Por Oscar Edgardo García.-
Javier Milei, en la oportunidad en que se manifestó sobre su plan de privatizaciones, sostuvo que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado” dejaría de estar bajo la competencia del Estado, dado que éste “es una organización criminal”.
La actual composición del FGS, cuyo manejo es responsabilidad de la ANSeS, demuestra que el organismo actúa en sentido contrario con las ideas que expuso el primer mandatario, dado que en lo que va de su gestión la participación estatal en las empresas privadas ha experimentado un acentuado crecimiento. ,
Entre los meses de mayo y noviembre del año 2025, la ANSeS adquirió acciones por un monto equivalente a US$1.426 millones, incrementando sus tenencias accionarias en Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, YPF, Pampa Energía, Banco BBVA, BYMA, Loma Negra, Central Puerto, IRSA, Banco Supervielle, Banco de Valores, Cresud y Transportadora Gas del Norte.
Conclusión: paradójica y contrariamente a la retórica del Presidente de la Nación, en pos de privatizar los activos públicos se ha aumentado la participación estatal en el sector privado invirtiendo los recursos de los jubilados depositados en el FGS a través de compras masivas de acciones que el Ministerio de Economía realizó en el mercado bursátil local de las empresas privadas mencionadas precedentemente.
Recientemente distintos medios de comunicación anunciaron que el Gobierno Nacional está analizando nuevas medidas para reactivar la economía a través del financiamiento del mercado inmobiliario utilizando los recursos del FGS.
Es evidente que el Presidente de la Nación y los Ministros de Economía, de Desregulación y de Capital Humano han perdido todo el respeto hacia los jubilados, que observan pasivamente el destino inusual de sus fondos mientras siguen castigados con sus haberes previsionales mensuales y un importante número de ellos se encuentra esperando inaceptablemente que los jueces se dignen a dictar sentencias en las demandas que tienen contra la ANSeS y sufriendo por la falta de pago de las mismas por parte de dicho organismo que incumple con los fallos judiciales.
Los jubilados tienen el derecho de expresar libremente: ¡Viva la libertad que se va al carajo!
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