Un creciente malestar con la administración de Mauricio Macri ha comenzado a gestarse entre los empresarios de la construcción.
El encolumnamiento con las políticas oficiales que los dirigentes de la Cámara Argentina de la Construcción venían mostrando desde el desembarco de Macri en la Casa Rosada empezó a mostrar las primeras fisuras y cuestionamientos puertas adentro de la entidad.
El malhumor sectorial obedece a la combinación de dos factores.
Por un lado, al doble discurso de los funcionarios que en privado reconocen la profundidad del marcado recorte en las obras públicas que se viene tras al acuerdo con el FMI, pero que ante los medios y la opinión pública sostienen que no será tan drástico y que se mantendrán las obras en curso.
Y por otro lado, a la polémica decisión del ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich de dejar al margen del ajuste al consorcio de la italiana Ghella y la local SACDE -la empresa sucesora de la ex Iecsa que Marcelo Mindlin “le compró” a Angelo Calcaterra- que tienen a su cargo la ejecución de las obras del Soterramiento de la línea Sarmiento.
Con respecto a la poda de los fondos que estaban destinados a los programas de obras públicas, la mayoría de las constructoras coinciden en señalar que los problemas y demoras en los pagos ya habían arrancado en los primeros meses de este año.
Hasta diciembre de 2017, los certificados de obras se pagaban antes de los 60 días. Pero a partir de febrero comenzaron a estirarse los plazos y ahora la espera para poder cobrar oscila entre los 120 y 150 días.
Además, por una instrucción no escrita del ex titular de Vialidad y nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, los inspectores y veedores del organismo vial pasaron a “modo tortuga” el trámite de certificación de las obras terminadas. Lo que habitualmente demandaba no más de 15 días de verificación y aprobación ahora puede tardar entre 60 y 90 días.
Uno de los hechos que irritó a las empresas es el reconocimiento oficial del ajuste en cuentagotas.
A principios de mayo, cuando Macri anunció que iniciaba negociaciones para una asistencia crediticia del FMI, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne comunicó un recorte presupuestario para las obras públicas de 30.000 millones de pesos.
A eso se agregó otro tijeratazo de 60.000 millones de pesos que salió a la luz a mediados de junio en la letra chica del convenio suscripto con el Fondo. De esa manera, el presupuesto original de 180.000 millones de pesos para obras públicas que estaba pautado para este año se achicará a la mitad.
En tanto, para 2019 el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI implicará una reducción superior a los 150.000 millones de pesos en los “gastos de capital” dirigidos a las inversiones en infraestructura.
Mientras se alistan para afrontar un escenario recesivo que proyecta dejar alrededor de 80.000 desempleados en el sector, las constructoras mascullan su bronca por el tratamiento preferencial que el área de Transporte le daría a la obra del Soterramiento.
Por indicación expresa de la Casa Rosada, la cartera de Dietrich excluiría del ajuste presupuestario al megatúnel del ferrocarril Sarmiento que está construyendo el grupo integrado por Ghella (71%) y SACDE (29%).
Para justificar esa movida, la segunda de Dietrich, Manuela López Menéndez (Secretaría de Obras de Transporte) y el titular de Transporte del gobierno porteño, Juan José Méndez salieron a exhibir la obra en los medios afines al macrismo destacando que la máquina tuneladora funciona sin parar cinco días a la semana.
Según indicaron esos funcionarios, el cronograma de la obra prevé llegar en diciembre con el túnel de Castelar a Villa Luro y a fines de 2019 hasta Caballito. Después vendrán el llenado con cemento, el tendido de las vías y la construcción de ocho estaciones subterráneas.
Para este año, las obras del megaproyecto -cuya inversión total trepa a los 3.000 millones de dólares- implicarán para el Estado un desembolso del orden de los 500 millones de dólares.
Pero más allá de estar en el candelero por evitar el ajuste, el Soterramiento volverá a captar la atención política y judicial a partir de agosto.
A mediados de ese mes, el primo hermano del presidente Macri y ex titular de Iecsa, Angelo Calcaterra tiene que ir a prestar declaración en los tribunales de Comodoro Py en la causa donde se investiga el pago de coimas por la adjudicación de las obras efectuada durante la administración kirchnerista al consorcio original del Soterramiento que encabezan la brasileña Odebrecht y la local Iecsa.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo indagará por el rol que desempeñó su empresa en la licitación del soterramiento y el vínculo que tuvo con los directivos de Odebrecht involucrados en el escándalo del Lava Jato.
Junto con Calcaterra también fueron citados a indagatoria a medio centenar de empresarios, intermediarios y ex funcionarios kirchneristas acusados de pagar y recibir sobornos. Entre los 49 imputados que pasarán por los tribunales sobresalen Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), el mediador Jorge “Corcho” Rodríguez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
Calcaterra quedó imputado por una denuncia que la actual diputada oficialista Graciela Ocaña había hecho antes de sumarse a la alianza Cambiemos. La denuncia destacó que las empresas Control y Auditorías Especiales de Argentina SA (CAESAI) y Controles y Auditorías Especiales SL de España (CYAES), adjudicadas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, habrían recibido sobornos del grupo Odebrecht por medio de la empresa offshore Klienfeld Service Ltd.
El magistrado dio por valido el testimonio de Luiz Antonio Mameri, quien era vicepresidente de Odebrecht para Latinoamérica y se acogió a la delación premiada en Brasil. Según ese directivo, los que negociaron las coimas con funcionarios de la administración kirchnerista habrían sido los ejecutivos Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa) y Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Carvalho y Ricardo Vieira (ex CEOs de Odebrecht).
Antonio Rossi
01/07/2018 a las 6:57 PM
Quisiera confirmar si Juan Pablo Schiavi fue el coordinador de la campaña de mauricio macri en CABA. Muchas gracias,
01/07/2018 a las 8:48 PM
Es lamentable la situación que transitan los que por una causa política, después de tantos años de cumplir dignamente sus obligaciones, hoy son indemnizados para dar lugar a los componentes de otras ideologías. El años pasado, el hijo del padre habló de la existencia de “recovecos”, donde funcionarios de distintos gobiernos pusieron “amigos, parientes y militantes de sus agrupaciones”. El muchacho de las ovejas trató de suavizar el significado de esa expresión deciendo: “no hay ninguna razón para agitar fantasmas de miedo o de recortes” y habló del “plan de modernización del Estado”. En su momento, el ejemplo de MORAL, Triaca, designo en el SOMU a una militante de Cambiemos que vive en Ushuaia y la cual tambien esta designada como Personal de Gabinete con Categoria 24 en el Municipio de Ushuaia por la gestion Vuoto. Se trata de Nadia Soledad Zilli quien ademas habria llegado al cargo en el municipio por el actual concejal del PRO, Tomas Bertotto quien tiene una estrecha relacion con el marido de Zilli quien es Oficial en la Base Naval Ushuaia (no relacionar con ARA San Juan). La mujer es una de las que figura como designada por el Ministro Triaca en el Sindicato de Obreros Maritimos Unidos (SOMU), recordemos que tambien el funcionario nacional designó a su ahora ex empleada doméstica, a su operador judicial, su cuñado y al hijo del jardinero de la familia. En el listado de contratados por la intervención en el sindicato, se comprueba “la designación de al menos 50 personas con vínculos políticos y personales con el ministro de Trabajo y con la ex interventora, hoy senadora nacional, Gladys González”.
José Romano: cuando el escándalo salió a la luz, la propia Sandra Heredia, ex empleada de la familia Triaca insultada por el ministro en un audio que tomó estado público, confesó que sabía de la existencia de al menos 250 personas designadas por su ex empleador, entre los que se encontraba el hijo del jardinero. Según L.N.: “Fue empleado como “junior de contaduría y carga de facturas” desde abril de 2017″, aseguraron en el artículo. Según consta en su currículum, Romano es contador egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y en su experiencia figura que en 2011 se desempeñó en el área de “atención al cliente y cajas” de la empresa de comidas rápidas Mostaza para luego, en 2013, ser encargado y recepcionista del hostel One.
Roberto José Porcel: abogado de confianza del ministro, fue designado como director general para controlar y dirigir el sindicato a gusto de su amigo personal, Jorge Triaca. Porcel alienta fervorosamente al gobierno de turno y al ministro de Trabajo, al tiempo que realiza filosos comentarios contra la gestión K y sus “ñoquis”. Fernando Rodeles: Trabajó como asesor comunicacional en la gestión González contratado por el sindicato, además,Rodeles logró que su hermano, Leandro, también lograra ingresar al Sindicato, trabajando en la actualidad en la escuela de capacitación. Cristian David Eben Austin: el ex policía de Chubut. Hernán Trigo Gutierrez: Concejal de Cambiemos en Necoechea, participa en actos partidiarios del oficialismo, e incluso de los timbreos nacionales. Ricardo Martínez Sirera: vocal de Campana.
Gustavo Pretzch: militante de Cambiemos de Chubut. Rodrigo Smykalo: Asesor de Rogelio Frigerio y militante de Cambiemos en Avelleneda. En las redes se lo ve con Peña, Larreta y Vidal. Ari Nogueiras: de Avellaneda. Sheila Adano: vicepresidenta de Jovenes PRO Avellaneda.
Estos últimos tres, de Avellaneda, mantienen un vínculo sumamente cercano con la ex interventora del SOMU, Gladys González, quien aspira a obtener la intendencia del distrito del sur del conurbano bonaerense y para ello, parece haber beneficiado con cargos a sus militantes.
Desde el ministro de Trabajo, admitieron las vinculaciones políticas de los designados en el SOMU y afirmaron: “Todos tienen afiliación política porque es una intervención política, no se puede intervenir un sindicato sin gente de confianza”. “Queremos que el acceso al Estado sea de forma abierta y transparente y que haya premios a los que trabajan bien”, agregó. “Tenemos que ir logrando ‘dotaciones óptimas’ para que el empleo público sea sinónimo del servicio y no de esa sospecha de ingreso a partir del amiguismo o al partidismo político”. Un ejemplo de palabra y moral.
02/07/2018 a las 4:16 AM
Fue allá por el 2000.
Y luego saltó al Kirhnerismo.
02/07/2018 a las 5:48 PM
Y afirmaba a viva voz . Que el soterramiento del Sarmiento , era imposible.
02/07/2018 a las 6:57 AM
Pretende Dietrich por lo que leido, hacer lss obras PPP con autofinanciamiento, dejando en el aire sin ni gun tipo de garantia de cobro para luego del 2021.
En tanto en el tema Lebacs como necesitan dinero fresco parece pondran una cantidad a xisposicion de compra por parte de giles que ayudaran a vivillos deshacerse de estos papeles….
02/07/2018 a las 8:28 AM
En resumen, delincuentes que tienen empresas que viven de la plata del Estado; que consiguen obras en base a sobreprecios que han pagado sin chistar a cada gobierno desde que existen sus empresas; que tienen interés en conseguir contratos para luego estirarlos, pedir más plata, hacer reclamos judiciales y extrajudiciales que siempre terminan haciéndolos millonarios a ellos y a los corruptos que los avalan, y dejándonos a todos cada vez más pobres y endeudados. Esa gentuza es la que se indigna porque la vaca no da más leche…
La última rebelión de esclavos fue la de Espartaco, y fue la última porque los souvenirs del final no los olvido nadie, nunca más…