Por Hernán Andrés Kruse.-

El 1 de mayo no sólo se conmemora el día del trabajador. Ese día, pero de 1853, los diputados de las provincias, excepto los de Buenos Aires, reunidos en la ciudad de Santa Fe sancionaron la constitución nacional. Se trató de un hecho de enorme relevancia histórica que viene siendo ignorado olímpicamente por los gobiernos que venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. Ignorar la génesis de la constitución nacional es ignorar la piedra basal de nuestra organización institucional que surgió luego de la derrota de Rosas en Caseros. No recordar lo que aconteció en la ciudad de Santa Fe el 1 de mayo de 1853 es atentar contra nuestras tradiciones liberales y democráticas. Hacer caer en el olvido semejante hecho es un avieso intento por sepultar el pensamiento de quien fuera su máximo ideólogo: Juan Bautista Alberdi.

De ahí la imperiosa necesidad de recordar al gran tucumano cuyo pensamiento conserva una vigencia extraordinaria. Como reza el popular refrán “para muestra basta un botón”. Para tener conciencia de la relevancia del pensamiento alberdiano basta con rememorar el discurso que el gran tucumano pronunció en el acto de graduación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el 24 de mayo de 1880. En ese acto fue nombrado Miembro Honorario de esa Facultad.

Alberdi tituló su discurso “La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual”. Escribió el gran tucumano:

“Una de las raíces más profundas de nuestras tiranías modernas en Sud-América es la noción greco-romana del patriotismo y de la Patria, que debemos a la educación medio clásica que nuestras universidades han copiado a la Francia. La Patria, tal como la entendían los griegos y los romanos, era esencial y radicalmente opuesta a lo que por tal entendemos en nuestros tiempos y sociedades modernas. Era una institución de origen y carácter religioso y santo, equivalente a lo que es hoy la Iglesia, por no decir más santo que ella, pues era la asociación de las almas, de las personas y de los intereses de sus miembros. Su poder era omnipotente y sin límites respecto de los individuos de que se componía. La Patria, así entendida, era y tenía que ser la negación de la libertad individual, en la que cifran la libertad todas las sociedades modernas que son realmente libres. El hombre individual se debía todo entero a la Patria; le debía su alma, su persona, su voluntad, su fortuna, su vida, su familia, su honor. Reservar a la Patria alguna de esas cosas, era traicionarla; era como un acto de impiedad. Según estas ideas, el patriotismo era no sólo conciliable, sino idéntico y el mismo que el despotismo más absoluto y omnímodo en el orden social.

La gran revolución que trajo el cristianismo en las nociones del hombre, de Dios, de la familia, de la sociedad toda entera, cambió radical y diametralmente las bases del sistema social greco-romano. Sin embargo, el renacimiento de la civilización antigua de entre las ruinas del Imperio Romano y la formación de los Estados modernos, conservaron o revivieron los cimientos de la civilización pasada y muerta, no ya en el interés de los Estados mismos, todavía informes, sino en la majestad de sus gobernantes, en quienes se personificaban la majestad, la omnipotencia y autoridad de la Patria. De ahí el despotismo de los reyes absolutos que surgieron de la feudalidad de la Europa regenerada por el cristianismo. El Estado, o la Patria, continuó siendo omnipotente respecto de la persona de cada uno de sus miembros; pero la Patria personificada en sus monarcas o soberanos, no en sus pueblos. La omnipotencia de los reyes tomó el lugar de la omnipotencia del Estado o de la Patria. Los que no dijeron: “El Estado soy yo”, lo pensaron y creyeron como el que lo dijo. Sublevados contra los reyes los pueblos, los reemplazaron en el ejercicio del poder de la Patria, que al fin era más legítimo en cuanto a su origen. La soberanía del pueblo tomó el lugar de la soberanía de los monarcas aunque teóricamente. La Patria fue todo y el único poder de derecho, pero conservando la índole originaria de su poder absoluto y omnímodo sobre la persona de cada uno de sus miembros; la omnipotencia de la Patria misma siguió siendo la negación de la libertad del individuo en la república, como lo había sido en la monarquía; y la sociedad cristiana y moderna, en que el hombre y sus derechos son teóricamente lo principal, siguió en realidad gobernándose por las reglas de las sociedades antiguas y paganas, en que la Patria era la negación más absoluta de la libertad.

Divorciado con la libertad, el patriotismo se unió con la gloria, entendida como los griegos y los romanos la entendieron. Esta es la condición presente de las sociedades de origen greco-romano en ambos mundos. Sus individuos, más bien que libres, son los siervos de la Patria. La Patria es libre, en cuanto no depende del extranjero: pero el individuo carece de libertad, en cuanto depende del Estado de un modo omnímodo y absoluto. La Patria es libre, en cuanto absorbe y monopoliza las libertades de todos sus individuos; pero sus individuos no lo son porque el Gobierno les tiene todas sus libertades. Tal es el régimen social que ha producido la Revolución Francesa, y tal la sociedad política que en la América greco-latina de raza han producido el ejemplo y repetición, que dura hasta el presente, de la Revolución Francesa. El “Contrato social” de Rousseau, convertido en catecismo de nuestra revolución por su ilustre corifeo el doctor Moreno(a), ha gobernado a nuestra sociedad, en que el ciudadano ha seguido siendo una pertenencia del Estado o de la Patria, encarnada y personificada en sus Gobiernos, como representantes naturales de la majestad del Estado omnipotente. La omnipotencia del Estado, ejercida según las reglas de las sociedades antiguas de Grecia y Roma, ha sido la razón de ser de sus representantes los Gobiernos, llamados libres sólo porque dejaron de emanar del extranjero.

Otro fue el destino y la condición de la sociedad que puebla la América del Norte. Esa sociedad, radicalmente diferente de la nuestra, debió al origen transatlántico de sus habitantes sajones la dirección y complexión de su régimen político de gobierno, en que la libertad de la patria tuvo por límite la libertad sagrada del individuo. Los derechos del hombre equilibraron allí en su valor a los derechos de la Patria, y si el Estado fue libre del extranjero, los individuos no lo fueron menos respecto del Estado. Eso fue en Europa la sociedad anglo-sajona y eso fue en Norte-América la sociedad anglo-americana, caracterizadas ambas por el desarrollo soberano de la libertad individual, más que por la libertad exterior o independencia del Estado, debida mayormente a su geografía insular en Inglaterra y a su aislamiento transatlántico en Estados Unidos. La libertad en ambos pueblos sajones no consistió en ser independiente del extranjero, sino en ser cada ciudadano independiente de su Gobierno patrio. Los hombres fueron libres porque el Estado, el poder de su Gobierno no fue omnipotente, y el Estado tuvo un poder limitado por la esfera de la libertad o el poder de sus miembros a causa de que su Gobierno no tuvo por modelo el de las sociedades griega y romana. Montesquieu ha dicho que la Constitución inglesa salió de los bosques de la Germania, en lo que tal vez quiso decir que los destructores germanos del imperio romano fueron libres porque su Gobierno no fue de origen ni tipo latino.

A la libertad del individuo, que es la libertad por excelencia, debieron los pueblos del Norte la opulencia que los distingue. Los pueblos del Norte no han debido su opulencia y grandeza al poder de sus Gobiernos, si no al poder de sus individuos. Son el producto del egoísmo más que del patriotismo. Haciendo su propia grandeza particular, cada individuo contribuyó a labrar la de su país. Este aviso interesa altamente a la salvación de las Repúblicas americanas de origen latino. Sus destinos futuros deberán su salvación al individualismo, o no los verán jamás salvados si esperan que alguien los salve por patriotismo. El egoísmo bien entendido de los ciudadanos sólo es un vicio para el egoísmo de los Gobiernos que personifican a los Estados. En realidad, el afán del propio engrandecimiento es el afán virtuoso de la propia grandeza del individuo, como factor fundamental que es del orden social, de la familia, de la propiedad, del hogar, del poder y bienestar de cada hombre. Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus Gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Por la naturaleza de las cosas, cada hombre tiene el encargo providencial de su propio bienestar y progreso, porque nadie puede amar el engrandecimiento de otro como el suyo propio; no hay medio más poderoso y eficaz de hacer la grandeza del cuerpo social que dejar a cada uno de sus miembros individuales el cuidado y poder pleno de labrar su personal engrandecimiento.

Ese es el orden de la naturaleza, y por eso es el mejor y más fecundo en bienes reales. De ello es un testimonio la historia de las sociedades sajonas del Norte de ambos mundos. Los Estados son ricos por la labor de sus individuos, y su labor es fecunda porque el hombre es libre, es decir, dueño y señor de su persona, de sus bienes, de su vida, de su hogar. Cuando el pueblo de esas sociedades necesita alguna obra o mejoramiento de público interés, sus hombres se miran unos a otros, se buscan, se reúnen, discuten, ponen de acuerdo sus voluntades y obran por sí mismos en la ejecución del trabajo que sus comunes intereses necesitan ver satisfecho. En los pueblos latinos de origen los individuos que necesitan un trabajo de mejoramiento general alzan los ojos al Gobierno, suplican, lo esperan todo de su intervención y se quedan sin agua, sin luz, sin comercio, sin puentes, sin muelles, si el Gobierno no se los da todo hecho. Pero no debemos olvidar que no fue griego ni romano todo el origen de la omnipotencia del Estado y de su Gobierno entre nosotros sudamericanos. En todo caso no sería ése sino el origen mediato, pues el inmediato origen de la omnipotencia en que se ahogan nuestras libertades individuales fue el organismo que España dio a sus Estados coloniales en el Nuevo Mundo, cuyo organismo no fue diferente en ese punto del que España se dio a sí misma en el Viejo Mundo. Así, la raíz y origen de nuestras tiranías modernas en Sud América es no solamente nuestro origen remoto o greco-romano, sino también nuestro origen inmediato y moderno de carácter español.

La España nos dio la complexión que debía ella misma a su pasado de colonia romana que fue antes de ser provincia romana. La Patria en sus nociones territoriales absorbió siempre al individuo y se personificó en sus gobiernos el derecho divino y sagrado que eclipsaron del todo los derechos del hombre. La omnipotencia del Estado o el poder omnímodo e ilimitado de la Patria respecto de los individuos que son sus miembros tiene por consecuencia necesaria la omnipotencia del Gobierno en que el Estado se personifica, es decir, el despotismo puro y simple. Y no hay más medio de conseguir que el Gobierno deje o no llegue a ser omnipotente sobre los individuos de que el Estado se compone, sino haciendo que el Estado mismo deje de ser ilimitado en su poder respecto del individuo, factor elemental de su pueblo. Un ejemplo de esto: cuando el gobernador de Buenos Aires recibió en 1835 de los representantes del Estado la suma de sus poderes públicos, no lo tuvo por la ley, que aparentó discernírselo. La ley, lejos de ser causa y origen de ese poder, tuvo por razón de ser y causa a ese poder mismo que ya existía en manos del jefe del Estado omnipotente por la Ordenanza de Intendentes, constitución española del Virreynato de Buenos Aires, según cuyas palabras, debía continuar el Virrey gobernador y capitán general con el poder omnímodo y las facultades extraordinarias que le daban esa constitución y las Leyes de Indias de su referencia.

La contextura que el Gobierno hispano-argentino recibió de esa legislación es la que sus leyes ulteriores de la revolución no han reconstruido de hecho hasta hoy en ese punto; y la República como el virreynato colonial, siguió entendiendo el poder de la Patria sobre sus miembros como lo entendieron las antiguas sociedades de Grecia y de Roma. A pesar de nuestras constituciones modernas, copiadas de las que gobiernan a los países libres de origen sajón, a ningún liberal le ocurriría entre nosotros dudar de que el derecho del individuo debe inclinarse y ceder ante el derecho del Estado en ciertos casos. La República, por tanto, continuó siendo en este punto gobernada para provecho de los poderes públicos que han reemplazado al poder especial que le dio, siendo su colonia, la contextura y complexión que convenía a su real e imperial beneficio. La corona de España no fundó sus colonias de América para hacer la riqueza y poder de sus colonos, sino para hacer su negocio y poder propio de la corona misma. Pero para que esta mira no degenerase en un sistema capaz de dar la riqueza y el poder a los colonos, en lugar de darlos al monarca, la colonia recibió la Constitución social y política que debía de hacer a su pueblo un mero instrumento del Real patrimonio, un simple productor fiscal de cuenta de su Gobierno y para su real beneficio. Sin duda que las Constituciones que regularon después la conducta del Gobierno de la República calificaron de crimen legislativo el acto de dar poderes extraordinarios y omnímodos a sus gobernantes; pero esa magnífica disposición no impidió que la suma de todos los poderes y fuerzas económicas del país quedasen de hecho a la discreción del Gobierno, que puede usar de él por mil medios indirectos.

¿Cómo así? Si dejáis en manos de la Patria, es decir, del Estado, la suma del poder público, dejáis en manos del Gobierno que representa y obra por el Estado esa suma entera del poder público. Si lo hacéis por una Constitución, esa Constitución será una máquina productora de un despotismo tiránico que no dejará de aparecer a su tiempo, por la mera razón de existir la máquina que le servirá de causa y ocasión suficiente. Por Constitución entiendo aquí, no la ley escrita a que damos este nombre, sino la complexión o construcción real de la máquina del Estado. Si esta máquina es un hecho de la historia del país, en vano la Constitución escrita pretenderá limitar los poderes del Estado respecto del derecho de sus individuos; en el hecho esos poderes seguirán siendo omnipotentes. Son testimonio confirmatorio de esa observación los Gobiernos republicanos que han reemplazado en la dirección del reciente y moderno Estado al que lo fundó, organizó y condujo por siglos como colonia perteneciente a un Gobierno absoluto y omnímodo. Mientras la máquina que hace omnipotente el poder del Estado exista viva y palpitante de hecho, bien podría llamarse República libre y representativa por su Constitución escrita: su Constitución histórica y real, guardada en sus entrañas, la hará ser siempre una colonia o patrimonio del Gobierno republicano, sucesor de su Gobierno realista y pasado.

El primer deber de una gran revolución, hecha con la pretensión de cambiar de régimen social de gobierno, es cambiar la contextura social que tuvo por objeto hacer del pueblo colonial una máquina fiscal productora de fuerza y de provecho en servicio de su dueño y fundador metropolitano. De otro modo, las rentas y productos de la tierra y del trabajo anual del pueblo seguirían yendo bajo la república nominal adonde fuesen bajo la monarquía efectiva: ¿adónde, por ejemplo?; a todas partes menos, a manos del pueblo. Las viejas arcas que eran recipientes del real tesoro se perderán como las aguas de un río que se derrama y resume en los campos o se disipa en acequias que van a regar los vergeles de la clase o porción del pueblo a quien ha cabido el privilegio de seguir ocupando la esfera del antiguo poder metropolitano, en lo que es el goce de los beneficios que la real máquina seguirá haciendo del suelo y trabajo del país. En las manos de esa porción o clase privilegiada del país oficial seguirá existiendo el poder y la libertad de que seguirán viéndose excluidos y privados los pueblos, sucesores nominales de los antiguos soberanos. No será el Estado, sino su representante (que es el Gobierno del Estado), el que seguirá ejerciendo y gozando la omnipotencia de los medios y poderes entregados a la Patria por la maquinaria del viejo edificio primitivo y colonial persistente. Pero dejar en manos del Gobierno de la Patria todo el poder público adjudicado a la Patria misma, es dejar a todos los ciudadanos que componen el pueblo de la Patria sin el poder individual en que consiste la libertad individual, que es toda y la real libertad de los países que se gobiernan, que se educan, que se enriquecen y engrandecen así mismos, por la mano de sus particulares, no de sus Gobiernos.

“Los antiguos”, dice Coulanges, “habían dado tal poder al Estado, que el día en que un tirano tomaba en sus manos esta omnipotencia, los hombres no tenían ya ninguna garantía contra él, y él era realmente el señor de su vida y de su fortuna.” De las consideraciones que preceden se deduce que el despotismo y la tiranía frecuente de los países de Sud-América, no residen en el déspota y en el tirano, sino en la máquina o construcción mecánica del Estado, por la cual todo el poder de sus individuos, refundido y condensado, cede en provecho de su Gobierno y queda en manos de su institución. El déspota y el tirano son el efecto y el resultado, no la causa de la omnipotencia de los medios y fuerzas económicas del país puestas en poder del establecimiento de su Gobierno y del círculo personal que personifican al Estado por la maquinaria del Estado mismo. Sumergida y ahogada la libertad de los individuos en ese caudal de poder público ilimitado y omnipotente, resulta de ello que la tiranía de la Patria, omnímoda y omnipotente, es ejercida en nombre de un patriotismo tras del cual vive eclipsada la libertad del individuo, que es la libertad patriótica por excelencia. Así se explica que en las sociedades antiguas de la Grecia y de Italia, en que ese orden de cosas era de ley fundamental, las libertades individuales de vida, de conducta, de pensamiento, la opinión, fueron del todo desconocidas. El patriotismo tenía entonces en esas sociedades el lugar que tiene el liberalismo en las sociedades actuales de tipo y de origen sajón. El despotismo recibía su sanción y excusa del patriotismo del Gobierno omnipotente en que la Patria estaba personificada. La razón de esa omnipotencia de la Patria entre los antiguos es digna de tenerse siempre presente por los pueblos modernos, que toman por modelos a esos organismos muertos, de índole, de principios y de propósitos radical y esencialmente opuestos”.

Ver también: Alberdi y la omnipotencia del estado (Segunda parte)

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