Por Miguel Ángel Reynoso.-
Nunca ha sido un misterio para los integrantes de la fuerza policial más grande y antigua del país que los derechos de sus integrantes en su primaria calidad de ciudadanos y en segundo lugar en el de trabajadores, que siempre se han reconocido parcialmente, o directamente no se han reconocido al menos en relación a los demás habitantes de este suelo, y que aunque se reconozca la relatividad de aquellos que específicamente se encuentran amparados tanto por la Constitución Nacional y la de la propia Provincia de Buenos Aires por cuanto debe estarse a “conforme de las leyes que reglamentan su ejercicio”, precisamente cuando en aquellos casos en que la ley existe, su no cumplimiento implica un agravio mas a nuestra condición de ciudadanos al parecer por el solo hecho de nuestra condición laboral de policías, es decir servidores públicos dependiente del mismo Estado.
Dentro del amplio espectro de derechos no respetados para con nosotros, los policías, se encuentra algo realmente incomprensible a esta altura del momento democrático y de cambio que vive nuestro país y es el hecho de la imposibilidad de realizar en tiempo y forma, conforme a lo especificado en la Ley respectiva el cambio de autoridades de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones, nada más y nada menos que nuestro sistema previsional que asegura a todos los policías una vejez sosegada en compensación de tantos años de sacrificio, al que debe sumarse la administración del muchísimas veces millonarios recurso económico del Fondo de Ayuda Financiera, administrado en la misma entidad y constituido por los aportes exclusivos de todos los policías, activos, pasivos e incluso pensionadas.
Ya en el gobierno anterior se burló olímpicamente el resultado de las elecciones para ocupar los cargos establecidos por la Ley, adjudicándose la presidencia del organismo por la curiosa resolución de “respetar el orden alfabético de los candidatos”, y no por la cantidad de votos obtenidos, aunque en este caso desde APROPOBA denunciamos oportunamente la complicidad de nuestras entidades representativas que lo propusieron.
Vencido el mandato de las autoridades cuya presidencia se eligiera de forma tan extraña y cumplimentado el cambio de signo político de gobierno en nuestra provincia los policías confiamos en que la cosa cambiaría y el respeto de la Ley sería la premisa que junto a la promesa de otros cambios, combate a las mafias, a la corrupción y otras mejoras a la Institución Policial, de las que por supuesto nadie puede estar en desacuerdo, tristemente hemos observado que se dejaron vencer los plazos para la renovación de autoridades que marca la Ley de nuestra Caja, y además no se convocaron a cubrir cargos por demás importantes en la Comisión Fiscalizadora del Fondo de Ayuda Financiera, constituyéndose los actuales integrantes en “funcionarios vitalicios”, o a capricho de las autoridades provinciales.
Por otra parte, la renovación de la presidencia y de los demás cargos cuya convocatoria también en forma inexplicable se demoró por varios meses y aún realizadas las elecciones correspondientes por las Entidades Representativas y presentadas las ternas que marca la Ley, siguen pasando los meses sin que se produzcan los nombramientos respectivos mientras se prolonga un mandato en forma contraria a la ley y sin razón alguna, al menos visible.
Entretanto rumores de todo tipo producen gran inquietud en las filas policiales que no encuentran explicación alguna a semejante demora precisamente en un gobierno que día a día nos hace llegar un mensaje de transparencia y legalidad, por lo cual precisamente la mayoría de los policías lo apoyaron con su voto. Investigaciones del Tribunal de Cuentas sobre excesivos nombramientos en la planta de personal de la Caja, necesidad de tiempo para solucionar “cuestiones” pendientes incluso de la administración anterior, y cuidado de intereses que no serían precisamente los de los afiliados, son algunos de los rumores que circulan a diario para procurar explicar algo que resulta por demás difícil entender, cabiéndose preguntar a esta altura si tanto el Ministro de Seguridad Sr. Ritondo, como la Gobernadora Vidal tienen conocimiento de esta situación y si la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio del área, responsable de estos trámites actúa en forma correcta y eleva la documentación para que el trámite finalice pronto con la firma del ministro y la designación de las nuevas autoridades surgidas del voto de afiliados, para poder así aplaudir la gestión política al recibir una señal que no haga sentir a los policías que no estamos del todo olvidados.
Deja una respuesta