Por José María Ermida.-

La suma de los acontecimientos producidos en los últimos meses protagonizados por el gobierno actuante, aprovechando sin dudas el desconcierto e incertidumbre producto de la pandemia, es de una perversión y cinismo pocas veces visto en democracia.

Arrancaron con el delirio resistido por la gente común, de la liberación de presos a mansalva, con el condimento de la revuelta sin duda armada por la versión renovada del “vatayón militante”, y que, como no podía ser de otra manera, entre otras cosas y con la excusa, ridícula en su caso, de la emergencia sanitaria, termino liberando al ex vice Boudou, el frustrado propietario de la fábrica de billetes, un personaje de cuarta categoría, con un prontuario que solamente en este país con instituciones denigradas, puede tener algún protagonismo.

Pasaron unos días con la angustia social persistiendo y, de pronto, con cierta presencia de algunos nuevos personajes impresentables, avanzan con un delirante e inconstitucional objetivo de expropiación de una empresa en concurso de acreedores y con un camino por recorrer antes de una solución concertada o el eventual dictado de la quiebra por parte del juez natural interviniente. Es casi una obviedad, que el objetivo oculto nada tiene que ver con la “soberanía” alimentaria y sin perjuicio que de la causa, pudiera derivarse alguna cuestión a investigarse en sede penal vinculada a la administración del grupo. Es tan ridícula la intervención que incluye la presencia del presidente yendo y viniendo con los clásicos ensayos, que no se entiende racionalmente como esta gente puede definir el rumbo confiable de una nación. Y todo ello, con el agravante que semejante operación, se desarrolló en medio de una negociación para reestructurar deuda en la que precisamente la confianza y la seguridad jurídica, es uno de los ingredientes fundamentales, sobre todo por la historia del país en la materia y que en las horas que corren, afortunadamente pareciera encontrar una salida concertada, al menos temporal.

Simultáneamente con estas desafortunadas intervenciones, comienzan operaciones destinadas a socavar la libertad de expresión, y dirigidas principalmente a atacar a aquellos periodistas y medios que fueron poniendo al descubierto a través de los últimos años, la trama del latrocinio perpetrado al erario público, más infame de que se tenga registro en la historia argentina, absolutamente demostrado en las causas judiciales, y lamentablemente todavía en trámite, por un sinfín de razones vinculadas precisamente, a nuestra anomia estructural de orden histórico, y los niveles de corrupción generalizada y naturalizada por la sociedad civil a través del tiempo.

En sintonía con estos hechos, aparece el tema del espionaje ilegal que naturalmente debe investigarse sin miradas sesgadas pero debemos decir además, que en estas operaciones que involucran presuntamente, funcionarios del gobierno anterior, se pone al descubierto las miserias de una especie de “sottogoverno”, como diría Norberto Bobbio, donde los recursos que debieran utilizarse para realizar tareas de inteligencia dirigidas a preservar la Nación de agresiones externas, narcoterrorismo, etc. se utilizan con fines inconfesables y como coto de caza de grupos que a veces se reportan a sus superiores, con las responsabilidades del caso, y otras no, utilizándolas en provecho propio mediante extorsiones varias y venta de información reservada. Una muestra más de la decadencia institucional, y que incluye los organismos de la Administración, pero también la representación de la sociedad en todos los niveles, política, empresarial, sindical, etc., ya que la misma es participe necesaria, en la medida que esa representación se perpetúa normalmente en sus posiciones.

Merecen también un breve comentario, algunos otros hechos sucedidos en este interregno temporal signado por la pandemia, que además muestra muchas deficiencias estructurales históricas en materia de salud pública y de orden habitacional como estamos viendo, más allá de algunos resultados alentadores en la primer etapa, pero insostenible en los días que corren por sus consecuencias de todo orden. Estos hechos referenciados, tienen que ver con la orientación en materia de política exterior por los alineamientos que se ponen de relieve. Ejemplos de los últimos días, sin duda, fue la teleconferencia del Presidente y sus manifestaciones de afecto y comunión de ideales con personajes nefastos de Latinoamérica amen de los idas y vueltas con el Mercosur y una ausencia notoria e inexplicable de posicionamientos diplomáticos consistentes a nivel regional e internacional, quizás una de las pocas políticas de estado auspiciosas puestas en marcha en el gobierno anterior.

No merece mayores comentarios por ahora hasta tener más elementos de juicio, pero es llamativo por sus eventuales implicancias, el Dec. 571/20 del PEN en relación a la competencia de las FF.AA. y regresando al estadio anterior a la reforma iniciada por el gobierno anterior apuntada a una mayor injerencia de las mismas en una acción coordinada regional en la lucha contra el narcoterrorismo básicamente en zonas fronterizas.

El funesto episodio del asesinato del ex secretario de la ex Presidente, merece dos reflexiones por el intercambio de expresiones. Una es que no hay ninguna duda que es un hecho de extrema gravedad, por el protagonismo de la víctima en el rol que cumplía en la Administración, y fundamentalmente, que se presentó en la causa como imputado colaborador e hizo declaraciones muy comprometedoras para la ex Presidente. Esto no implica en modo alguno, que alguien intente instalar la idea que es un asesinato por encargo o por venganza, pero, del mismo modo no puede soslayarse la relevancia del hecho. No es definitivamente, un hecho policial más.

La otra cuestión es que tanto las declaraciones del Presidente, el Jefe de Gabinete, como el comunicado de la think tank que nuclea al sector más duro del oficialismo, provocan el efecto contrario al deseado desde la racionalidad, es decir, en vez de acordar con todos los sectores, que en efecto, deben extremarse los cuidados para transparentar la investigación y deslindar responsabilidades de cualquier tipo, eligen el camino patético y virulento de la agresión verbal desmedida, con el agregado de caratular como odiadores a los demás.

Finalmente, en este último tiempo aciago que nos toca vivir y cuando todo el esfuerzo debiera estar puesto en planificar una salida administrada y con los menores perjuicios posibles, el gobierno lanza la idea de la reforma judicial, que es un disparate por donde se la quiera abordar e incluye naturalmente, el estropicio de aumentar el número de integrantes de la CSJN una vez más en nuestra historia, y que implica el “asesoramiento” de un elenco de juristas, que integra el mismísimo abogado patrocinante de la Vicepresidente en las causas en curso. Es tan elemental la operación armada en este momento para intentar de cualquier modo, hacer caer las causas de referencia, que el asombro y la repugnancia que genera no tienen límites, e incluye la connivencia de quienes aceptaron prestarse a semejante infamia.

Como si esto fuera poco, en las últimas horas, el ex Ministro de la CSJN, Eugenio Zaffaroni, inmoral personaje vinculado al proxenetismo y teórico de la perversión abolicionista, expreso sin ambages la necesidad de contar con una nueva constitución, haciendo referencia a que “no alcanzo con la de 1949”. Es oprobioso e indignante, verificar todos los días como sin pausa y en medio del caos social, el poder instalado, se lleva puesta la república.

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