Inteligencia Nacional Anticonstitucional

Jorge Mones RuizCuando algunos advertíamos, pocos años atrás, que la Argentina transitaba “cuesta abajo en su rodada” hacia un destino caricaturesco o similar al de Venezuela, no fueron pocos los que nos consideraban alarmistas, carentes de realismo político o de sostener una falaz percepción de las circunstancias que caracterizan a los países englobados en el Socialismo del Siglo XXI.

Hoy, esa comparación entre ambos países bolivarianos (estamos dejando de ser sanmartiniano) es un “lugar común”, al cual apelan muchos políticos y los principales analistas y periodistas de nuestro país.

Acaba de darse a conocer un Decreto del Poder Ejecutivo que establece una nueva “Doctrina de Inteligencia”.

Más allá de las críticas formuladas desde distintos medios por las nuevas funciones estalinistas y orwellianas del máximo órgano de inteligencia de la Nación, hay algo que, hasta ahora, parece haber pasado desapercibido.

El decreto de marras nos cambia la forma política del Estado que por nuestra Constitución Nacional es Representativa, Republicana y Federal; el orden constitucional nace allí, y desde allí se establece que es lo que subvierte o atenta contra él.

Esta nueva doctrina de inteligencia kirchner-maoísta o “zanninista” (como prefieran), sostiene: “La Inteligencia nacional es una actividad que se inscribe dentro del marco del Estado constitucional, social y democrático de derecho orientada a…” (Capítulo I – Inteligencia para la Defensa y Seguridad Democráticas). Es, prácticamente, una burda copia del Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que define al estado venezolano de la siguiente forma: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia…”

A partir de estas definiciones, el orden constitucional a que hace referencia el decreto es similar al venezolano. Adquiere, pues, coherencia, para esta extraña doctrina de inteligencia, el establecimiento de nuevos requerimientos informativos y eventuales acciones represivas de tipo político y económico, según lo interprete el Poder Ejecutivo.

Por otra parte es claramente anticonstitucional, ya que un decreto, norma de jerarquía inferior, modifica lo que establece una norma de carácter superior, la que además, para ser modificada, requiere de la declaración de una necesidad de reforma puntual, y, además, avalada por una mayoría especial del Congreso.

Este decreto, al igual que otras leyes y decretos inicuos de este gobierno, sí es atentatorio contra el orden constitucional, pero de nuestra Constitución.

Falta poco, si no se evita antes, para que a los argentinos se nos prohíba exclamar esa expresión popular y tan nuestra: “Macanudo”. Se nos impondrá el término caribeño: “Chévere”. Y entonces… “andá a cantarle a Gardel”, o en su defecto, al “Comandante Chávez”.

Jorge P. Mones Ruiz

jorgemonesruiz@yahoo.com.ar

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