Roberto RothLa ilusión de que, con el cambio de gobierno, dejaremos atrás la corrupción, característica sobresaliente de nuestra vida pública, no encuentra mayor apoyo en la realidad, si hacemos un análisis objetivo.

La corrupción no es un invento kirchnerista. Para facilitarla, hemos establecido sistemas que en algunos casos llevan décadas haciendo precisamente eso: facilitándola.

Control de fondos públicos

El manejo de los fondos públicos es controlado por dos mecanismos administrativos: el presupuesto, un invento inglés de alrededor del siglo XVI por el cual el Legislativo determina como el Ejecutivo ha de gastar la recaudación impositiva y el Tribunal de Cuentas, un invento español anterior a la época de las Reyes Católicos, por el cual lo que gasta el Rey -en nuestro caso, luego el Virrey y después el Ejecutivo- tiene que tener el visto bueno de un tribunal independiente que, antes de realizar el gasto, certifica que se hace con las formalidades de rigor como licitación pública o privada, que corresponde a la partida presupuestaria correcta, que tiene fondos, que lo realiza un funcionario con facultades adecuadas, etc. Los cien pesos que le pagaron a Blas Parera por la composición del Himno Nacional tuvieron el visto bueno del Tribunal de Cuentas.

En nuestro caso, ya siendo República, se podía realizar el gasto observado, pero con un decreto de insistencia. Es decir la ley exigía que el Presidente asumiera personalmente la responsabilidad de desconocer una observación del Tribunal de Cuentas.

Alfonsín, siendo Presidente, tomó la costumbre de terminar sus leyes de presupuesto con un artículo final por el cual autorizaba el Poder Ejecutivo a modificar las partidas y los fondos establecidos. El Congreso, que sanciona el presupuesto, podía decidir cualquier cosa por ley pero el Presidente podía modificar todo los que decidiera.

Tampoco se llevó demasiado bien con el Tribunal de Cuentas. El 75% de la obra pública que construyó -que no fue tanta- la hizo con decretos de insistencia.

Menem, que vino después, copió de Alfonsín el artículo final de sus presupuestos y no se llevó mejor con su Tribunal de Cuentas.

Nuestros dos próceres se juntaron, ambos estadistas de nota, y decidieron que nuestro principal problema era un exceso de control sobre el gasto público. Para resolverlo sin que nadie se escandalice decidieron modificar la Constitución, con algunos cambios menores para disimular, como el tero que pone los huevos en un lado y en otro los gritos, crearon el puesto de Jefe de Gabinete a quien otorgaron el poder para modificar el presupuesto aprobado por el Congreso. Ya no sería el Poder Ejecutivo que toma decisiones por decretos que deben ser publicados en el Boletín Oficial y -con la excusa de establecer un control eficaz sobre el gasto público- crearon la Auditoría General de la Nación. La diferencia entre la Auditoría y el Tribunal de Cuentas está en que el Tribunal controlaba el gasto antes que se hiciera y la Auditoría recibe las cuentas dos o tres años después de efectuado, cuando ya no queda plata y si descubre alguna falencia, después de varios años de investigación, el único remedio es un litigio que durará diez o veinte años más.

Por honestos que sean el Presidente y sus ministro, no tienen forma de saber cuales entre centenares de funcionarios están tirando plata por la ventana hasta que, dentro del algunos años, aparezca la Auditoría imputando alguno, mientras otro centenar pase desapercibido.

La impunidad no la inventó el kirchnerismo

Desde que se sancionó el Código Civil en 1869 los tribunales argentinos habían interpretado que un interés superior al 12% anual es usurario, con lo cual el acreedor no puede cobrar ni el capital ni el interés sobre el préstamo, que además por el Código Penal sancionado en 1921 tiene una pena de prisión. La legislación argentina no establece, como otras legislaciones, taxativamente cual es el interés usurario.

Al caer Perón en 1955, entró una nueva tanda de jueces que decidió dejar atrás el gobierno “estatista” como calificaron al de Perón por las tendencias liberales, por lo cual el estado no podía poner tope a la tasa de interés que debía ser establecida por el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Adam Smith, fundador del liberalismo, dice exactamente lo contrario ¿pero quién iba a parar a los jueces? Estaba de por medio la venta a plazos de heladeras y automóviles, que recién se empezaban a fabricar en el país.

Se formaron enseguida las financieras, que a los tres meses ya tenían el dinero al 3% mensual. Al año habían logrado tanto poder que lograron poner de ministro de Frondizi a Alvarito Alsogaray, que reciprocó atenciones proclamando a las ganancias financieras libres de impuestos.

Desde entonces los gobiernos pueden ser civiles o militares, radicales o peronistas, ortodoxos o populistas, pero gobiernan las financieras. La tendencia de los gobernantes a proclamarse libres de impuestos es antigua. En el Imperio Romano los ciudadanos de Roma no pagaban impuestos. En el Medioevo fueron eximidos de impuestos los reyes, la Iglesia y los nobles, que fue una de las causas de la Revolución Francesa. La aristocracia inglesa, que veía subir la marea revolucionaria en toda Europa, justo a tiempo votó pagar impuestos. Hoy, la única exenta es la Reina, pero desde la época de la guerra cuando su padre, Jorge VI, aún exento pagaba lo que le hubiera correspondido ha seguido la costumbre.

En el mundo occidental, los únicos exentos de impuestos son la Reina y nuestros financistas.

La ley antimafia de 1970 en Estados Unidos definió las financieras como “organizaciones creadas para prestar dinero sin proporcionar servicios bancarios”. Formarlas o integrarlas está penado hasta con prisión perpetua ya que son consideradas parte integrante del crimen organizada.

En tiempos de Martínez de Hoz, los bancos, que venían quejándose que las financieras, exentas de los controles del Banco Central les llevaban ventaja, fueron escuchados. Prácticamente se convirtieron en financieras, pero habían recibido un beneficio excesivo: el estado respaldaba todas sus deudas y en caso de falencia el Banco Central liquidaba sin quiebra el banco, pagando en horas el capital e intereses que adeudaban. Endeudar el banco al máximo con obligaciones espurias se convirtió en el gran negocio. El Banco Central pagaba y los banqueros se retiraban a vivir a la Costa Azul o las Bahamas, salvo alguno que otro que prefería Méjico que no tiene tratado de extradición con nuestro país.

Pero el negocio usurario siguió. Obviamente empresas serias no pagan intereses usurarios. Las que pueden se financian en el exterior o con créditos de sus proveedores. Los patos de la boda son como siempre los pobres. Al lado de cada caja de jubilaciones y de cada sindicato se establecieron financieras disfrazadas de mutuales o cooperativas, que con dinero de la ANSES o de las obras sociales prestan a tasas que van del 120% para arriba y sin riego alguno, ya que por resolución del Ministerio de Trabajo, pueden descontar su crédito de la jubilación o la planilla de sueldos del deudor.

La víctima principal en nuestro país es el sistema capitalista al que supuestamente nos incorporamos, que tiene por eje central el mecanismo que permite que el ahorro de todos se encamine a la producción, que es la Bolsa.

En la Bolsa, una buena acción podía rendir un 8% anual que es lo que una financiera paga en tres o cuatro meses. La Bolsa se quedó sin inversores y hoy es un mercado para bonos estatales.

Contrabando legalizado

En 1948 Perón, otorgó el monopolio de la importación de autos a su amigo Jorge Antonio.

Al caer Perón en 1955, con la excusa de promover la Patagonia se inventó el sistema del Paralelo 42. Al sur del cual todo se podía importar sin impuestos de aduana. Fue tan escandaloso el sistema con Puerto Madryn atestado de autos, que al llegar Frondizi en 1957 lo abolió.

Con el argumento de que no había conexión por tierra con el continente y sería por tanto imposible contrabandear los autos al norte, se creó el Sistema Aduanero Especial de Tierra del Fuego, conforme al cual todo lo que llegaba también estaría libre de impuestos aduaneros.

No hubo mayor escándalo porque el contrabando había hecho un avance tecnológico. En vez de mandar los autos a Tierra del Fuego, bastaba con mandar los papeles que, debidamente sellados, acreditaban la llegada al Sistema Aduanero Especial y eran vendidos en el continente.

Al llegar Onganía permitió que el sistema continuara para las baratijas que compraban los turistas, pero eliminó los autos, los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, los tres rubros principales del contrabando entonces, de la exención impositiva.

Cuando fue destituido tres años más tarde, los comandantes en jefe se reunieron para considerar los temas urgentes. El Almte. Gnavi extrajo de los fondos de su capote -era invierno y hacía frío- un proyecto de decreto de 86 artículos, de los cuales había uno solo que importaba, que transfería el control de las importaciones de diplomáticos de la Aduana a la Dirección de Ceremonial de Cancillería.

Fue así como, durante las décadas siguientes, los cónsules y vicecónsules de Ghana, Camerún y países similares compraban con llamativa unanimidad Mercedes Benz de lujo. El sistema duró hasta que, en tiempos de Menem, unos vueltos discutidos lo hicieron estallar en cabeza del Director de Ceremonial del momento.

A la par se diseño otro sistema; el auto para el discapacitado. EL dueño de la Editorial Atlántida tomó de empleado un ordenanza rengo, que inmediatamente se compró un Mercedes Benz. Susana Giménez tenía el suyo, que cuando se armó la gorda escondió bajo fardos de pasto en un galpón de su entonces marido Roviralta.

Los autos perdieron su encanto, pero Tierra del Fuego conserva siempre el suyo. Con excepción de autos, cigarrillos bebidas alcohólicas se puede aún importar todo exento de impuestos.

Un empresario con visión propuso fabricar televisores en la isla. Los comienzos fueron modestos. Un camión llegaba desde el puerto franco chileno de Punta Arenas con televisores en cajas que decían Made in Taiwan, que eran transferido a cajas que decían Industria Argentina y reembarcados en el mismo camión de vuelta al continente.

Pronto advirtieron la necesidad de hacer algo más. Importaban el televisor separado en sus cuatro o cinco componentes que juntaban en lo que llamaban su fábrica.

La idea de fábrica despertó nuevas posibilidades. Las fábricas precisarían techos que serían de chapa, que exportada a la isla cobra un 25% de reintegro. En tiempos de Alfonsín se exportaron a la isla -exportación virtual se entiende- chapas como para techarla toda.

Lo que hicieron con televisores hace medio siglo hacen ahora con note books y computadoras. La isla, como dice Cristina, es un polo tecnológico. Carlos Pagni, cronista de “La Nación”, calcula un contrabando de U$S 1.500 millones por año.

Free shops

Los “free shops” son otra modalidad de contrabando legalizado. En los aeropuertos los pasajeros que entran o salen pueden comprar bienes importados sin pagar derechos de aduana. Aunque hay cientos de marcas de whisky, lo primero que llama la atención es que las diez marcas que se consiguen en los free shops son precisamente las que se consiguen en supermercados y negocios.

Para despejar toda duda basta con establecer que el Brigadier Juliá, cuyos dos hijos siguen presos en España por intentar entrar con una tonelada de cocaína, cuando fue Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea concedió los free shops a Alfredo Yabrán. Fallecido él, su sucesor no ofrece garantías mayores.

Bingos

El narcotráfico abrió otra oportunidad para hacer negocios financieros -recordemos que están exentos de impuesto. Los bingos son los únicos que pueden aparecer en la ventanilla de un banco con fajos de billetes de 5 y de 10 sin despertar sospechas. Son el conducto indispensable para el primer lavado de dinero del narcotráfico: los billetes recaudados vendiendo paco, porros y cocaína al menudeo son lavados y legitimados por los bingos.

Un gobierno nuevo que de entrada no elimina bingos, free shops, la exención impositiva para Tierra del Fuego y las ganancias financieras y restablece el Tribunal de Cuentas, la intangibilidad del presupuesto votado por el Congreso y el tope de intereses en 12% anual se convertirá rápidamente en corrupto, porque es innecesario decir que cada una de estas actividades genera los fondos que corrompen a funcionarios, legisladores, intendentes y concejales, que una vez corrompidos les cuesta mover un dedo si no hay algún pago.

Roberto Roth

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