Por Antonio Rossi.-

Ante la demora que arrastran los funcionarios de Transporte en el reconocimiento de los mayores costos operativos que vienen afrontando desde fines del año pasado, las empresas que operan los colectivos urbanos de la región metropolitana decidieron manifestar su malestar de una manera muy llamativa y visible.

Desde este fin de semana, la mayoría de los vehículos de las líneas urbanas salieron a prestar servicios con carteles externos que contienen los siguientes reclamos:

–“Ante una actitud inflexible del Estado es indispensable reducir los servicios para sobrevivir”.

–“El deterioro de la calidad de los servicios es consecuencia de ingresos insuficientes regulados íntegramente por el Estado”.

Por medio de esta vía, las cuatro entidades que agrupan a las compañías de ómnibus de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (AAETA, CEAP, CETUBA, ACTA y la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires) exteriorizaron su complicada situación con un mensaje destinado a dos actores clave del sector.

En primer lugar, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich que se niega a reconocer la totalidad de los aumentos de precios registrados en los últimos meses y los costos operativos reales que tienen las líneas urbanas.

Y en segundo lugar, a los usuarios que no están al tanto de los planteos en juego y que en las próximas semanas podrían verse afectados con reducciones de servicios si el Gobierno no atiende los reclamos de las empresas.

Los dueños de los colectivos urbanos advirtieron que la cartera de Transporte tiene frenada la actualización de los costos del sector y sigue tomando como referencia para las compensaciones económicas los valores aprobados a fines de 2016.

A modo de ejemplo, precisaron que actualmente está vigente una “tarifa media sin compensación” de 14,94 pesos que había sido definida en diciembre pasado.

Según calcularon los empresarios, esa “tarifa técnica ”-que refleja el costo medio del servicio por pasajero- debería ser ahora de 17,38 pesos.

Pero lejos de reconocer ese valor, los funcionarios que dependen de Dietrich sólo admiten la aplicación de un ajuste mínimo para llevar “tarifa media” a 15,10 pesos.

Otra marcada diferencia entre las empresas y el Gobierno se registra en el valor asignado a un colectivo nuevo dentro de la estructura de costos del sector.

De acuerdo con los costos reconocidos en diciembre de 2016, el precio de un vehículo 0 km. es de 2.120.898 pesos. Ese valor actualizado a abril -según los empresarios- tendría que ser de 2.500.000 pesos. Pero, para la cartera de Transporte un vehículo nuevo vale ahora 2.080.000 pesos, es decir algo menos de lo que costaba en diciembre.

También aparece otro fuerte contrapunto en la tasa de interés para financiar el capital que figura en la estructura de costos aprobada por el Gobierno. Tras haber sido del 14% hasta 2015, desde el año pasado quedó limitada a sólo el 6% en medio de una inflación anual que superó el 40% y que ahora se perfila por encima del 20% para 2017.

En el caso de los seguros, también se verifica una “profunda grieta” entre los números de los funcionarios y los transportistas. Para el ministerio de Transporte, deben seguir vigentes los valores aprobados en los últimos meses del año pasado. En cambio, desde las empresas sostienen todos los precios de los seguros por vehículo y responsabilidad civil ya subieron en lo que va del año entre 15% y 36%.

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