Por Hernán Andrés Kruse.-
El rol esencial de la Corte Suprema
En la democracia liberal la Corte Suprema tiene como función esencial el control de constitucionalidad de las decisiones que toman los otros poderes, el ejecutivo y el judicial. Los miembros del más alto tribunal de garantías constitucionales velan por el estricto cumplimiento de parte de los otros poderes de los principios fundamentales consagrados en la constitución. Germán Bidart Campos denominaba a esa parte de la carta magna “el derecho constitucional de la libertad”.
Imaginemos el siguiente ejemplo. El partido A gana cómodamente las elecciones presidenciales. Mengano, su candidato, asume como titular del Poder Ejecutivo. Fue tan abrumadora la victoria en las urnas que el partido A cuenta con mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. Un buen día Mengano decide enviar al Congreso un proyecto de ley que prohíbe a los medios de comunicación criticar los actos de gobierno. De hacer caso omiso a dicha advertencia serán inmediatamente confiscados por el gobierno. El proyecto es debatido primero en la Cámara de Diputados y luego de un arduo e intenso debate se procede a la votación. El oficialismo impone su superioridad numérica y aprueba el proyecto sin inconvenientes. Para no perder tiempo el gobierno envía inmediatamente el proyecto a la Cámara de Senadores. Otra vez el oficialismo impone su mayoría y el proyecto es aprobado por la Cámara Alta. Finalmente el proyecto es ley.
La ley es claramente inconstitucional porque viola flagrantemente la libertad de prensa, uno de los principios liminares de la constitución. Aquí entra en escena la Corte Suprema para garantizar la defensa de dicho principio. Sus miembros dictan una sentencia que declara a dicha ley atentatoria de la libertad de prensa. En consecuencia, no puede aplicarse. La Corte actuó en defensa de la constitución y de nuestros derechos como ciudadanos. Aquí emerge en toda su magnitud la importancia de la independencia del poder judicial. El control de constitucionalidad de los actos de gobierno sólo tiene lugar si la Corte puede actuar en un ámbito de total y absoluta libertad.
La reacción del oficialismo es la previsible. Mengano dirá encolerizado algo así: “¿quiénes son estos jueces para declarar inconstitucional una ley de mi autoría? ¿A éstos quiénes los votaron? ¿Cómo es posible que una Corte oligarca pueda impedir la vigencia de una ley que goza del respaldo de la gran mayoría del pueblo?” Mengano está furioso porque no concibe que una decisión suya sea controlada por la Corte. Está fuera de sí porque cree visceralmente que al haber sido votado por la mayoría del pueblo sus decisiones están por encima de la constitución. En su opinión el principio de la supremacía de la constitución es irrelevante.
A continuación Mengano exige una profunda reforma del poder judicial. “¡No puede ser que los jueces no sean elegidos por el pueblo!”, vocifera. “¡Hay que democratizar la justicia!”, exclama. Lo que en realidad pretende es tener una Corte adicta, una Corte que le apruebe todos y cada uno de sus proyectos de ley, aunque muchos de ellos sean claramente violatorios del derecho constitucional de la libertad. “Mis decisiones son legítimas”, pontifica, “porque a mí me votaron millones de electores. Y la voluntad popular está por encima de la constitución”.
Mengano no hace más que enarbolar un principio sumamente peligroso: el de la tiranía de la mayoría. Si la mayoría está a favor de la propiedad colectiva de los medios de producción, entonces hay que implantarla aunque ello implique arrasar con la constitución. De esa forma Mengano deja de ser un presidente democrático para pasar a ser un dictador, aunque tenga respaldo popular. En este punto conviene leer cuantas veces sea necesario a Esteban Echeverría y Alexis De Tocqueville, quienes le dedicaron al tema profundas reflexiones en sus inmortales obras “El dogma socialista” y “La democracia en América”. Su vigencia no deja de impresionar. Por algo será.
La nula autocrítica de Mauricio Macri
El ex presidente Macri descerrajó munición gruesa contra el gobierno nacional. Lo hizo desde Miami al participar de un foro titulado “Defensa de la democracia en las Américas”. Expresó: “La democracia en Argentina está amenazada por un comportamiento que busca debilitar al Poder Judicial, violando la constitución y los derechos humanos. Tiene un propósito: generar impunidad sobre funcionarios que están siendo investigados por hechos graves de corrupción y algunos que ya han sido condenados. Y todo lo disfrazan bajo la figura del lawfare, que ellos son las víctimas de periodistas, la oposición y jueces que buscan perseguirlos”. “Queda claro que las democracias ya no mueren por un golpe de estado. Ya no vemos un hecho abrupto, como los tanques saliendo a la calle. El proceso que vemos son dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, cercenar la libertad de expresión, a atacar la independencia del Poder Judicial, proclamándose los defensores del pueblo para justificar todo tipo de atropellos”. “El populismo conduciendo una crisis sanitaria es una doble combinación, es más peligroso. Esto es grave, porque queda más en evidencia la mentira y la ineptitud”. “En el caso de nuestro país, nos han llevado ala cuarentena más larga del mundo, debilitando todo el tejido social, alterando la vida de los argentinos, generando problemas psicológicos y sanitarios que vamos a ir encontrando en los próximos años”. “Lo que es más complejo es que el populismo inocula el virus de la resignación. Nos quieren hacer creer que esto es así, que la gente tenga que resignarse a la pobreza, a no tener cloacas, a no tener agua potable y ahora no siquiera pueden vacunarse. Contra eso es lo que realmente tenemos que luchar” (fuente: Infobae, 5/5/021).
No deja de sorprender la nula capacidad de autocrítica del ex presidente. Porque quien expuso hace unas horas en Miami es el mismo dirigente político que, en su carácter de presidente de la nación, no dejó de hacer desastres. Critica al populismo pero no se atreve a reconocer que durante su presidencia los planes sociales, emblema del populismo, jamás fueron tocados. Habla de la independencia del Poder Judicial y durante su gobierno se montó un sistema ilegal de espionaje que involucró a conspicuos miembros de la justicia, como el fiscal Carlos Stornelli.
Si hoy gobierna nuevamente en la Argentina el “hecho maldito del siglo XXI” que es el kirchnerismo, no cabe duda alguna de que el principal responsable de que ello suceda no es otro que Mauricio Macri. El ex presidente no dijo en Miami ante lo más granado del conservadorismo latinoamericano que luego de su rotundo éxito en las elecciones de 2017 tenía todo servido en bandeja para sacar a la Argentina de la ciénaga. Había cosechado más del 40% de los votos lo que le permitió aumentar considerablemente la representación del oficialismo en ambas cámaras del parlamento y el peronismo estaba de rodillas. A fines de ese año todo el arco político coincidía en afirmar que en 2019 la reelección de Macri era un hecho.
El ex presidente no dijo en Miami que a comienzos de 2018 Wall Street le bajó el pulgar porque no estaba dispuesto a continuar financiando su alocado endeudamiento externo. No reconoció ante sus pares latinoamericanos que a raíz de ello se vio obligado a recurrir al FMI, en ese momento bajo el mando de Lagarde. Al día de la fecha nadie sabe qué pasó con la montaña de dólares que el FMI le prestó a Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección. Lo cierto es que a partir del acuerdo con el FMI la economía se vino a pique. El dólar se descontroló, al igual que la inflación y la pobreza.
Los dos últimos años de su gobierno fueron un suplicio. Ello explica el retorno del kirchnerismo en 2019. Si hubiera hecho las cosas medianamente bien hubiera sido reelecto. Los pueblos, ya se sabe, nunca se suicidan. Si a posteriori de la victoria en las elecciones de 2017 hubiera escuchado a la oposición, hubiera sido más abierto y tolerante, y, fundamentalmente, hubiera sido más racional en lo económico, hoy continuaría siendo el presidente de la nación.
El kirchnerismo al desnudo
Si hay algo que caracteriza al kirchnerismo es su imperiosa necesidad de tener en frente un enemigo. Para el kirchnerismo la política es guerra sin cuartel contra una fuerza demoníaca a la que hay que aniquilar. “Ni un paso atrás”, es una de sus consignas favoritas. Esta concepción política nada tiene que ver con la democracia liberal clásica. Para este régimen político la lucha política debe desarrollarse dentro de la ley, respetando los valores consagrados por la constitución. Los partidos políticos que compiten están, por ende, dentro del sistema. Pese a sus diferencias coinciden en lo fundamental: el respeto a lo que Bidart Campos denominaba “el derecho constitucional de la libertad”, es decir la parte de la carta magna referida a los derechos y garantías individuales.
En las últimas horas el kirchnerismo se abroqueló para embestir contra un nuevo enemigo: la Corte Suprema. ¿El motivo? Muy simple: el haber fallado en contra de sus intereses político-electorales. El kirchnerismo interpretó el fallo de los supremos defendiendo la presencialidad escolar como una declaración de guerra. Ello explica la desafortunada declaración del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien este mediodía, flanqueado por los máximos referentes del gobierno, exclamó en referencia a la Corte y la oposición: “si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”. Esta frase fue utilizada por Leopoldo Fortunato Galtieri en plena guerra del Atlántico Sur. Clara demostración de lo que significa para este intendente la política.
La violenta reacción del gobierno a raíz del fallo de la Corte pone en evidencia su completa kirchnerización o, si se prefiere, cristinización. De aquel presidente que el 10 de diciembre de 2019 prometió unir a los argentinos no queda absolutamente nada. Hoy Alberto Fernández, más que un presidente, es un jefe de Gabinete de la verdadera presidenta: CFK. En consecuencia, de aquí en más el gobierno no hará otra cosa que doblar la apuesta.
Ante semejante panorama cabe preguntarse lo siguiente: ¿qué estrategia adoptará Horacio Rodríguez Larreta, el gran beneficiado por el fallo de la Corte? Ante la intransigencia del gobierno no tendrá más remedio que responderle con una intransigencia similar. Salvo que se produzca un milagro, el jefe de gobierno porteño deberá radicalizarse para estar a la altura de las circunstancias. En otras palabras: deberá actuar como Patricia Bullrich, experta en la lucha política.
En este punto coinciden el presidente y el jefe de gobierno porteño. Ambos prefieren el diálogo y no las trompadas. Pero si hay una enseñanza que deja la historia política argentina es que la única forma de hacer política es moliendo a palos al que está en frente. Alberto Fernández se percató de ello y hoy hace lo imposible por presentarse como un pendenciero y no como un presidente. Rodríguez Larreta deberá hacer lo mismo. Es el precio que deberá pagar si pretende ser presidente en 2023.
Con los tapones de punta
Los doctores Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti acaban de dar lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño y aseguraron que el DNU del presidente ordenando el cierre de las escuelas es violatorio de la autonomía de la Capital Federal.
Según Maqueda y Rosatti “El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender el dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora. En conclusión, en el examen de legalidad, la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a sus pender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena”.
Por su parte, Rosenkrantz afirmó que “Resulta claro que la decisión de si la escolaridad debe realizarse bajo la modalidad presencial o virtual en los establecimientos d educación inicial, primaria y secundaria dependientes de la Ciudad de Buenos Aires o regulados por ella corresponde, en principio, a ese estado y no a la Nación. En ese contexto normativo, la decisión de suspender las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires adoptada por el Estado Nacional-aun a la luz de la declaración de emergencia-solamente podría validarse constitucionalmente si encontrase respaldo en la facultad exclusiva del Congreso para reglar el comercio de las provincias entre sí (art. 75, inc. 13 de la Constitución) o en las facultades concurrentes del Congreso, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para promover el bienestar de todas las provincias (art. 75, inc. 18 de la Constitución).
Finalmente, Lorenzetti considera que “1. El deber de los Tribunales es proteger los derechos fundamentales, ya que el Estado no puede sustituir a las personas en las decisiones correspondientes a su esfera individual. 2. Hay un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona”. 3. Hay también un derecho a la salud y la vida respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan instrumentales, porque es evidente que no hay educación sin vida humana. 4. Que, en consecuencia, debe realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho a la educación y la protección de la salud en un contexto de emergencia sanitaria y dentro de un sistema reglado por el Estado de Derecho. 5. Que el criterio es el siguiente: El Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros (Art. 19 CN), siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad. 6. Estos criterios son aplicables a medidas adoptadas por todas las autoridades, sean de la Nación o de las Provincias. Por esa razón esta Corte señaló que una Provincia no puede violar la libertad de tránsito y derechos fundamentales establecidos en la Constitución (Confr. Fallos 343.930 “Maggi” y 343: 1704 “Lee”) (fuente: Infobae, 4/5/021).
Empleando una expresión futbolera, los supremos salieron con los tapones de punta. Tomaron una posición decididamente favorable al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Afirmaron que al ser la CABA autónoma, sólo sus autoridades legalmente constituidas tienen autoridad para decidir en materia sanitaria. El fallo fue un duro golpe al mentón del presidente de la nación en un momento extremadamente delicado, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Con este fallo la Corte no ha hecho más que profundizar la grieta entre el oficialismo y la oposición. Los supremos actuaron más como hombres políticos que como juristas. Tomaron la decisión de hacerle morder a Alberto Fernández el polvo de la derrota y lo consiguieron.
En efecto, la reacción del presidente no se hizo esperar. Visiblemente molesto manifestó que “voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas por más que escriban muchas hojas de sentencia”. “Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia. Es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso” (fuente: Infobae, 4/5/021).
Pero fue Cristina Kirchner quien con mayor dureza reaccionó contra el fallo de la Corte. Dijo: “La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65 mil muertos en la Argentina, que el Poder ejecutivo no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”. “ante este escenario, digo yo…para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte? Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño” (fuente: Infobae, 4/5/021). La vicepresidente acaba de acusar a la Corte de atentar contra las instituciones de la república, de intentar un golpe de Estado, ni más ni menos.
Cuatro votos a favor de la Ciudad y una abstención en el fallo de la Corte Suprema
Qué duda cabe que este fallo implica un punto de inflexión en la relación entre el oficialismo y la Corte Suprema. A partir de ahora se intensificarán los ataques contra los supremos, a esta altura considerados los enemigos públicos número 1 del FdT. Es altamente probable que más pronto que tarde se desate un conflicto de poderes entre estos pilares de la república (Poder Ejecutivo y Poder Judicial) de impredecibles consecuencias. Da toda la sensación de que este fallo implica un pase de factura de la Corte a raíz de la decisión presidencial de ejecutar la tan mentada reforma judicial. Cristina y La Cámpora están decididos a llevar el proceso de democratización de la justicia hasta las últimas consecuencias. En la práctica ello significaría arrasar con el actual Poder Judicial y sustituirlo por otro Poder Judicial afín. Para Cristina la actual Corte se ha convertido en el brazo judicial del neoliberalismo cuyo objetivo no es otro que la pulverización del gobierno nacional y popular. Y ya se sabe que frente al enemigo sólo cabe una opción: combatirlo para aniquilarlo.
¿Qué pasará con Federico Basualdo?
Federico Basualdo es subsecretario de Energía de la nación. Si la Argentina fuera un país normal este funcionario permanecería en el más absoluto anonimato. Pero como es un país profundamente enfermo Basualdo está ocupando desde hace varios días las primeras páginas de los diarios nacionales. Resulta que Basualdo pertenece a La Cámpora, la agrupación política liderada por el jefe del bloque de diputados nacionales Máximo Kirchner. Además, es un protegido de Cristina. En consecuencia, su concepción económica difiere radicalmente de la de Martín Guzmán, un economista que goza de la simpatía del propio presidente de la nación y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Desde hace unos días tomó estado público una agria disputa entre Basualdo y Guzmán por las tarifas del servicio eléctrico. Basualdo, en sintonía con La Cámpora, cree que si hay un aumento de la tarifa eléctrica, debe ser mínimo para no irritar a los consumidores en un crucial año electoral. Por su parte, Guzmán, quien encabeza las negociaciones por la renegociación de la deuda externa con el FMI y el Club de París, considera fundamental aumentar dichas tarifas. En otros términos: está a favor de un fuerte ajuste tarifario.
Harto de Basualdo, el ministro de Economía le exigió que presentara su renuncia de manera indeclinable. Según hacen constar los medios nacionales esa decisión goza del absoluto respaldo del presidente de la nación y del jefe de Gabinete. Increíblemente, Basualdo decidió atornillarse al sillón de su despacho. Pudo hacerlo porque públicamente salió a respaldarlo Máximo Kirchner y en las últimas horas lo hizo nada más y nada menos que Axel Kicillof. ¿Qué sucederá con Basualdo de aquí en adelante? Nadie lo sabe.
Este duelo pone en evidencia, en momentos dramáticos para el país, la forzada convivencia entre dos sectores del gobierno que profesan ideologías opuestas. En esta vereda se encuentra Guzmán, un economista formado por el Nobel de Economía Stiglitz y profundo conocedor de las intimidades del poder financiero internacional. En la otra vereda se encuentra Federico Basualdo, un exponente de la heterodoxia económica o, para decirlo con todas las letras, del “populismo” vernáculo. Este duelo es la lógica consecuencia de la necesidad que obligó a Cristina a elegir como candidato presidencial a Alberto Fernández, un dirigente que nunca formó parte del riñón camporista. El FdT fue desde el principio un matrimonio por conveniencia. La guerra entre Guzmán y Basualdo no hace más que confirmarlo. El problema es que en el medio estamos los argentinos a merced de un virus cada día más ingobernable.
Vergonzosa actitud de Omar Perotti
Se sabía que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunciaría un endurecimiento de las restricciones en los departamentos Rosario y San Lorenzo, severamente aquejados por el coronavirus. Se sabía que prohibiría en esos departamentos la presencialidad escolar para estar en sintonía con el presidente de la nación. Finalmente Perotti anunció dichas restricciones justo cuando se estaba disputando el primer tiempo entre Rosario Central y Newell´s Old Boys en el Gigante de Arroyito. Lejos estuvo de ser una casualidad el momento elegido para hacer pública una noticia tan importante e impactante. Porque Perotti, un político inteligente y experimentado, sabe muy bien que una prohibición de la presencialidad escolar, fundamentalmente en Rosario, puede provocar un tsunami político de impredecibles consecuencias. Consciente de que el domingo a la noche la sociedad estaría pendiente de ese transcendental partido de fútbol, el rafaelino anunció lo que seguramente en la intimidad reprueba visceralmente.
Omar Perotti finalmente decidió alinearse con Alberto Fernández. Actuó siguiendo la más pura lógica política. El rafaelino accedió a la gobernación de Santa Fe pura y exclusivamente por un acuerdo entre los sectores más importantes del justicialismo santafesino, siendo el más relevante, por organización y estructura, el kirchnerismo conducido por Agustín Rossi. Ello significa que Perotti ganó la elección a gobernador no por méritos propios-muy pocos votaron por su persona-sino por la montaña de votos que le dieron el kirchnerismo santafesino y el peronismo que responde fundamentalmente al polémico senador provincial Armando Traferri. No podía, pues, darse el lujo de adoptar una actitud independiente que desafiara a Alberto Fernández. En consecuencia, impuso más restricciones porque políticamente no podía hacer otra cosa.
Algunos -creo que muchos- deben considerar que la actitud de Perotti de anunciar las nuevas restricciones mientras se jugaba el clásico rosarino fue lisa y llanamente vergonzosa. Claro que lo fue. Pero se olvidan que la política es ni más ni menos que el ejercicio del poder, que la política se mueve en función del más crudo maquiavelismo. El principio inmortalizado por el egregio florentino “el fin justifica los medios” hace a la esencia de la política. Lo único que es relevante en político son los resultados. Si una decisión ayuda a consolidar el poder del gobernante es bienvenida, aunque colisione con la moral.
Desde el punto de vista de la moral la decisión de Perotti-y fundamentalmente el momento en que la hizo pública-es inmoral o, si se prefiere, amoral. Porque mientras se ensaña con los chicos y jóvenes estudiantes impididiéndoles el ingreso a las aulas, guardó un ominoso silencio ante las obscenas manifestaciones en la vía pública protagonizadas primero por la barra brava de la lepra el jueves pasado antes del partido de su equipo con Libertad de Paraguay, y segundo por la barra brava de Central en las horas previas al gran clásico. Si Perotti estuviera realmente interesado en la salud de todos nosotros hubiera dado la orden de impedir esas manifestaciones callejeras. Ello significa que para el gobernador hay, en esta materia, hijos y entenados. Están los que gozan de obscenos privilegios-las barras de Central y la lepra-y hay quienes no tienen más remedio que obedecer las restricciones sanitarias. En este sentido Perotti se maneja igual que el presidente de la nación. Mientras tanto, el virus continúa de festín en festín.
La guerra fría
Ser y Sociedad-(última parte)
19/2/012
La relación de la Unión Soviética con la República Popular China ocupó un lugar relevante durante la época de Brézhnev. Cuando éste se consolidaba en la década del sesenta, China comenzó a sumergirse en una severa crisis a raíz de la Revolución Cultural comandada por Mao Zedong. Brézhnev, cuyo liderazgo había promovido la idea de la estabilización, no podía entender cómo Mao, a su entender, había promovido un proceso que podía llevar a pulverizar la revolución socialista. Mientras tanto, en Checoslovaquia, el liderazgo del gobierno de Dubcek lejos estaba de responder con absoluta fidelidad a Moscú. En 1968, se produjo la primera crisis de la administración Brézhnev, cuando el hombre fuerte checo decidió liberalizar el sistema comunista, acontecimiento que pasó a la historia como “la primavera de Praga”. Brézhnev no toleró la “primavera” en Checoslovaquia y en agosto de ese año ordenó la invasión al país y la remoción del “díscolo” Dubcek. La tensión se extendió por los países del Este como un reguero de pólvora. Brézhnev afirmó sin titubear que la Unión Soviética tenía el derecho de interferir en los asuntos internos de sus “países-satélites” en salvaguardia del socialismo, afirmación que dio origen a la denominada “Doctrina Brézhnev”, una aparente inocua expresión que no hacía más que encubrir el espíritu imperialista de la Unión Soviética.
En 1969, las fuerzas de la República Popular China dieron comienzo al conflicto fronterizo con la Unión soviética. Este conflicto molestó sobremanera al primer ministro Kosygin, quien ese año hizo una breve visita a Beijing debido al aumento de la tensión entre ambos colosos. A comienzos de la década del ochenta, ambos gigantes emitieron declaraciones tendientes a normalizar sus relaciones. En ese contexto, China demandó a la URSS una disminución de sus tropas en la frontera chino-soviética, la retirada de los soldados soviéticos de Afganistán y Mongolia, y el apoyo soviético a la invasión vietnamita de Camboya. En 1982 Brézhnev abogó por la normalización de las relaciones, la que recién llegaría con la llegada al poder de Gorbachov.
Afganistán constituyó otro capítulo relevante de la política exterior soviética durante la era Brézhnev. Luego de la revolución comunista en territorio afgano en 1978, una cruenta guerra civil comenzó a expandirse por ese país a raíz del apoyo norteamericano a los muyahidines. Alarmado por unos informes de la KGB que alertaban sobre el peligro cierto de que Afganistán quedara de la órbita soviética, Brézhnev decidió una intervención militar en ese país, pese a que ciertos estamentos del establishment militar soviético no estaban de acuerdo con esa estrategia. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, asesorado por su consejero de Seguridad Nacional, Brzezinski, denunció la intervención militar soviética en territorio afgano considerándola el mayor peligro para la paz mundial desde el fin de la segunda guerra mundial. Una guerra fría en las esferas comercial y deportiva comenzó a partir de entonces entre ambas superpotencias.
Polonia le terminó dando a Brézhnev un serio dolor de cabeza al final de su reinado. Cuando despuntaba la década del ochenta, Polonia se vio sacudida por una crisis política que derivó en el surgimiento del movimiento masivo “Solidaridad”. En octubre de 1980 contaba con 9 millones de miembros. Según una encuesta encargada por el gobierno polaco, el 89% estaba a favor de solidaridad. Jaruzelski, el hombre fuerte de ese país, intentó imponer la ley marcial, pero la mayoría de su gobierno se lo impidió. Ante el desconcierto reinante en el bloque del Este, Erich Honecker (Alemania Oriental) aconsejó la solución militar. Finalmente, los representantes de todas las naciones miembros del Este se reunieron con Brézhnev en 1980 y el mandamás soviético llegó a la conclusión de que la mejor estrategia a seguir era no intervenir en Polonia, al menos por el momento, salvo que la Propia Polonia solicitara la intervención soviética. Finalmente, Jaruzelski impuso el estado de guerra el 12 de diciembre de 1981.
El culto a la personalidad
El culto a la personalidad caracterizó la “era Brézhnev”, fundamentalmente durante sus últimos años. Brézhnev tenía una debilidad: las medallas. En consecuencia, durante su vida recibió más de un centenar. Las más relevantes fueron “el Héroe de la Unión soviética”, “la Orden de Lenin”, “la Estrella de Oro” y “el Mariscal de la Unión Soviética”·. Cuanto más crecía el culto a su persona, mayor era su deterioro, físico y mental. En los últimos años de su vida se convirtió en un adicto a las pastillas para conciliar el sueño y comenzó a beber alcohol en demasía. Además, fumaba mucho y aumentó considerablemente de peso. Para colmo, a partir de 1973 su sistema nervioso central comenzó a desmoronarse, con lo cual tuvo serias dificultades para ejercer el poder durante sus últimos años.
Fallecimiento
Su salud empeoró durante el invierno de 1981-82. El ejercicio del poder estuvo a cargo de Gromyko, Ustínov, Súslov y Yuri Andrópov. Cuando todo hacía suponer que Súslov reemplazaría a Brézhnev, la muerte lo sorprendió en enero de 1982. En consecuencia, la Secretaría del Comité Central quedó a cargo de Andrópov, quien no ocultó su deseo de ejercer el cargo de Secretario General. Brézhnev sufrió un severo infarto en mayo de 1982 y falleció, a raíz de un atraque cardíaco, el 10 de noviembre de ese año. Fue honrado con un funeral de Estado y sus restos descansan en la necrópolis del Kremlin en la Plaza Roja. Con la desaparición física de Brézhnev había terminado el stalinismo y había dado comienzo la transición liderada por Gorbachov, que condujo a la pulverización del imperio soviético en 1991. Otra era había comenzado.
Fuentes:
-Biografías y vidas: Leonid Brézhnev
-Doctrina Brézhnev: Wikipedia, la enciclopedia libre.
-Leonid Brézhnev, la enciclopedia alternativa.
-Leonid Brézhnev: Wikipedia, la enciclopedia libre.
El aporte de Maurice Duverger a la teoría de los partidos políticos
(primera parte)
Ser y Sociedad-1/3/012
Duverger dedica la primera mitad de su teoría de los partidos políticos (“Los partidos políticos”, FCE, México, 1979, pág. 32) al análisis de su estructura. Su característica fundamental es la de ser heterogénea. Con su nombre pueden designarse diversos tipos sociológicos de partidos políticos: los partidos burgueses del siglo XIX, los partidos socialistas de la Europa continental, el partido comunista y el partido fascista.
Los partidos burgueses del siglo XIX sobreviven en forma de partidos conservadores y liberales. Su elemento de base es el, comité. Poco extensos, son bastante independientes unos de otros y descentralizados. No les interesa captar multitudes de adherentes sino agrupar personalidades. Son esencialmente elitistas. Existen para ganar elecciones y efectuar las más eficaces combinaciones parlamentarias posibles. Entre elección y elección, es poca su actividad. Su estructura administrativa es poco desarrollada y la dirección recae en los diputados. El poder real es detentado por un grupo nucleado alrededor de una figura parlamentaria. La rivalidad entre los diversos grupos parlamentarios dinamiza su vida interna. Escasamente interesados en los problemas doctrinarios e ideológicos, centran su atención en los asuntos políticos. Las adhesiones responden al interés o la costumbre. No existe la militancia.
La estructura de los partidos socialistas de la Europa continental es diferente. A diferencia de los partidos burgueses elitistas, se esmeran por captar la adhesión de las masas populares. En consecuencia, su sistema de afiliación es preciso y muy riguroso el mecanismo de cotizaciones individuales Sobre sus espaldas se apoyan las finanzas de estos partidos. Descansan en secciones, donde se le otorga una gran importancia a la educación de los miembros. La competencia electoral no constituye, pues, la única actividad que motiva a los partidos socialistas. La enorme cantidad de miembros y la percepción de las cotizaciones individuales los obliga a contar con una aceitada administración. Existen funcionarios de carácter permanente que conforman una clase dirigente con cierta autoridad. Emerge, obviamente, el fenómeno de la burocracia. Estos partidos cuentan con un sistema de instituciones complejas: Congreso, comités Nacionales, consejos, Oficinas y Secretarías. Rige en su ámbito una genuina separación de poderes. A diferencia de los partidos burgueses, éstos están mucho más institucionalizados. La doctrina juega, también, un rol mucho más gravitante. Las líneas internas en constante competencia son el resultado de ello. La cuestión política lejos está de constituir la única preocupación de sus miembros. La economía, la familia y lo social, son cuestiones fuertemente debatidas.
Los partidos comunista y fascista son más recientes. Los unen ciertos caracteres y los separan otros. ¿Qué tienen en común? Ambos están fuertemente centralizados. Ambos poseen “un sistema de enlaces verticales, que establece una separación rigurosa entre los elementos de base, que protege contra toda tentativa de cisma y de división y asegura una disciplina muy estricta, una dirección que reposa en métodos autocráticos (designación por la cima y cooptación), donde la influencia de los parlamentarios es prácticamente nula” (pág. 32). Las luchas electorales no ocupan un lugar preponderante en sus respectivas escalas de preferencias. Ambos partidos ponen toda su atención en la propaganda y la agitación, empleando en reiteradas oportunidades métodos de acción directa, como los sabotajes, las huelgas, etc. También son muy capaces a la hora de desafiar la autoridad del Estado que los combate. Ambos partidos descansan sobre una ideología rígida y totalitaria, verdadero dogma doctrinario que nadie puede cuestionar. Los comunistas y los fascistas están obligados a dedicar su vida, tanto pública como privada, a la doctrina totalitaria. Sin embargo, se detectan diferencias importantes entre el partido comunista y el fascista. Mientras el partido comunista se apoya en un sistema de células, el segundo se sustenta en milicias privadas. Mientras el primero expresa políticamente la voluntad de la clase obrera, el segundo se presenta como el defensor de las clases medias y burguesas, temerosas de que el comunismo conquiste el poder. Mientras el primero confía en las masas, el segundo es profundamente elitista. Mientras el primero cree e el progreso y en las virtudes civilizatorias de la tecnología, el segundo es pesimista y defiende los valores tradicionales.
Duverger reconoce las deficiencias de su esquema: “Por otra parte, el esquema en cuestión sigue siendo muy aproximativo y vago: describe tendencias más que una distinción netamente trazada. Más exactamente: descansa en una coincidencia entre varias categorías de distinciones particulares, relativas a los elementos de base de los partidos, a su articulación general, a los mecanismos de adhesión, a los grados y a la naturaleza de la participación, a la designación de jefes, al papel de los parlamentarios, etc. El objeto esencial de este estudio consiste en definir estas distinciones de base con el máximo de precisión, constituyendo la anterior sólo el lugar geométrico de su agrupación” (pág. 33).
La armazón de los partidos
La existencia de una élite que detenta el poder, que manda, y de una mayoría que acata sus órdenes, constituye para Duverger una visión adecuada de la realidad pero demasiada simplista. En efecto, este dualismo resulta hoy insuficiente para desentrañar la naturaleza de las comunidades de gran tamaño y durables, en cuyo ámbito sus miembros se integran en uh marco institucional o armazón complejo. En los partidos políticos modernos, la armazón constituye un asunto por demás relevante ya que “constituye el marco general de la actividad de los miembros, la forma impuesta a su solidaridad; determina los mecanismos de selección de los dirigentes y los poderes de éstos. Explica a menudo la fuerza y la eficacia de algunos partidos, la debilidad y la ineficacia de los demás” (pág. 34).
Según Duverger, la armazón de los partidos sufrió al menos dos profundas transformaciones a partir de su génesis. Hubo al menos dos revoluciones que modificaron profundamente las reglas de juego de la vida política y que, a raíz de ello, trastornaron la infraestructura de la democracia. En la última década del siglo XIX, los partidos políticos reemplazaron la antigua armazón de los comités limitados (independientes unos de otros) por un sistema de secciones populares, abierta a la incorporación de los sectores populares y fuertemente enlazadas entre sí. Más adelante, entre 1925 y 1930, los que desarrollaron una estructura aún más original fueron los partidos comunistas. Tal estructura reposaba “sobre grupos de empresas bastante pequeños, fuertemente unidos por los procedimientos del centralismo democrático y, no obstante, separados gracias a la técnica de los enlaces verticales” (págs. 34/35). En opinión de Duverger, el comunismo debe su éxito más a este sistema de organización de las masas que a la doctrina de Marx o la baja calidad de vida de la clase trabajadora. En esa época, los partidos fascistas crearon milicias privadas capaces de adueñarse de los resortes del poder para transformarse a posteriori en la guardia pretoriana del líder.
Manuel Quintana y la agonía de un sistema
Ser y Sociedad-14/3/012
El 12 de marzo de 1906 falleció Manuel Quintana, abogado, político y presidente de la nación. Se recibió de abogado en la universidad de Buenos aires cuando contaba con tan sólo veinte años. Pero fue la política su verdadera vocación. En 1860 fue electo diputado mitrista por la legislatura de loa provincia de Buenos aires. Más adelante, se pasó al Partido Autonomista de Adolfo Alsina por estar en desacuerdo con el proyecto mitrista de federalización de Buenos Aires. En 11864 fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires y fue el autor de un proyecto de ley que nombraba capital de la nación a Rosario. En 1879 fue elegido senador y un año más tarde Sarmiento lo envió a Asunción del Paraguay a negociar el tratado de paz que puso fin a la guerra de la Triple alianza. En 1873 perdió las elecciones presidenciales con Nicolás Avellaneda y entre 1877 y 1881 fue rector de la Universidad de Buenos Aires. En 1893 Luis Sáenz Peña lo nombró ministro del Interior, período en que implantó el estado de sitio en todo el país y decretó las intervenciones de las provincias de Santa Fe y San Luis. Interpelado en el Congreso Nacional por este accionar, debió dimitir a su cargo. Su cautivante e intensa vida política alcanzó su esplendor cuando en 1904 asumió como presidente de la nación.
A comienzos del siglo XX el régimen conservador presentaba fisuras. La tensión social era creciente y la oposición era impotente para hacerle frente al sistema. Sólo quedaba en pie el radicalismo y su comportamiento conspirativo. Pellegrini, Roca y Mitre, los dueños del país, no tenían más que ofrecer. En 1888, Bernardo de Irigoyen, en famosa interpelación a Quintana en el Senado, reconoció apesadumbrado que el país se había quedado sin sistema político, el factor que garantiza la estabilidad política de las naciones modernas. En las vísperas de las elecciones presidenciales de 1904 sólo existía un partido político a nivel nacional: el PAN (partido autonomista nacional). Lejos de presentarse como una fuerza homogénea y disciplinada, existían en su seno facciones antagónicas. A raíz de la cuestión sobre la unificación de la deuda interna, Pellegrini se alejó de Roca de manera definitiva. El mitrismo era la columna vertebral del Partido Republicano y el gobernador bonaerense Ugarte organizó los Partidos Unidos. Con la abstención radical, las candidaturas emergieron de esas fuerzas políticas influyentes. Al comienzo, tres fueron los candidatos: Carlos Pellegrini (PZN), Manuel Quintana (antiguo mitrista) y Marco Avellaneda (ministro de Hacienda). Roca decidió convocar a un conjunto de notables y en octubre de 1903 eligieron a quintana como candidato presidencial del oficialismo. Roca prefirió la elección de un antiguo adversario suyo, pero conservador hasta la médula, para socavar las chances de Pellegrini. Es probable que Roca tuviera en mente un segundo período presidencial y Pellegrini conspiraba contra su plan de retorno.
José Evaristo Uriburu fue candidato del partido republicano en una convención que se celebró un mes después de la reunión de notables convocada por Roca. El ambiente político se asemejaba a un mar embravecido. Como expresa Carlos Melo en su historia de los partidos políticos argentinos, todos pensaban que Roca se había valido de Quintana para desembarazarse de Pellegrini, sin perjuicio de dañar, al mismo tiempo, la figura de Quintana. Estas presunciones adquirieron volumen cuando en abril de 1904 un comité partidario de la candidatura de Avellaneda, presidido por Luis M. Drago, se la ofreció formalmente. Avellaneda la aceptó sin dudar. Inmediatamente, sus partidarios se aliaron con los republicanos para esmerilar la figura de Quintana, pero éste contaba con el apoyo del gobernador Ugarte y de los sesenta electores de Buenos Aires. Consciente del poderío de Quintana, Roca, apostando por su fracaso como presidente, negoció la vicepresidencia a favor de Avellaneda. Pero éste, cansado de tanto manoseo, renunció a la candidatura que lo hubiera depositado en la vicepresidencia. Roca, necesitado de pactar con Quintana, aceptó finalmente al candidato de éste: José Figueroa Alcorta.
Los comicios presidenciales se celebraron el 10m de abril de 1904. Resultó triunfadora la fórmula Quintana-Figueroa Alcorta. El flamante presidente, un “dogmático y estoico ante el deber”, según Ibarguren, se presentó como un genuino demócrata, partidario de partidos políticos orgánicos, y conservador, tanto política como filosóficamente. Su objetivo fundamental fue ordenar la nación y desarrollarla económicamente. Tuvo éxito ya que a partir de 1904 y hasta 1912 se revivió la inmigración y el país experimentó un auge en su economía. Pero Quintana no estaba solo en el poder. Tuvo el soporte, entre otros, de José A. Terry (un ortodoxo ministro de Hacienda) y de Joaquín v. González (un eficiente ministro de Justicia e Instrucción Pública). Éste se encargó del ordenamiento del sistema educativo y de la aprobación de la ley 4699, que legitimaría el acuerdo con la provincia de Buenos Aires acerca del establecimiento de la universidad de La Plata.
Sin embargo, en 1905 sufrió una revolución comandada por Yrigoyen. Un manifiesto de febrero de ese año expresaba lo siguiente: “La República ha tolerado silenciosa (estos) excesos en horas de incertidumbre, ante el peligro de complicaciones internacionales, llevando la abnegación hasta el sacrificio, en homenaje a su solidaridad y con la esperanza de ver cumplida la promesa tantas veces reiterada de una nación espontánea, que eliminara la necesidad de una nueva conmoción revolucionaria”. Pese a que los revolucionarios llegaron a tener de rehén al mismísimo vicepresidente de la nación, Quintana se negó a negociar con los revolucionarios y calificó al movimiento como un “motín de cuartel”. Finalmente, ordenó al general Lorenzo Vintter apagar el foco rebelde en córdoba, reclamando a los sublevados su total y absoluto sometimiento a las autoridades constitucionales vigentes. La firmeza de Quintana fue decisiva. La perplejidad de los revolucionarios fue la frutilla del postre. La revolución se deshizo como un castillo de naipes. En agosto un anarquista intentó asesinarlo pero el proyectil no salió. Falleció meses más tarde. Había pasado a la eternidad uno de los últimos conservadores puros.
Fuentes:
-Manuel quintana: Wikipedia, la enciclopedia libre.
-Carlos Floria y César García Belsunce: Historia de los argentinos, ed. Larousse, Bs. As., 1992, págs. 754/758.
El aporte de David Easton a la teoría política
Identificación del sistema político
Ser y Sociedad (primera parte)
18/3/021
Para el análisis sistémico la vida política constituye un sistema de conductas-el sistema político-conceptualmente diferente de los otros sistemas que forman parte de la sociedad. Emerge, pues, la fundamental cuestión de identificar al sistema político. ¿Qué elementos forman parte del sistema político y cómo se los identifica? ¿Qué criterios deben empelarse para proceder a la identificación del sistema político? La identificación de las interacciones propiamente políticas constituye uno de los pasos críticos para analizar la dinámica política. Para ello es fundamental tener presente las lecciones de la historia (la experiencia pasada) y la observación de los sistemas (experiencia presente). La vida política ha sido caracterizada de diversas maneras a lo largo de la historia. Ella ha sido descripta, sucesivamente, como el estudio del orden, del poder, del estado, de la política pública, del proceso de toma de decisiones o, finalmente, del monopolio de la utilización de la fuerza legítima. En varias de sus obras David Easton desmenuzó estos puntos de vista y las razones que existen para considerarlos, en comparación con la concepción sistémica de la política, poco útiles para analizar científicamente la vida política. El análisis sistémico constituye, pues, una etapa superior del desarrollo intelectual de la ciencia política.
¿Cómo describe Easton la vida política? “En su contexto más amplio, la, vida política, a diferencia de los aspectos económico, religioso, etc. de la vida, se puede describir como un conjunto de interacciones sociales de individuos y grupos. Las interacciones son la unidad básica de análisis” (“Esquema para el análisis político”, ed. Amorrortu, Bs. As., 1976, pág. 78). Esta interpretación lejos está de ser superficial ya que resulta antagónica de una tendencia que sigue vigente en el mundo de la investigación: centrar el análisis directamente en las estructuras particulares (formales e informales) por cuyo intermedio se manifiestan las interacciones políticas. Todavía es común que los estudiosos de la vida política enfoquen su atención en las legislaturas, los poderes ejecutivos, los partidos políticos, los tribunales y los grupos de interés. Sin embargo, a raíz del descubrimiento de aquellos países en desarrollo y que presentan estructuras diferentes, aquéllos han comenzado a apartarse paulatinamente del enfoque centrado exclusivamente en el aspecto estructural de la vida política. “Desde el punto de vista del análisis que aquí desarrollamos, la estructura es definidamente secundaria, tanto que solo de manera incidental y con fines de ilustración se requiere algún comentario acerca de ella (…) Partiremos de la suposición deque hay ciertas actividades políticas y procesos básicos que son característicos de todos los sistemas políticos, aunque las formas estructurales por medio de las cuales se manifiestan puedan variar, y de hecho varíen considerablemente en cada lugar y época. Desde el punto de vista lógico, es esencial investigar la naturaleza procesual de tales interacciones políticas, y esto debe hacerse antes de examinar dichas estructuras. Esta insistencia en los procesos de interacción política da al análisis político un carácter dinámico que, como luego veremos, debe estar exento de todo énfasis prematuro e indebido en las formas o pautas de la conducta política” (pág. 79). En este párrafo Easton pone en evidencia el objetivo que persiguió al escribir este libro.
¿Qué es lo que distingue a las interacciones políticas del resto de las interacciones sociales? Lo que las distingue es su capacidad para asignar valores de manera autoritaria a toda una sociedad. En consecuencia, la investigación política se centrará en el análisis del sistema de interacciones en virtud del cual se implementan tales asignaciones obligatorias u autoritarias. ¿Cuál es la función de las asignaciones autoritarias? La distribución de cosas valoradas entre personas y grupos a través de los siguientes métodos: quitando a la persona algo valioso que era de su propiedad, obstaculizando la consecución de valores que en caso contrario se hubieran logrado y, finalmente, ayudando a algunas personas a acceder a determinados valores en perjuicio de otras. ¿Cuándo una asignación es autoritaria? cuando las personas a las que se dirige se sienten obligadas por ella. ¿Por qué los miembros de una sociedad se sienten obligados por una asignación autoritaria? Este tema, analizado sagazmente en su momento por Weber, es enfocado por Easton de la siguiente manera: “Cabe pensar que resultan distinciones importantes según que las asignaciones se acepten como obligatorias por temor al empleo de la fuerza, o bien de una sanción psicológica severa, como las imprecaciones en los sistemas primitivos o el oprobio social en otros más complejos. El interés personal, la tradición, la lealtad, un sentido de la legalidad o de la legitimidad, son variables adicionales significativas para explicar por qué un sujeto se siente obligado a aceptar decisiones con carácter de autoritarias” (pág. 80). El miedo constituye la razón fundamental de la obediencia a las órdenes del poder. La obediencia basada en el temor se da tanto en las democracias como en las dictaduras, aunque, cabe reconocer, la existencia de una diferencia de naturaleza entre el miedo en democracia y el terror bajo una dictadura.
Ahora bien, si el análisis de la vida política se basara exclusivamente en la asignación autoritaria de valores, con prescindencia de su contenido, emergería un campo de análisis muy difícil reabarcar, ya que en otros grupos que no son propiamente políticos también se asignan autoritariamente valores. En efecto, en los grupos familiares, religiosos, educativos y económicos, se dan asignaciones de naturaleza autoritaria. ¿Cabe considerarlos sistemas políticos? Easton responde: “Aunque, como dije antes, para algunos fines pueda ser provechoso ampliar el concepto “sistema político” de modo de incluir estos aspectos de grupos y organizaciones, a nosotros nos bastará con considerarlos análogos más que isomórficos, en relación al sistema político de una sociedad. Por esta razón, es posible que el examen de las estructuras y procesos relacionados con la asignación autoritaria de valores en organizaciones y otros grupos, resulte muy útil para iluminar las estructuras y procesos del sistema político societario más amplio” (págs. 81/82). Sin embargo, estos grupos pequeños, en comparación con el sistema político, no son idénticos. Por el contrario, existen profundas diferencias, tanto teóricas como empíricas, De ahí la imperiosa necesidad de efectuar una nítida distinción entre el sistema político y los otros sistemas menos inclusivos, a los que Easton denomina sistemas parapolíticos.
José Ingenieros y la escuela
Ser y Sociedad-21/3/012
En estos momentos el sindicalismo educativo de Santa Fe lleva a cabo una huelga de tres días que afecta la educación pública de miles de chicos. Nadie niega la legitimidad del reclamo ni la ejecución de un derecho amparado por la constitución nacional. Pero nunca hay que perder de vista a quienes más se ven perjudicados: los futuros ciudadanos del país. Es por ello que en estos momentos de crispación entre el gobierno de Bonfatti y Amsafé, es bueno rememorar lo que pensaba José Ingenieros de la escuela (“Las fuerzas morales, págs. 93/100).
“La escuela es un puente entre el hogar y la sociedad. Siendo su finalidad inmediata convertir al niño en ciudadano, deberá estar en contacto con la vida social misma, con la familia, con la calle, con el pueblo, vinculada a sus sentimientos, a sus esfuerzos, a sus ideales. La escuela de leer, escribir y las cuatro operaciones es un residuo fósil de las sociedades medievales, como los castigos y los exámenes. En cada región, ciudad, aldea, conviene que la escuela refleje las actividades más necesarias a la vida, convirtiéndose en una prolongación del hogar, con sus costumbres y trabajos habituales. Convertida la educación en aprendizaje social, la escuela podrá anticipar a los niños lo que éstos devolverán a la sociedad cuando sean hombres. El alimento, el vestido, el juguete, el libro, la herramienta, deben ser dados gradualmente, para educar al niño en una atmósfera de solidaridad y de confianza, para enseñarle que todos los padres trabajan para todos los hijos. La primera función de la escuela es demostrar que la actividad es agradable cuando se aplica a cosas de provecho. El niño debe aprender a trabajar jugando, entre caricias y sonrisas, entre pájaros y flores; cuando la escuela le resulte más divertida que el hogar, mezclando los juegos a la producción de cosas útiles, amará el trabajo, lo deseará y al fin estará satisfecho viendo salir de sus manos cosas estimadas, como espontánea retribución de las enseñanzas recibidas” (…).
“La vida escolar debe preparar para la acción cívica. El trabajo y la lectura deben desarrollarse simultáneamente desde la iniciación escolar. Es absurdo atiborrar la memoria de palabras y de fechas, sin desenvolver al mismo tiempo las aptitudes físicas del organismo y los sentimientos de solidaridad social. Conviene perfeccionar aquellos métodos que permiten asociar la teoría a la práctica, combinando lo racional con lo manual, lo profesional con lo estético, lo abstracto con lo plástico, lo estático con lo funcional. Siendo el trabajo el primer deber social, debe la escuela preparar al hombre para cumplirlo. El perfeccionamiento de la capacidad técnica convertirá a todo oficio en un arte y todo trabajador aspirará a ser un artista en su profesión. Al principio se educará para el trabajo no especializado, estimulando la agudeza de ingenio y la habilidad manual; antes de aprender un arte es necesario adquirir el hábito del esfuerzo, que después se aplicará al desarrollo de la vocación. Desde la escuela debe formarse en el niño el sentimiento de responsabilidad social, con el derecho de intervenir en la organización educativa y con el deber de acatarla. Mediante una intensa vida cívica escolar se irá formando el ciudadano opinando y deliberando en asambleas, proponiendo iniciativas, señalando imperfecciones, adquiriendo el hábito de ser libre y veraz. El joven tendrá carácter, dignidad, firmeza, entrando a actuar en la vida civil como un hombre y no como una sombra”.
“La escuela no cabe en los límites estrechos del aula. Además del jardín, el taller, el museo y la palestra, la función escolar necesita la cooperación de organismos complementarios, indispensables para el perfeccionamiento vocacional de la cultura superior. Una sociedad que comprende sus intereses debe multiplicar la excursión educativa, a fin de que el niño pueda conocer las cosas y las energías de la naturaleza, e informarse de las técnicas perfeccionadas que mejoran el trabajo humano (…) La enseñanza escolar podrá ser extendida en el porvenir mediante grandes iniciativas editoriales, dirigidas por corporaciones de escritores, hasta multiplicar por millones la tirada de las obras de mérito, clásicas y modernas, útiles y agradables, de ciencia y de imaginación. Feliz la sociedad en que no lea el que no quiera leer, pero donde nadie deje de hacerlo por falta de libros (…) El trabajo educacional implica la más grave responsabilidad social. El que acepta la tarea de enseñar y no la desempeña eficazmente, causa un daño irreparable a la sociedad que el confía el porvenir. El maestro debe desenvolver en sus alumnos todas las aptitudes, pues ellas serán más tarde capacidades convergentes al bienestar de su pueblo. La mayor eficacia del maestro no se obtiene recargándole de trabajo, sino exigiéndole más amor a sus deberes; la ventaja no está en que un hombre enseñe durante muchas horas, sino en que enseñe con gusto y bien durante pocas (…) Educar es desenvolver la capacidad para trabajar y el derecho a la vida presupone el deber del trabajo. Al entreabrir las inteligencias y adiestrar las manos debe preverse que ellas pensarán y trabajarán en un ambiente moral donde se irán atenuando las injusticias y los privilegios”.
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