Por Antonio Rossi.-

Presentado por el relato oficial como una “respuesta a una demanda histórica nacional”, el proyecto de ley que impulsan el titular del bloque oficialista de Diputados, Máximo Kirchner y el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, para reducir hasta un 50% las tarifas de gas a casi 3 millones de usuarios de las llamadas “zonas frías” tiene como principal beneficiaria a la provincia de Buenos Aires, el bastión político del kirchnerismo que tendrá un rol relevante en las próximas elecciones nacionales.

Con el proyecto que Diputados prevé aprobar a mediados de junio, el Gobierno buscará captar el apoyo de los habitantes de 52 ciudades del sur y la zona atlántica bonaerense -entre ellas Mar del Plata y Bahía Blanca- que tendrán acceso a las bonificaciones tarifarias, al igual que otras localidades de Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan.

Actualmente los subsidios destinados a la tarifa diferencial patagónica de gas benefician a 778.000 usuarios radicados en Malargüe (Mendoza), la Puna cordillerana y en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa donde en invierno se registran temperaturas bajo cero. Con el proyecto en danza, los subsidios para bajar las tarifas se extenderán a casi 3 millones de usuarios, de los cuales cerca de 1,5 millones habitan en el territorio bonaerense.

Los recursos para atender el pago de los subsidios para las zonas frías saldrán del “Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas” que fue creado en 2002. Dicho Fondo se nutre con el pago de un recargo por cada metro cúbico de gas que consumen los usuarios residenciales, los comercios e industrias de todo el país.

El recargo -que había arrancado con un valor de 0,004 pesos por metro cúbico-registró varias modificaciones y a partir de 2017 pasó a ser el 2,58% del valor del gas. Un año después se elevó al 2,96% y en mayo de 2019 trepó al 4,46%. Ahora se prevé subirlo al 5,2%, aunque deja abierta la posibilidad de estirarlo hasta el 7,75%.

Pese a que inicialmente los representantes oficialistas habían indicado que la rebaja tarifaria iba a demandar unos 12.300 millones de pesos anuales, los últimos números divulgados por el interventor del Enargas y autor intelectual del proyecto, Federico Bernal, blanquearon que la suma a cubrir por los nuevos subsidios superará los 25.000 millones de pesos por año.

Eso siempre y cuando no aumente el precio del gas que se traslada a los usuarios y que se mantiene congelado desde abril de 2019. Cuando se actualice ese componente de la factura, que por ahora viene cubriendo el Estado con subsidios crecientes, el monto a pagar por las tarifas diferenciales de gas de las zonas frías también se irá para arriba y demandará más recursos del Fondo Fiduciario.

Tras revisar la letra chica, los especialistas energéticos y ex funcionarios de la gestión macrista, Nicolás Gadano y Santiago Afonso elaboraron un trabajo que plantea varios cuestionamientos e inconsistencias del proyecto que promueven Kirchner y Massa.

Entre otras aristas salientes, destacaron que:

–El beneficio que se pretende aprobar no está destinado ni a las regiones, ni a las personas más pobres del país y tiene, como todos los subsidios energéticos vigentes en el país, graves problemas de focalización, en un contexto de extremas dificultades fiscales y fuerte aumento de la pobreza.

–El régimen de subsidios patagónicos al gas se ha probado ineficiente e irracional en múltiples dimensiones. Debido a la enorme distorsión de precios que provoca, los consumidores de la Patagonia gastan, a igual temperatura, el doble de gas que los consumidores de otras regiones.

–Los precios artificialmente bajos no sólo afectan las cantidades consumidas sino el tipo de inversión que se realiza. Con el gas prácticamente regalado, en los hogares no se invierte lo suficiente en buenos aislamientos u otras iniciativas de uso racional de la energía. Y cuanto más se extiende la distorsión en el tiempo, mayor proporción de nuestro escaso capital resulta mal asignado.

–El encarecimiento generalizado provocado por el aumento del cargo fiduciario impactará en el gas utilizado por la generación térmica -que explica un tercio del total de gas consumido en el país- y afectará las cuentas de CAMMESA.

–Con los precios mayoristas de la electricidad congelados, todo el aumento de costos deberá ser cubierto por el Tesoro, con mayores subsidios. Hay que agregar además que, si el aumento del costo del gas por el aumento del cargo fiduciario para generación se trasladara a las tarifas finales de la electricidad, estaríamos frente a un subsidio cruzado desde los consumidores de electricidad hacia algunos consumidores de gas natural.

–Como la penetración de las redes de electricidad en los hogares de los deciles más pobres es muy superior a la de las redes de gas, el proyecto en curso no haría más que acentuar el carácter pro-rico de los subsidios que ha planteado recientemente el ministro de Economía, Martín Guzmán. La misma irracionalidad distributiva que implica abaratar el gas en Pinamar a costa de encarecerlo en el conurbano bonaerense.

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