Por Antonio Rossi.-

La “revolución de los aviones” que lleva adelante el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y para la cual ha convocado a una audiencia pública con el fin de otorgar más rutas y abrir el juego a nuevas empresas aéreas quedó doblemente jaqueada por una decisión judicial y una polémica entrada en escena de una consultora privada dirigida por un familiar directo de una las principales autoridades del sector.

Casi al mismo tiempo en que la ANAC (Administración Nacional de Aeronavegación Comercial) oficializaba el llamado a la nueva audiencia pública, la administración macrista se topó con una intimación del juez federal, Sergio Torres para que presente un informe sobre la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio en los aeropuertos.

La movida de Torres se enmarca en la causa judicial en la que se investigan supuestas irregularidades en la asignación de rutas a las empresas Flybondi (que recibió los permisos y concesiones para volar sin tener aviones) y Avian, la compañía del grupo colombiano Avianca que desembarcó en el país tras la compra de la aerolínea MacAir al hólding económico ligado a la familia presidencial.

El magistrado le solicitó a Dietrich que informe “si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema, en el marco de las actividades propias de aeronavegación a nivel nacional e internacional en todas las estaciones aéreas y, en particular, aquellas que se desarrollan en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza”.

Según la evaluación del juez, la situación de Aeroparque es la más complicada porque “viene presentando un incremento de las operaciones diarias, producto entre otros factores del aumento de los vuelos regionales que agravan la situación de congestión a causa de la estacionalidad de dichas operaciones”.

Ante este panorama, Torres les requirió a Transporte, la ANAC y el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos “la elaboración de un informe pormenorizado, relativo a las gestiones que se concretaron, se encuentran en curso o que, en lo sucesivo se implementarán, tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio”.

La nueva audiencia pública que se desarrollará en los próximos días tiene como protagonista saliente a Norwegian, una de las principales aerolínea de bajo costo a nivel mundial. Esta compañía europea y otras siete empresas locales solicitaron alrededor de 600 rutas aéreas de cabotaje e internaciones para servicios de pasajeros y vuelos de cargas no regulares.

Además de Norwegian, las empresas que solicitaron nuevas rutas son Avian, Polar Líneas Aéreas, Buenos Aires International Airlines, Sapsa, Just Flight y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos y Líneas Aéreas Sociedad Anónima (LASA).

En el caso de LASA, el que ha quedado en la mira por algo más que una “desprolijidad administrativa” es el titular de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Agustín Rodríguez Grellet.

Rodríguez Grellet está al frente de la sociedad estatal que planifica, coordina y administra el tránsito aéreo y una de sus principales tareas es operar los servicios de navegación aérea para que los vuelos sean seguros.

Su hermana, Cecilia Graciela Rodríguez Grellet es la lobbista y apoderada de LASA que está detrás de las autorizaciones oficiales para que la empresa pueda explotar “servicios no regulares internos e internacionales de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de gran porte”.

Un dato que llamó la atención entre las empresas del sector es que LASA es una simple SRL creada en noviembre de 2016 y que tiene su sede social en la localidad bonaerense de Azul. Está constituida con un capital social de apenas 30.000 pesos y cuenta con solo dos socios: Nicolás Silenzi y Andrea Contreras.

Para el especialista en temas aerocomerciales, Manuel Alberto Gamboa “resulta muy extraño que LASA se conformado como una SRL, ya que esa es una figura societaria desconocida en los Estados Unidos que es el principal mercado para los servicios de cargas aéreas internacionales”.

“Cuesta creer que exportadores e importadores quieran contratar a una aerolínea que tiene limitada su responsabilidad a un capital social de 30.000 pesos o que alguna empresa de leasing de aviones esté dispuesta a cerrar acuerdos con una sociedad de esas características”, destacó Gamboa.

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