Por Antonio Rossi.-

Las fuertes críticas del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich a la herencia recibida de la administración K. y a los empresarios que guardaron silencio ante los casos de coimas y negociados del anterior gobierno generó un marcado malestar tanto en los transportistas de cargas y pasajeros, como en el ámbito de las compañías portuarias.

En un evento organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Dietrich calificó a los ex funcionarios kirchneristas como “delincuentes” y atacó duramente a los empresarios e importadores que -según su particular visión- no denunciaron la corrupción de los últimos años e hicieron grandes negocios a costa de los usuarios.

Tras la sorpresa inicial por los reproches sobreactuados del ministro, los empresarios del sector del transporte salieron a mostrar su enojo y a denunciar una doble moral de Dietrich que no le ha dado curso a las denuncias contra sus funcionarios que se presentaron en los últimos meses.

En primer lugar, los transportistas y referentes portuarios remarcan que Dietrich falta a la verdad cuando se llena la boca diciendo que la actual administración llevó a la cárcel al ex titular del SOMU, Enrique “Caballo” Suárez cuando en realidad su caída se debió a la causa judicial que iniciaron empresarios del sector y a las pruebas que fueron aportando desde el año 2013.

En segundo lugar, desde las operadoras de los puertos privados del Litoral recordaron que lejos de eliminar la presión y extorsión gremial en esta actividad, Dietrich la terminó avalando al sellar un acuerdo con Hermes Juárez, el líder del SUPA San Lorenzo.

Pese a denuncias de aprietes que efectuaron las empresas porturias, Juárez sigue monopolizando los servicios de estiba y remolcadores con una cooperativa propia a la cual deben contratar “obligatoriamente” los exportadores de granos, harinas y aceites.

Y en tercer lugar, lo que más resaltan los empresarios fustigados por Dietrich es que a contramano de sus quejas por la falta de denuncias en la era K, ahora el que no quiere ver y atender las denuncias contra sus funcionarios es el propio ministro.

Luego de que Dietrich cajoneara las pruebas que le arrimaron en el segundo semestre del año pasado; el actual Director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, fue denunciado penalmente por el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez por los supuestos delitos de lavado de activos y evasión impositiva.

Deleersnyder, un protegido de Dietrich, arrastraba una polémica situación fiscal que quedó al descubierto por una denuncia de empresarios navieros por presunta evasión y adquisición de propiedades en el exterior con fondos no justificados. Esa denuncia llegó a manos de Rodríguez luego de no haber sido tenida en cuenta en el ministerio de Dietrich y en la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso.

De acuerdo con la denuncia que quedó en manos del juez federal, Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán, el director de Transporte Fluvial y Marítimo habría creado una sociedad offshore con el objetivo de facturar en el extranjero servicios locales y, de esa forma, evadir impuestos. Además, tendría otras dos sociedades en el extranjero para comprar activos con el dinero obtenido de la empresa offshore.

Share