Meoni y los pseudo subsecretarios que sin estar nombrados ya toman decisiones como funcionarios

A 40 días de haber iniciado su gestión, el ministro de Transporte, Mario Meoni arrastra una llamativa desprolijidad administrativa que ha comenzado a poner bajo un manto de dudas la legalidad de varias acciones y decisiones de su cartera.

Se trata de la prolongada demora que registran los nombramientos oficiales de la mayoría de los miembros de su gabinete de secretarios y subsecretarios.

Hasta ahora, Meoni sólo tiene designados en forma oficial y en funciones a sólo tres de los diez funcionarios que conforman el organigrama de conducción del ministerio de Transporte.

El trío de funcionarios que ya tienen sus nombramientos en regla está integrado por: Walter Saieg, al frente de la Secretaría de Gestión de Transporte; Felipe Rodríguez Laguens, como Secretario de Articulación Interjurisdiccional y Abel De Manuele, al mando de la Unidad de Gabinete de Asesores.

En tanto, los siete cargos que aún faltan cubrir con las designaciones oficiales son los correspondientes a la Secretaría de Planificación y las Subsecretarías de: Unidad Administrativa; Gestión Administrativa; Planificación y Coordinación; Transporte Ferroviario; Transporte Automotor; Puertos y Vías Navegables y Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico.

Más allá de la insólita tardanza en la aparición de los nombramientos en el Boletín Oficial de las personas elegidas para ocupar esos cargos, lo que realmente causa preocupación en el sector es el hecho de que dos “potenciales” subsecretarios están actuando y toman decisiones oficiales como si ya estuvieran plenamente designados y habilitados para despeñarse como funcionarios públicos.

Uno de ellos es el virtual Subsecretario de Transporte Automotor, el cordobés Gustavo Bermúdez, quien mantuvo varias reuniones oficiales con las autoridades provinciales de transporte con las que ha acordado llevar adelante diversas líneas de acción para redefinir el esquema de subsidios e instrumentar una “tarifa urbana federal” para los servicios de colectivos.

El otro “pseudo funcionario” es el platense Juan Malpeli, quien en su rol de titular de la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico se trasladó a Mar del Plata para intervenir en el conflicto con los maleteros que mantuvieron bloqueado durante varios días el acceso a la terminal de pasajeros.

Malpeli admitió publicamente que viajó a Mar del Plata con un mandato del propio ministro Meoni para tratar de solucionar el conflicto laboral junto con el ministerio de Trabajo de la provincia.

Para varios letrados y especialistas en derecho administrativo, las acciones de Bermúdez y Malpeli podrían ser encuadradas como una posible “usurpación de cargos y funciones” ya que no tienen ningún sustento legal que los autorice a moverse como representantes del Poder Ejecutivo y funcionarios públicos.

A esta situación que genera cada vez más ruido en el sector se suma otra polémica medida que había adoptado Meoni en los primeros días del año.

Por medio de la resolución 840, el ex intendente de Junín que ahora lleva las riendas de Transporte extendió por tres meses las designaciones provisorias de tareas y funciones a directores y coordinadores macristas que quedaron de la gestión de Guillermo Dietrich.

Los “beneficiarios” de esa medida son 40 personas identificadas con la anterior administración que cumplen tareas ejecutivas de fiscalización, coordinación y dirección y que seguirán ejerciendo esas funciones hasta el 31 de marzo con sueldos que oscilan entre los 100.000 y 170.000 pesos mensuales.

Además del costado económico, la prolongación de los cargos provisorios de los funcionarios macristas limita e impide la incorporación de otros asesores y colaboradores comprometidos con la nueva política oficial.

Alexis Di Capo

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