Por Carlos Tórtora.-

La demora de Martín Menem en oficializar los nombres de los 8 representantes de la Cámara de Diputados en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que debe tratar el mega DNU puede generar una nueva crisis. El Ejecutivo envió al Congreso el DNU el viernes 5 del corriente y, según lo establece el inciso tercero del artículo 99 de la Constitución Nacional, la Comisión Bicameral Permanente tiene 10 días para enviar su despacho a las cámaras para su inmediato tratamiento. Pero ocurre que Menem mantiene una controversia con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Éste sostiene que se debe aplicar el sistema D’Hont y que le corresponden al peronismo 4 miembros, en tanto que para el riojano deben ser sólo 3.

El caso es que el plazo para que la Comisión se expida vence el próximo viernes 19 y la misma ni siquiera está conformada.

Una suma de crisis

La clave de esta situación está en el artículo 20 de la ley 26122, que dice: «Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior, sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate, de conformidad con lo establecido en los artículos 99 inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.

Pero la cuestión es más compleja, porque en las sesiones extraordinarias sólo se tratan los temas propuestos por el Ejecutivo. Las Cámaras tendrían entonces que autoconvocarse para tratar el DNU, lo cual no es simple. Así las cosas, los diputados menemistas se encuentran en una encrucijada. De continuar empantanada la designación de los miembros de la Comisión, deberían optar entre permanecer inactivos -y entonces se los criticaría por consentir el DNU y hacerle en consecuencia el juego al gobierno- o exigir que la Cámara se reúna para aprobar o desaprobar el decreto. La misma opción tendría el bloque de UP en el Senado.

Cómo están las cosas, ya se están contabilizando los votos que tendría la derogación del decreto y trascendió que, en una curiosa alianza, operadores de la CGT y de Elisa Carrió estaban trabajando para voltear la norma. La inminente crisis por el mega DNU vendría a coincidir con el intento del gobierno para sancionar en Diputados la ley ómnibus.

Share