Por Luis Orea Campos.-

V.C., argentina, se casó en Francia con D.G., francés, y tuvieron dos hijos. Cuando nació la segunda en el año 2009, se separaron con vistas a divorciarse y ella viajó a instalarse con los dos niños en Argentina con el consentimiento de su entonces marido.

A pesar de ello, D.G. desconoció su acuerdo y pretendió que los niños volvieran a su país e intentó forzar el retorno de los chicos a Francia por vía diplomática pero la Cancillería argentina, entonces conducida por Jorge Taiana, le rechazó categóricamente la petición dos veces en base al consentimiento prestado y firmado ante el Cónsul argentino en París.

Fracasada esa vía, Daniel G. ensayó la vía judicial, pero tampoco tuvo éxito y la Corte dejó firme la sentencia que declaraba lícita y legítima la permanencia de los menores en Argentina rechazando el regreso de ellos a Francia.

Después de acosar a su ex esposa con todo tipo de juicios y artimañas para presionarla y obligarla a que accediera a ser separada de sus hijos (entre ellas, hacerse el distraído con la contribución alimentaria durante ocho años), D.G. -que había obtenido una sentencia a su favor en la justicia francesa que declaró sin valor el documento firmado en el consulado argentino-, en el marco de su estrategia de acoso, denunció penalmente a su ex esposa en Francia por «impedimento de contacto», alegando que ella estaba obligada a llevar a los niños a Francia en base a la sentencia de la justicia francesa, pero ocultando al mismo tiempo a la Fiscalía que la Corte argentina había fallado en contrario, convalidado la permanencia de los niños en este país.

Hasta ahí la cosa no pasa de una riña matrimonial, pero resulta que, con motivo de la denuncia de D.G., la fiscalía francesa envió por vía diplomática un pedido de declaración indagatoria de V.C. con el manifiesto fin de seguir el juicio en su ausencia y presionarla para que accediera al retorno de los menores, que es el real objetivo de esta maniobra. Una condena implicaría la posibilidad del pedido de captura internacional que, aun cuando previsiblemente sea rechazado por la Argentina, le impide a V.C. salir del país.

Ese pedido, en el que el Fiscal expresamente solicita que se le informe si hay alguna decisión argentina sobre este caso, debió haber sido rechazado de entrada por la Cancillería, por ser contrario al orden público argentino al contradecir una decisión soberana de sus jueces ratificada por la Corte Suprema, pero, en lugar de eso, con el argumento de que era una cuestión penal y no civil, en primer lugar no le informaron al Fiscal la existencia de los rechazos de la justicia argentina y en segundo, le dieron curso rápidamente salteándose el paso de dar intervención al Ministerio de Justicia que establece la ley.

Garavano fue directamente pasado por arriba, y enviaron la solicitud a la justicia penal, lo que obviamente favorece la posición francesa, porque le permite avanzar rápidamente con su estrategia de presión.

Ante esta irregularidad, el abogado de V.C. solicitó por nota al Canciller Faurie que intervenga en defensa de una ciudadana argentina, poniendo en conocimiento de las autoridades francesas la sentencia de nuestro país, para conjurar esta evidente maniobra de forum shopping internacional que resultaba en la agresión de los derechos de una connacional. No hubo respuesta.

Un episodio previo sucedido un tiempo antes precedió a esta oscura jugada, cuando un alto funcionario de la Cancillería que dijo haber sido enviado por el Canciller Faurie se presentó imprevistamente en una audiencia judicial y ante el cónsul francés M. Julien Bouchard y varios funcionarios del consulado desplegó un encendido alegato en favor del derecho del ciudadano francés D.G. denostando la actuación de la cancillería dirigida por Jorge Taiana y los fallos de la jueza Guahnon, de la sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y de la Corte Suprema afirmando que todos se habían equivocado por no haberse tomado el trabajo de evaluar bien las circunstancias del caso lo que terminó perjudicando indebidamente al ciudadano francés.

Cuando un senador nacional durante una entrevista le pidió explicaciones sobre el hecho al Canciller Faurie, éste le reconoció que estaba sufriendo fuertes presiones de la cancillería francesa para gestionar al retorno de los hijos de V.C. y D.G. a ese país, soslayando cualquier explicación sobre la diatriba de su funcionario contra la justicia argentina.

La pregunta que surge inevitablemente es: ¿A quién defienden el canciller y su mano derecha Luis María Sobrón, que de él se trata, a los ciudadanos extranjeros o a los argentinos? ¿Qué intereses ocultos hay detrás de esta conducta irregular de los funcionarios? ¿Quedar bien con amigos franceses a costa del derecho de los ciudadanos argentinos?

Según fuentes oficiales, ambos vivieron varios años en Francia, Faurie siendo embajador y Sobrón siendo cónsul, y este último tiene dos hijas, una en uno de los mejores colegios de París. Da para sacar algunas conclusiones que eventualmente podrían explicar este grave asunto que va mucho más allá de una reyerta conyugal y pone en tela de juicio la actuación de la Cancillería, ameritando una investigación por parte de las nuevas autoridades a fin de reparar el daño.

Share