Por Roberto Fernández Blanco.-

Un pueblo de ciudadanos deseosos de convivir respetuosa y armónicamente bajo los beneficios de la libertad e inmunizados frente a toda tentativa de gobiernos totalitarios debe tener bien en claro y asumidos los conceptos rectores que preservarán sus derechos y su condición soberana.

No distinguir la diferencia conceptual entre Estado y Gobierno tiene un efecto demoledor en la conducta emocional del ciudadano pues debilita sensiblemente su condición soberana y su mal preservada libertad quedando expuesto a la condición de sometimiento respecto de un Gobierno de vocación totalitaria con componentes de mente débil y psicópatas obsesivos, petulantes y presumidos, los que, olvidando su condición de empleados públicos a sueldo designados por el pueblo mandante con carácter de mandatarios al servicio de la ciudadanía, se erigen con pretensiones de monarcas medioevales intentando arrogarse y centralizar la suma del poder adjudicándose la despótica facultad de planificar todos los aspectos de nuestra vida social y productiva, decidiendo sobre nuestros derechos y libertades, sobre nuestros bienes y emprendimientos, pretendiendo ser obedecidos en aspectos que jamás hemos resignado y nunca hemos delegado, expoliando los frutos de nuestro trabajo productivo y destruyendo nuestra capacidad generadora de riqueza y bienestar según sus caprichos, antojos, pulsiones ideológicas, obsesiones psicóticas e intereses personales.

Gobierno es la tríada de instituciones “subsidiarias” (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a cargo de empleados públicos “mandatarios” a sueldo, designados y removidos por el pueblo soberano, al exclusivo servicio de los ciudadanos, con limitadas y específicas atribuciones, obligaciones y responsabilidades que no les es permitido rebasar.

Estado somos los ciudadanos, la comunidad de personas soberanas (Autoridad Suprema) integradas como consorcio para interactuar libre, respetuosa y armónicamente según lo explicitado en el Reglamento Constitucional, los que con el fruto de nuestra producción de riqueza pagamos los sueldos de nuestros empleados públicos (funcionarios) y las expensas (convertidas en impuestos) para que se limiten a ejecutar las tareas comunitarias que les hemos encomendado.

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