Por Carlos Tórtora.-

Ante el agravamiento de la situación de seguridad en Rosario, Patricia Bullrich anunció la constitución de un Comité de Crisis y que se le pedirá al Ministerio de Defensa el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta medida se tomaría aplicando el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior. El mismo prevé la afectación como apoyo a las operaciones de seguridad interior de los servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y comunicaciones, pero también de ingenieros y transporte. Como se ve, la ley autoriza a intervenir a una amplia gama de los servicios militares. En 40 años de democracia, ningún gobierno utilizó este mecanismo de participación y prevaleció la doctrina de que las fuerzas armadas en ningún caso deben intervenir en la seguridad interior. La intervención del artículo 27 no deja dudas acerca de que todo se limita a una participación logística y que no hay intervención armada. Sin embargo, la realidad siempre plantea situaciones más complejas. Por ejemplo, si una unidad de comunicaciones del Ejército es atacada por delincuentes, a los militares no les quedaría otra salida que repeler la agresión. La decisión que podrían tomar JM y Bullrich sería audaz, porque constituiría un precedente importante. Por ejemplo, habría razones suficientes como para aplicar el artículo 27 en la frontera norte, en las zonas donde la operatoria del narcotráfico es importante.

Resistencia castrense

Lo cierto es que si el gobierno avanzara con la intervención militar, se levantaría un coro opositor acusándolo de querer militarizar la seguridad. Pero ayer a última hora, la resistencia a la medida sonó fuerte en el Estado Mayor del Ejército, cuya cúpula se opone férreamente a intervenir, aunque sea sólo en logística, en cuestiones de seguridad. Los generales creen que la intervención «contaminaría» rápidamente a los cuadros militares. El razonamiento castrense es muy simple: los oficiales y suboficiales hoy muy mal pagos entrarían en contacto con el mundo de riqueza que envuelve al narcotráfico y se verían tentados. Como ejemplo de corrupción, citan lo ocurrido en las fuerzas armadas mexicanas.

El otro argumento también tiene su peso y es que los militares no están entrenados para el trabajo policial y las diferencias con la función castrense son enormes. Temen los mandos que una innovación como esta termine por desnaturalizar al Ejército. Exagerados o no, estos son los argumentos que Luis Petri llevó a la Casa Rosada.

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