La Agenda de Género se escabulle en Argentina y crea la Diplomatura en Género y Derechos Humanos

En medio de la crisis económica y social debido al confinamiento en que la República Argentina está inmersa desde el 16 de marzo, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de la mano con la “Dirección de Género y Diversidad”, dependiente de la “Prosecretaría de Derechos Humanos”, lanzó la “Diplomatura en Género y Derechos Humanos”.

En el martes 7 de julio, la “Agenda de Género” aprovechó la cuarentena impuesta por el poder ejecutivo desde comienzos de marzo (confinamiento obligatorio que avasalló contra los principales derechos y garantías del ciudadano de a pie), para escabullirse lenta y silenciosamente en la agenda educativa de Argentina.

Bajo la excusa de “promover procesos de transformación para llegar a la construcción de un sistema más inclusivo” y “acompañar, potenciar y certificar saberes de personas que integran y sostienen redes comunitarias, organizaciones territoriales e instituciones de la sociedad civil, entre otras interesadas en la problemática de las violencias de género”, la UNLP, bajo la mirada de su propio lema “por la ciencia y por la Patria”, da rienda suelta a su cometido de construcción hacia un pensamiento único y hegemónico.

¿Quiénes podrán acceder?

El único requisito para poder realizar la diplomatura es ser mayor de edad y tener el ciclo básico terminado (estudios primarios completos).

¿En qué consiste?

a) Un curso de 32 horas reloj que certifica como Promotor/a en Prevención de la Violencia de Género.

b) Un curso de 72 horas reloj que certifica como Curso de Operador/a en Prevención de la Violencia de Género.

c) Un curso de 103 horas reloj que complementa los dos anteriores, y acredita como Diplomado/ a en Género y Derechos Humanos, sumando un total de 207 horas reloj.

¿Cómo se evaluará?

La evaluación será en proceso y una final que será realizada por cada participante en forma anónima e individual.

¿Mediante qué formatos se podrá rendir el examen?

Se prevé la presentación de un programa o spot radial, video, mural, análisis de una situación, una sentencia judicial (de acuerdo a las posibilidades grupales) entre otros, que den cuenta de la mirada construida a través de los encuentros.

Los cursos que forman parte de esta Diplomatura son los siguientes:

Curso 1: Promotor/a en Prevención de Violencia de Género

Curso 2: Operadoras en Prevención de la Violencia de Género

Curso 3: Diplomatura en Género y Derechos Humanos

Así es como se logra instaurar una ideología que busca predominar en el campo de los saberes mediante acciones rimbombantes que, bajo la bandera de la “inclusión”, terminan excluyendo la multiplicidad de opiniones.

Sin embargo, no sólo excluyen opiniones, sino que también obligan a costear sus antojos al resto de la sociedad. En este sentido, la UNLP, es una universidad pública, es decir que la principal fuente de financiamiento de la casa de altos estudios proviene del Tesoro Nacional, es decir, del dinero del contribuyente, ya lo decía Margaret Thatcher “si el Estado quiere gastar más, solo lo puede hacer pidiendo prestado de tus ahorros o cobrándote más impuestos. No existe tal cosa como el dinero público. Solo existe el dinero de los contribuyentes”.

La “gratuidad” de la enseñanza universitaria, así como el ingreso irrestricto y la autonomía, son condiciones características de la enseñanza superior en Argentina desde el gobierno de Hipólito Yrigoyen, (donde se instauró una forma de gobierno nacional y popular en donde el Estado adquirió una posición cada vez más preponderante incrementando su rol de intervencionista) y que se acrecentaron bajo las directrices de mando de Juan Domingo Perón.

Agustina Blanco*

@Agus_BlancoOk

* Periodista por el Colegio Universitario de Periodismo. Lic. en Comunicación Social por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Investigadora de la Fundación Centro de Estudios LIBRE. @Agus_BlancoOk

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Emi
Emi
4 months ago

ESTOS CURSOS O DIPLOMATURAS, SON HERRAMIENTAS DEL MARXISMO CULTURAL, QUE SE VIENEN INCOPORANDO EN TODAS LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS; EN GENERAL SE BUSCA EL PENSAMIENTO ÚNICO. LOS CONTRIBUYENTES TENEMOS QUE SOSTENER TODOS ÉSTOS GASTOS IDEOLÓGICOS.
POR OTRA PARTE SABEMOS QUE EN LA MAYORÍA DE LAS FACULTADES, SE HACE APOLOGÍA DE LA LUCHA ARMADA, TERGIVERSANDO TODO LO OCURRIDO EN LOS AÑOS 1965-1980. CONTINÚA EL NEGOCIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

HECTOR
HECTOR
4 months ago

ESCRIBES,” como dijo Margaret Thatcher “si el Estado quiere gastar más, solo lo puede hacer pidiendo prestado de tus ahorros o cobrándote más impuestos. No existe tal cosa como el dinero público. Solo existe el dinero de los contribuyentes”.
CORRECCION: Se olvida el “tesoro público” formado por el desarrollo de la sociedad ( denominado en estos dias “capital social”) que se manifiesta en el precio de mercado cada lote de tierra libre de mejoras y por el cual cada propietario de un lote debe pagar anualmente el “interes” de ese capital.
Fue intuido por los Fisiocratas c. 1750 , receptado por los Patriotas de Mayo que aprobaron la Ley de Enfiteusis en 1826, explayado cuidadosamente por Henry George en 1870 en su obra PROGRESO Y MISERIA y acogido por el presidente argentino Roque Saenz Peña en el proyecto enviado al Congreso en 1912 . Este proyecto economico era el hermano gemelo de su proyecto politico : el voto universal. Hoy todo esto es ignorado en la Universidad, en la que se enseña que la Produccion es resultado del Trabajo mas el Capital. ¿Y la tierra, don de Dios? Nada por aqui, nada por alla.
Asi en un tris-tras, desapareció la Tierra de la ciencia economica y del Derecho, a pesar de ser la base ineludible de la Produccion . Y con ella desparecio su Renta , recurso fundamental para el gasto publico. .
Su falta ha sido sustuida con IMPUESTOS e INFLACION! Ambos castigos a la produccion y al consumo y promotores de la cronica guerra civil que nos aflige. . A este absurda “teoria” , la que oculta a la tierra y su renta, se la llama ” capitalismo” y mas recientemente “neo-capitalismo” , las que para desgracia nuestra imperan. Ojala le aproveche esta informacion.

Marco Licinio
Marco Licinio
4 months ago

Gran parte de nuestros IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, son para pagar juicios contra las Fuerzas Armadas y de Seguridad; me comentan que ahora vienen otros juicios tuvimos Esma 1,2,3, comenzará el juicio Esma Residual y Esma unificado; todo ésto acarrea un enorme gasto, pués los jueces cobran otro sueldo por llevar éstos causas, dispendio de personal, luego indemnizaciones y gastos… CONTINUA EL NEGOCIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE PAGAMOS LOS CIUDADANOS.
QUE EL DINERO VAYA A LAS JUBILACIONES Y A LOS HOSPITALES

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4 months ago
Reply to  Marco Licinio

ES LA CONSECUENCIA DEL PACIFISMO QUE PROFESAN GENTE COMO UD Y LA TAL EMI…. ASI NOS VA.

Dulio
Dulio
4 months ago

LA RFF REPUDIA LA ADHESIÓN DE LA CIUDAD AL PROTOCOLO DE ABORTO

En el día de ayer la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consumó una nueva iniquidad: Aprobó un proyecto de ley para que la jurisdicción adhiera al Protocolo de aborto implementado por la Resolución N° 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.

Frente a ello, la Red Federal de Familias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su enérgico repudio a la adhesión a un Protocolo que, como los demás adoptados en algunos distritos del país (incluso el dispuesto por Resolución 1252/MSGC/12), constituye una inadmisible sistematización de procedimientos tendientes a la eliminación aleve de seres humanos inocentes e indefensos y declara:

1. Esa decisión injusta e ilegítima, violenta directamente la Ley Natural, así como expresas normas positivas de jerarquía constitucional, que garantizan la inviolabilidad del derecho intrínseco a la vida que, de manera, absoluta e inalienable, pertenece a todo ser humano inocente desde el instante de su concepción.

2. Así, su contenido vulnera directamente los artículos 16 y 29 de la Constitución Nacional. El primero, en cuanto consagra la garantía de la igualdad ante la ley; y, el segundo en cuanto fulmina con nulidad a cualquier mecanismo mediante el cual se pretenda el establecimiento de sumisiones o supremacías por las cuales la vida de los argentinos quede a merced de potencia o persona alguna. Esto implica la nulidad absoluta e insanable de las normas de la segunda parte del artículo 86 del Código Penal, que establecen esas supremacías en desmedro de las personas por nacer afectadas por sus dos incisos, así como la invalidez de cualquiera otra norma -como el Protocolo en cuestión- que, con la pretensión de fundarse en esos dispositivos, consienta y amplíe esas sumisiones o supremacías.

3. Además, los fundamentos que invocan en el Protocolo al que se adhiere, a saber: el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F., A.L” y normas del Código Penal (que estimamos nulas, inconstitucionales y derogadas) se encuentran en pugna con el principio de derecho público constitucional que, sin cortapisas, consagra la protección del derecho intrínseco a la vida de todo ser humano inocente desde el momento de su concepción, tal como se desprende de los artículos 1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1 (de acuerdo con la declaración argentina formulada en cumplimiento de la Ley 23.849) y 6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

4. Asimismo, los supuestos de aborto provocado que se postulan como “legales” (y no lo son), contravienen no solo las disposiciones de jerarquía constitucional citadas precedentemente, sino también el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 3 de la Ley N° 26.061, dispositivos que consagran el interés superior del niño (que siempre ha de ser vivir), estableciendo el citado en último término que “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.

5. Con el temperamento adoptado se postula una falsa e inexistente obligación estatal de garantizar la práctica del aborto, lo que no solo no surge de disposición legal alguna, sino que contradice específicamente la obligación de garantizar al máximo la supervivencia y desarrollo de todo niño (incluidos los por nacer) asumida por la Nación Argentina en el artículo 6.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

6. En ningún caso el Estado (nacional, provincial o municipal) puede favorecer o facilitar medio alguno para la práctica de cualquier aborto voluntario, pues ello conspira contra sus propios fines, y directamente violenta normas de indiscutible supremacía constitucional.

7. Con la adhesión al Protocolo, se propugna la perversión de la medicina, al pretender que el aborto sea considerado un “acto médico”, lo cual implica la negación de la medicina misma y resulta incompatible con la única misión de cualquier médico: proteger y promover la vida humana, nunca destruirla.

8. El Protocolo aniquila –en los hechos- el derecho constitucional a la objeción de conciencia (garantizado por los artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), vulnerándose por ello el precepto del artículo 28 de la Constitución Nacional.

9. Las infundadas amenazas de responsabilidad civil, penal y administrativa que, en orden a la práctica del aborto o a la colaboración con él, que el Protocolo dirige hacia instituciones públicas y privadas de la salud, sus directivos, y su personal médico y no médico, importan el establecimiento del terror en materia de salud, y se encuentran en ostensible contradicción con principios elementales del arte de curar (Juramento Hipocrático) y el texto expreso del artículo 10° inciso b) de la Ley N° 24.004.

10. En los hechos, el contenido del Protocolo en cuestión conlleva a la práctica del aborto a sola demanda, propiciando –incluso- que sea practicado a menores de edad, aún en contra de la negativa de sus padres, en función de una grosera tergiversación del sentido del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación.

11. La invisibilización de la persona por nacer subyacente en las decisiones que cuestionamos, violenta las disposiciones de los artículos 1.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1° (de acuerdo con la declaración formulada en cumplimiento de la Ley N° 23.849), 3° y 6° de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1°, 3° y concordantes de la Ley N° 26.061, 19, 24, 51 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación

12. La pretensión “desjudicializadora” implicada en el Protocolo y su adhesión, significa la lisa y llana violación de los preceptos de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 27, 28 y 29 de la Ley 26.061, 109, inciso a) y 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y 54, incisos a), b), c) y f) de la Ley N° 24.946.

13. El contenido del Protocolo al que se adhiere, que puede verse en la página web del Ministerio de Salud de la Nación (en particular la instrucción indiscriminada para la ejecución de abortos en sus distintas variantes, incluyendo explicaciones, gráficos y figuras para hacerlo, así como dosis, vías de administración y esquema de uso para su realización medicamentosa), constituye la lisa y llana promoción de la matanza de niños concebidos y no nacidos, mediante la difusión masiva de las instrucciones para su fácil realización por cualquier persona, aún en ámbitos domésticos.

Buenos Aires, 17 de julio de 2020.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1206, 17 de julio de 2020

Editora: Lic. Mónica del Río

Página web: http://www.notivida.org

Email: notivida@hotmail.com

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Citando la fuente y el autor, se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos contenidos en cada número del boletín

Dulio
Dulio
4 months ago

LA CIUDAD DE BSAS ADHIRIÓ AL PROTOCOLO DE ABORTO DEL MINISTERIO DE SALUD . PROYECTO INMORAL.

El proyecto sancionado es inmoral, ilegítimo e inconstitucional, pero le otorgaría un barniz de aparente legalidad a los miles de abortos que anualmente se practican en la Ciudad.

La Legislatura porteña aprobó hoy sobre tablas el proyecto de ley (expte. 3153/2019) por el cual la Ciudad adhiere al Protocolo de aborto implementado por la Resolución Nº 1/2019, del Ministerio de Salud de la Nación. La votación arrojó 50 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones.

Votaron en contra los diputados de Vamos Juntos: Claudio Cingolani, Juan Facundo del Gaiso, Carolina Estebarena, Ma. Luisa González Estevarena Guillermo González Heredia, Paola Michielotto y Claudio Romero.

Se abstuvieron: Héctor Apreda y Agustín Forchieri, ambos de Vamos Juntos, y Eugenio Casielles de Consenso Federal.

El Protocolo se traduce en la práctica en aborto a demanda desde los 13 años, aunque los padres desconozcan o desaprueben la decisión. No hay límite de edad gestacional para perpetrarlo. La objeción de conciencia es sólo “individual” y todos los servicios de salud, públicos o privados, deberán hacer abortos.

Destaquemos que -aún sin haber adherido- la ciudad de Buenos Aires ya venía aplicando un Protocolo similar, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, tal como se puede ver en la pág.19 del informe “Salud sexual y reproductiva en la ciudad de Buenos Aires Situación y respuesta 2016-2018”, publicado en diciembre de 2019.

Con esta ley, Rodríguez Larreta cubriría con un barniz de aparente legalidad los miles de asesinatos que anualmente se llevan a cabo en los centros de salud porteños.

El debate

María Patricia Vischi (Evolución Radical): Destacó la buena predisposición del Ministerio de Salud porteño, recordó que hicieron una reunión informativa con funcionarios de esa cartera y elogió los informes presentados en aquella oportunidad. Entre esos datos resaltó que en el 2014 los abortos se hacían sólo en 2 hospitales de la Ciudad y que para el 2018 la mayoría se practicaban en los centros de atención primaria. Enfatizó que los abortos aumentaron un 900% en los últimos años (91 en 2014, 8388 en 2019). Y que el “90% se realizaron por la causal salud, 6% por violación y 4% por riesgo para la vida de la gestante”

Guillermo González Heredia (Vamos Juntos): Dijo que los abortos no punibles ya están incluidos en el art. 86 del Código Penal y que la Ciudad cuenta con un protocolo desde el año 2012. Afirmó que hay más de 80 efectores públicos que practican abortos por lo que no haría falta obligar a las instituciones confesionales. Reconoció que acepta el aborto en caso de que corra riesgo la vida de la madre, pero criticó la forma difusa y laxa en que el protocolo contempla la realización de la práctica bajo la causal salud.

Laura Velasco (FdT): “Este proyecto trata de derechos humanos y salud pública”. Sostuvo que los países que legalizaron el aborto, acompañando la medida con educación sexual y anticoncepción, llevaron a cero las muertes por aborto y bajaron el número de prácticas. Considera que no se puede exigir la denuncia en casos de violación. “La ILE es un derecho que desde 1921 es legal en nuestro país, la Ciudad ha sido pionera en esta materia”.

Lucía Romano (Vamos Juntos): Mencionó que en el 2012 la Ciudad dictó por Resolución un Protocolo que fue judicializado por ser considerado “restrictivo” en relación al fallo FAL, que fue el “que aclaró el alcance del Código Penal”. Según ese fallo, dijo Romano, no es necesaria denuncia policial ni presentación judicial en el caso de violación, “que mal podríamos requerir porque es un delito de instancia privada”. Agregó que la Corte exhortó a hacer operativos protocolos de atención a los abortos no punibles y reivindicó “el derecho de la mujer a decidir en una materia tan sensible”.

Gabriel Solano (PO-FIT): Recordó que al día siguiente de dictarse el protocolo nacional habían pedido una sesión especial para que la Ciudad adhiera. “Lo de hoy se logró gracias a la lucha del movimiento de mujeres en las calles”. “Argentina exportó la ola verde y el Ni Una Menos”. “Tenemos que ir por más y aprobar el aborto en el Congreso de inmediato”. Fustigó a la Iglesia Católica y a la enseñanza que en materia de ESI imparten los colegios privados.

Paola Michielotto (Vamos Juntos): “Los protocolos son de carácter operativo y los dicta una autoridad administrativa, mal puede un cuerpo de otro poder del estado y de otra jurisdicción, regular estas cuestiones” “¿Tratamos de darle carácter permanente a un manual de procedimientos que por naturaleza es dinámico?”, ejemplificó con el modo en que los protocolos de salud se modifican durante la pandemia y agregó “¿qué va a pasar cuando el protocolo se actualice?”. Se manifestó también en desacuerdo con el texto del protocolo que “excede las excepciones previstas en el Código Penal, “este protocolo introduce el aborto libre en la Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó.

Alejandrina Barry (PTS-FIT): “La marea verde es un movimiento enorme que vino para quedarse” que “implantó en la agenda pública los derechos sexuales y reproductivos”. Siempre dijimos que la pandemia no puede ser una excusa para la demora”. “Estamos discutiendo un derecho que las mujeres tenemos hace 100 años”. “Queremos ESI sin injerencia religiosa”. “Queremos aborto legal, seguro y gratuito también en el Congreso nacional”.

Marta Martínez (AyL): “Esto es producto de la rebelión feminista que es un ejemplo de lucha”. “Junto a esa lucha histórica de las feministas decimos que ‘son niñas no madres’ y que no se puede hacer parir a una niña que ha sido violada”. “Habrá 7 millones de embarazos no deseados post pandemia, legalizar el aborto es una prioridad”. “No podemos confiar en ninguna institución patriarcal, ni en la Legislatura, ni en el Congreso, tenemos que seguir peleando en las calles”, subrayó la legisladora.

Claudio Cingolani (Vamos Juntos): “En este tema no se puede ser políticamente correcto, acá no hay grises”. “Adherir a una simple resolución ministerial como se pretende es, cuando menos, lesionar el sistema jurídico”. “La Resolución le hace decir al Código Penal lo que no dice, reinterpreta las normas, amplía los alcances del art. 86 del Código y lo tergiversa”. Puntualizó que al reescribir la excusa absolutoria para el caso de riesgo para la salud de la madre se olvida algo crucial, la condición de que “ese peligro no pueda ser evitado por otro medio”. Criticó el trámite parlamentario del expediente para el que no hubo instancia de debate en comisión, sólo hubo una reunión informativa. “El protocolo le da a la mujer una sola opción: el aborto, y no contempla ninguna ayuda para que pueda seguir adelante”. “El sistema de salud pública se torna injusto”. Realzó que el Protocolo en la página 45, con “letra muy pequeña”, habla de la dosis que se debe usar para practicar un aborto en la semana 28 y remarcó que con esta norma “se soslayan todos las leyes y tratados que protegen la vida desde la concepción”. “El protocolo considera que a la mujer no hay que mostrarle la ecografía, ni hacerle escuchar los latidos del corazón del bebé”. “A la persona por nacer se le da el mismo tratamiento que a un residuo patogénico”.

Ofelia Fernández (FdT): “La ley es de 1921 y no podemos ir para atrás”. “En el 2018 el Senado eligió una opción cobarde y asesina”. “En Argentina cada tres horas una niña es obligada a gestar y parir”. “La ILE es un derecho que ahora tiene que ser una realidad”. “Los derechos sexuales y reproductivos no se toman cuarentena”.

Carolina Estebarena (Vamos Juntos): Citó la frase de la Madre Teresa “El aborto es una amenaza para la paz” y mencionó que ella pidió acompañamiento y ayuda para la madre en riesgo. “Tengo tristeza y angustia por las consecuencias de este protocolo”. Mencionó el 0800 de asistencia a las mujeres con embarazos inesperados. “Esta ley es de una injusticia extrema”.

Natalia Fidel (Vamos Juntos): “Estamos discutiendo la aplicación de una norma que tiene 100 años, para que se pueda acceder sin barreras a un derecho centenario”. El protocolo de la Ciudad quedó desactualizado. “El protocolo nacional está en línea con el espíritu del fallo FAL, que no exige intervenciones adicionales sean médicas, administrativas o judiciales”.

Manuela Thourte (Evolución Radical): Dijo que este protocolo no introduce algo nuevo porque los abortos ya se realizan en la Ciudad, que es un distrito pionero en practicarlos, “lo que estamos haciendo es darle un marco jurídico”.

Hernán Arce (PS): Hizo un reconocimiento a la “Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito” y afirmó que el protocolo reconoce “el pleno derecho de las personan a decidir sobre su cuerpo”. “Hay un hilo conductor entre el protocolo y las prácticas que ya se desarrollan en nuestros hospitales”. “Hacer propio el Protocolo es darle cobertura jurídica a los equipos de salud que hoy garantizan el acceso al aborto en la Ciudad de Buenos Aires”.

Esteban Garrido (Vamos Juntos): “El protocolo no impone el aborto no punible, da una garantía de acceso”. Ponderó el fallo FAL y leyó una cita de ese pronunciamiento sobre el rol del estado en la atención sanitaria.

Sergio Abrevaya (GEN): La necesidad de la Ciudad de tener un protocolo es central y con la adhesión al protocolo de Nación se establece una línea única.

Ma. Luisa González Estevarena (Vamos Juntos): Entre las cuestiones más preocupantes del protocolo enumeró: 1) Hay desprotección de las menores abusadas a las que se habilita a abortar sin intervención de los padres y sin denuncia previa, 2) Se desconoce el derecho constitucional a la objeción de conciencia del médico al que le prohíbe emitir una opinión científica fundada en contra del aborto y 3) Viola la libertad y el derecho a la información de la embarazada a la que no se le van a ofrecer alternativas, condicionando su decisión.

Ma. Cecilia Ferrero (Vamos Juntos): “Estamos dando un paso adelante en el acceso a derechos” no sólo para la mujer también “le quitamos angustias al personal de la salud”.

Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos): “Hablamos del ejercicio de un derecho reconocido en el Código Penal desde 1921”. La diputada considera que no se le puede pedir a las víctimas de violencia sexual que presenten una denuncia para acceder al aborto porque “es cruel y revictimizante”. “Nos quieren obligar a parir y a ser madres”. Recordó datos brindados por los funcionarios del Ministerio de Salud en la Legislatura y reconoció que “en la Ciudad de Buenos Aires la ILE está garantizada”.

Victoria Montenegro (FdT): Comenzó agradeciendo a la “ola verde” el impulso que le dio a estas políticas públicas. Destacó lo que vienen haciendo los trabajadores de la salud porteños en los centros de atención primaria y elogió las políticas del gobierno nacional en materia de salud. “El estado no puede imponer la maternidad, el protocolo permite decidir, la interrupción del embarazo es un derecho humano”.

Leandro Halperín (Evolución Radical): Celebró el modelo de construcción política que les permitió llegar a este debate. “Una mayoría circunstancial no puede imponer de manera autoritaria su verdad”. Según Halperín, cuando fueron minoría muchas mujeres no pudieron acceder a sus derechos. El Código Penal es un acuerdo colectivo, afirmó, “no puedo convertir mi moral subjetiva en moral absoluta”. “Lo que sucede en la Ciudad tiene un valor simbólico de importancia crucial” afirmó y exhortó al Congreso a avanzar en la materia.

Claudio Romero (Vamos Juntos): “No celebro que estemos tratando esto”. “Me preocupa que a la salida de la sesión un vecino me pregunte por qué en medio de la pandemia estamos ocupándonos de esto”. Este es un tema federal que se debatió en 2018 y hoy estamos legislando por encima de la Constitución. “El protocolo lo firmó el mismo ministro que dijo que no había ninguna posibilidad de que el coronavirus llegue a la Argentina porque estamos lejos de China y ni siquiera hay vuelos directos”. Destacó que el aborto no va a ser gratuito como se menciona, porque lo van a tener que pagar los porteños, sea para ellos o para cualquier persona que provenga de otra provincia o país, porque así lo contempla la ley Básica de Salud.

Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos): La ex ministra de salud porteña dijo que “el aborto es una cuestión de salud pública porque es una patología que produce una muerte o enfermedad que es evitable”. Narró que trabajó en posiciones de conducción y ejecución en los hospitales y que aprendió “que no debía juzgar, que debía ser profesional y ofrecer alternativas al paciente”. “El aborto existe y existirá con legislación o sin ella”. “No debemos discutir el aborto sino en qué condiciones se realiza”. “El aborto golpea a las mujeres más vulnerables y no se puede tener una mirada moral o religiosa, la política está para terminar con las desigualdades y el aborto es una cuestión política”. “Debemos darles a nuestros equipos de salud un marco para la práctica que vienen realizando”.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1205, 16 de julio de 2020

Editora: Lic. Mónica del Río

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