factible y puede obtener los fines buscados por el gobierno que recurre a él. Nada puede ser más erróneo.

Cuando estalló la primera guerra mundial, el Reich alemán adoptó inmediatamente una política inflacionaria. Para prevenir el inevitable resultado de la inflación y el aumento general de precios, recurrió simultáneamente al control de precios. La muy elogiada eficiencia de la policía alemana tuvo bastante éxito en el control efectuado para que estos precios máximos se respetaran. No hubo mercados negros, pero la oferta de bienes sujetos al control de precios disminuyó rápidamente . Los precios no aumentaron, pero la gente ya no estuvo en condiciones de comprar alimentos, ropa o zapatos. El racionamiento fue un fracaso. Pese a que el gobierno redujo cada vez más las raciones asignadas a cada individuo, sólo unos pocos fueron lo suficientemente afortunados para obtener la ración que les estaba destinada. En sus esfuerzos por hacer funcionar el sistema de control de precios, las autoridades ampliaron, paso a paso, la esfera de bienes sujetos al control. Una actividad tras otra era centralizada y pasaba a ser dirigida por una dependencia del gobierno. Éste obtuvo un control absoluto sobre la totalidad de las actividades de producción vitales. Pero ni siquiera esto era suficiente, si otras ramas industriales permanecían en libertad: por ello el gobierno decidió ir más lejos. El Plan Hindenburg tuvo como objetivo la planificación total de la producción. La idea era confiar la dirección de todas las actividades económicas a las autoridades. Si el Plan de Hindenburg se hubiera llevado a cabo habría convertido a Alemania en una nación completamente totalitaria. Se hubiera hecho realidad el ideal de Othmar Spann, el campeón del socialismo «alemán», que consistía en hacer de Alemania un país en el que la propiedad privada existiera sólo en sentido legal y formal, mientras la realidad mostraría que sólo existe la propiedad pública.

Sin embargo, el Plan Hindenburg no se había terminado de ejecutar cuando el Reich se derrumbó. La desintegración de la burocracia imperial barrió con todo el aparato de control de precios y socialismo de guerra. Pero los autores nacionalistas continuaron ensalzando los méritos del Zwangswirtschaft, es decir, de la economía compulsiva. Era, afirmaban, el método más perfecto para instaurar el socialismo en un país predominantemente industrial como Alemania. Obtuvieron una victoria cuando el canciller Brüning, en 1931, retornó a las medidas del Plan Hindenburg, y posteriormente, cuando los nazis pusieron en práctica estos decretos haciendo uso de una brutalidad infinita.

Los nazis no impusieron un control de precios dentro de una economía de mercado, como sostienen sus admiradores extranjeros. Durante su gobierno, el control de precios fue sólo un dispositivo en un ambiente en donde reinaba un sistema de planificación central total. En la economía nazi, la empresa libre y cualquier iniciativa privada quedaron totalmente descartadas. Todas las actividades productivas eran dirigidas por el Reichswirtschaftsministerium. Ninguna empresa tenía libertad para desviar sus operaciones de las órdenes emanadas del gobierno. El control de precios era sólo un dispositivo dentro de un complejo mecanismo de innumerables decretos y órdenes que regulaban hasta el menor detalle de cada actividad económica y determinaban con precisión cuáles eran las tareas, las ganancias y el nivel de vida de cada ciudadano.

La dificultad que mucha gente tuvo para entender la naturaleza misma del sistema económico nazi fue el hecho de que los nazis no expropiaron abiertamente a los capitalistas y empresarios, y no adoptaron el principio de igualdad en las ganancias que los bolcheviques aplicaron en los primeros años de gobierno soviético y luego descartaron. Sin embargo, los nazis removieron totalmente de la conducción a los capitalistas. Aquellos empresarios que no eran judíos ni sospechosos de ser liberales o de tener ideas pacifistas conservaban sus posiciones en la estructura económica. Pero virtualmente eran empleados públicos que percibían un salario y estaban obligados a cumplir incondicionalmente las órdenes de sus superiores, los burócratas del Reich y del partido nazi. Los capitalistas , obtenían sus dividendos (reducidos en una parte considerable). Pero, al igual que otros ciudadanos, no tenían libertad para gastar más que las cantidades juzgadas adecuadas por el partido, de acuerdo con su posición y rango dentro de la escala jerárquica. El sobrante debía ser invertido según las órdenes del Ministerio de Asuntos Económicos.

En realidad, la experiencia de la Alemania nazi no refutó la afirmación de que el control de precios está destinado a fracasar dentro de una economía no socializada totalmente. Los defensores del control de precios que alegan que su propósito es preservar el sistema de iniciativa privada y empresa libre están totalmente equivocados. Lo que realmente hacen es paralizar el funcionamiento del dispositivo conductor del sistema. No se puede preservar un sistema destruyendo su nervio vital; por el contrario, se le da muerte.

3. Falacias populares sobre la inflación

La inflación es el proceso mediante el cual la cantidad de moneda aumenta considerablemente a espaldas del mercado. El principal medio del que se vale la inflación en Europa continental es la emisión de billetes de curso legal no convertibles. En este país (EE.UU.) la inflación se nutre fundamentalmente de los préstamos que el gobierno obtiene de los bancos comerciales, como también del incremento en la cantidad de papel moneda de diferentes tipos y de monedas divisionarias. El gobierno financia su gasto deficitario a través de la inflación.

La inflación tiene como consecuencia una tendencia general hacia la suba de los precios. Aquellos que se benefician con el flujo adicional de moneda pueden aumentar su demanda de bienes y servicios vendibles. Si las restantes variables permanecen constantes, este aumento de la demanda debe provocar un alza de precios. Ninguna filosofía o silogismo puede evitar esta consecuencia.

La revolución semántica, que es uno de los rasgos característicos de nuestros días, ha oscurecido y distorsionado este hecho. El término inflación es usado con un sentido diferente. Lo que la gente llama actualmente inflación no es inflación, es decir, un aumento de la cantidad de moneda y sustitutos de moneda, sino el alza general de precios y salarios que, en realidad, es la consecuencia inevitable de la inflación. Esta innovación semántica es peligrosa y requiere nuestra atención.

En primer lugar, no existen más términos disponibles para referirse a la inflación, entendida ésta como lo que antes significaba. Es imposible combatir un mal que no se puede nombrar. Los estadistas y políticos ya no tienen la posibilidad de recurrir a una terminología aceptada y entendida por el público cuando quieren describir la política financiera que combaten. Deben realizar una descripción y un análisis detallados de esta política, mencionando todas sus peculiaridades y brindando explicaciones minuciosas cada vez que desean referirse a ella, teniendo que repetir este molesto procedimiento cada vez que hacen referencia a este fenómeno. Al no poder asignar un nombre a la política que incrementa la cantidad de moneda circulante, el problema persiste indefinidamente. El segundo mal es causado por aquellos que realizan intentos desesperados e inútiles para combatir las inevitables consecuencias de la inflación (es decir, el aumento de precios), ya que disfrazan sus esfuerzos de manera tal que parecen luchar contra la inflación. Mientras enfrentan los síntomas pretenden estar combatiendo las raíces del mal, y al no comprender la relación causal entre el aumento de la circulación monetaria y de la expansión de crédito por un lado, y el alza de los precios por el otro, de hecho agravan la situación.

Los subsidios son el mejor ejemplo. Como ha sido señalado, los precios máximos reducen la oferta porque los productores marginales incurren en pérdidas sí continúan produciendo. Para evitar esta consecuencia, los gobiernos ofrecen frecuentemente subsidios a los granjeros que operan con costos más elevados. Estos subsidios se financian con una expansión del crédito adicional. De este modo, la presión inflacionaria se ve incrementada.

Si los consumidores tuvieran que pagar precios más altos por los productos en cuestión no existiría ningún otro efecto inflacionario. Los consumidores podrían utilizar sólo el dinero que ya había sido puesto en circulación, para efectuar esos pagos adicionales. Por eso la supuestamente brillante idea de combatir la inflación a través de subsidios provoca, en los hechos, más inflación.

4. Las falacias no deben importarse

Actualmente, casi no existe necesidad de abordar una discusión sobre la leve e inofensiva inflación qué, en un régimen de patrón oro, puede ser resultado de un gran aumento en la producción de oro. Los problemas que el mundo debe enfrentar hoy en día son los referidos a los desbordes inflacionarios del papel moneda inconvertible. Tal inflación es siempre consecuencia de una deliberada política gubernamental. Por un lado, el gobierno no quiere reducir sus gastos. Por el otro, no desea equilibrar su presupuesto a través de exacciones impositivas o empréstitos gubernamentales. Prefiere la inflación porque la considera el mal menor. Sigue expandiendo el crédito y emitiendo moneda porque no percibe las inevitables consecuencias de esa política.

No hay que alarmarse demasiado por el nivel ya alcanzado por la inflación en este país (los EE.UU.). A pesar de que ha ido muy lejos y ha hecho mucho daño, realmente no ha creado un desastre irreparable. No existe duda de que los EE.UU. son aún libres para cambiar los métodos de financiamiento y para retornar a una política monetaria sana.

El peligro real no reside en lo ya acontecido, sino en las falsas doctrinas provenientes de estos hechos. La superstición según la cual el gobierno puede prevenir las inevitables consecuencias de la inflación a través del control de precios constituye el principal peligro. Esto se debe a que dicha doctrina distrae la atención pública del fondo del problema. Mientras las autoridades están empeñadas en una lucha inútil contra el fenómeno que acompaña a la inflación, sólo unas pocas personas están atacando el origen del mal, es decir, los métodos que el tesoro emplea para solventar los enormes gastos. Mientras la burocracia ocupa las primeras planas de los periódicos con sus actividades, los datos estadísticos referidos al aumento de la circulación monetaria de la nación son relegados a un espacio secundario en las páginas financieras de los periódicos.

También en este caso, el ejemplo alemán puede servir de advertencia. La tremenda inflación alemana que en 1923 redujo el poder adquisitivo a la mil millonésima parte del valor que tenía antes de la guerra, no fue un acto de Dios. Hubiera sido posible equilibrar el presupuesto alemán de posguerra sin recurrir a la emisión del Reichbank. La prueba de ello está dada por el hecho de que el presupuesto del Reich se equilibró sin dificultad apenas el gobierno se vio forzado a abandonar su política inflacionaria por la quiebra del Reichbank. Pero antes de que esto sucediera, todos los supuestos expertos alemanes negaron obstinadamente que el aumento en los precios de los bienes, en los salarios y en las tasas de exportación e importación tuviera algo que ver con el hábito gubernamental de derrochar sin medida. Para ellos, la culpa sólo era de aquellos que obtenían ganancias. Defendieron la observancia absoluta del control de precios como si fuera la panacea, y llamaron «deflacionistas» a aquellos que recomendaban un cambio en los métodos financieros.

Los nacionalistas alemanes fueron derrotados en las dos guerras más trágicas que registra la historia. Pero las falacias económicas que empujaron a Alemania a cometer sus abominables agresiones aún perduran, desafortunadamente. Las falacias monetarias, desarrolladas por profesores alemanes como Lexis y Knapp y llevadas a la práctica por Havenstein, presidente del Reichbank durante los años más críticos de la inflación, constituyen aún la doctrina oficial de Francia y muchos otros países europeos.

No es necesario que los Estados Unidos importen estos absurdos.