Centro de Economía Política Argentina.-

Las últimas semanas han confirmado que la política energética argentina transita por una fase de consolidación técnica, pero de alta tensión social y geopolítica. Mientras el Gobierno profundiza la ingeniería fina de la focalización de subsidios y la actualización tarifaria por inflación, el contexto internacional -con el estallido del conflicto en Medio Oriente- añade una variable de incertidumbre que ningún planificador local puede controlar. Marzo llega con boletas que, en promedio, reflejan una actualización del 2,07% en transporte eléctrico, y ajustes del 12% al 17% en PBA, pero el dato más relevante no es el número, sino el mensaje: la emergencia energética, prorrogada hasta diciembre de 2027 (DNU 49/2026), sigue siendo la excusa perfecta para una reestructuración profunda sin debate legislativo.

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