Por Mariano Aldao.-

Si la respuesta fuera “sí”, ¿por qué entonces nadie se preocupa por el estado desesperante al que ha llegado la calidad de vida de “los abuelos”, a quienes dicen querer como a nadie cuando se acercan períodos electorales y necesitan de los votos de quienes son olvidados e ignorados por todos, aunque todos ellos se manifiesten muy preocupados por los jubilados cada vez que se los invita a algún programa de noticias?

En las “Cartas de los jubilados” pueden observarse, a modo de catarsis, las quejas (a veces ruegos) de sufrientes ex trabajadores, que aportaron durante su vida activa y también propuestas para solucionar de una buena vez la pérdida del poder adquisitivo que año tras año se observa con sólo leer los datos del INDEC y compararlos contra los aumentos obtenidos por la movilidad + los bonos que los gobiernos en ejercicio les otorgan cuando la situación de la economía se torna insostenible.

El sábado pasado un lector (Hugo Ebbro) sugirió una solución posible, equitativa y muy fácil de implementar.

En su Carta sugería que el PE enviara al Congreso un proyecto de ley que derogue la fórmula actual.

Para el ajuste del mes de marzo deberían tomarse los índices IPC de noviembre, diciembre y enero.

Entonces, tomando la idea de la ley ómnibus (que decía que a partir de abril, los ajustes serían mensuales), se aplicaría el último IPC publicado (que en este caso sería febrero).

No parece ser tan difícil de redactar y seguramente no tendría objeciones.

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