Por Antonio Rossi.-

A los efectos de la crisis económica que golpea a todas las actividades y la falta de respuesta del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich a los planteos del sector, las empresas de ómnibus de media y larga distancia han sumado un nuevo y serio problema operativo por la flexibilización del congelamiento de los combustibles que dispuso el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

Ante la presión de las petroleras y sin tener en cuenta las implicancias en el resto de los sectores económicos, Lopetegui decidió morigerar el esquema de congelamiento de los precios de los combustibles con dos medidas que apuntan a engrosar los ingresos de las productoras y refinadoras de crudo.

Por un lado, implementó un nuevo subsidio de 1.550 millones de pesos para las productoras “no integradas” como Vista, Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol y ExxonMobil entre otras. Esta compensación estatal implica una mejora de 9,5% en el valor del crudo por dólar que se había fijado en el momento del congelamiento a fines de agosto que ahora pasará de 45,19 a 49,50 pesos.

Y por otro lado, dispuso la liberación de los precios del gasoil en el segmento mayorista destinado al abastecimiento de los productores agropecuarios, las industrias y las empresas de transporte.

Pese a las promesas iniciales de las petroleras de que iban a aumentar solo un 10% promedio el gasoil mayorista, las remarcaciones aplicadas en el interior del país escalaron hasta el 25% con respecto a los valores de agosto.

Este “reperfilamiento” de los precios mayoristas del gasoil derivó en una situación pocas veces registrada en el mercado: en varias provincias, los precios mayoristas son igual o más caros que los valores vigentes en los surtidores de las estaciones de servicio que abastecen a los usuarios minoristas.

Ante este insólito panorama que afecta directamente sus costos operativos, las cámaras representativas de las compañías de ómnibus interurbanos salieron a advertir tanto al Gobierno, como al gremio de la UTA que si no se corrige esta anomalía sobrevendrán recortes de servicios y suspensiones de personal.

En una nota remitida al ministro Dietrich, los presidentes de AAETA, CELADI, CEAP y CATAP denunciaron que: “como resultado del decreto 607/19, que modificó el esquema de congelamiento de los combustibles liberando el precio para la venta mayorista, en las últimas 48 horas las empresas del sector han comenzado a recibir facturas con incrementos de hasta un 25% en el valor del gasoil a granel”.

Los empresarios alertaron que “fuera de toda lógica, el precio del gasoil al por mayor para el servicio público de transporte -que es el que utilizan con intensidad los deciles de menores ingresos en sus viajes interjurisdiccionales- supera hoy por los aumentos y el quite de bonificaciones en casi un 30% al del surtidor minorista”.

En la misiva enviada al titular de Transporte, las empresas interurbanas destacaron que:

–Esta situación no hace más que profundizar la crisis estructural que desde hace varios años viene atravesando nuestra actividad, profundizada en los últimos tiempos por la crisis macroeconómica y la caída del consumo.

–Este incremento desmedido de los costos del combustible afecta aún más a la ya golpeada sustentabilidad de las empresas del sector debiendo ser trasladado a la tarifa que pagan nuestros usuarios que son, paradójicamente, los más afectados por esta crisis con la consecuente y esperable caída de la carga media.

–Esto sin duda derivará en mayores reducciones de servicios, suspensiones de personal y en un deterioro mayor de la ecuación económica de las empresas.

–Resulta imperioso evaluar medidas adicionales para hacer frente a esta eventualidad que deberán ser conducentes a asegurar la provisión del combustible y amortiguar el incremento desproporcionado del precio.

En tanto, en la nota girada al titular del gremio de la UTA, Roberto Fernández, las empresas de ómnibus reiteraron las cuestiones planteadas al Gobierno y puntualizaron que pese a los innumerables pedidos de audiencias hasta ahora no han logrado poder ser recibidos por las máximas autoridades de los ministerios de Transporte y Producción.

Tras advertir que el aumento del gasoil aplicado por las petroleras deberá ser trasladado a las tarifas que pagan los usuarios del interior y los pasajeros de larga distancia que ya no cuentan con subsidios compensatorios de la Nación, las entidades del sector anticiparon que, si no se revierte la situación, se va camino a un mayor deterioro de la ecuación económicas de las empresas que derivará en la reducción de servicios y pérdidas de empleos para los choferes y personal administrativo.

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