Por Guillermo Cherashny.-

Hace años venimos señalando en el Informador Público que el juicio por encubrimiento de la AMIA es una payasada jurídica que no resiste el menor análisis, porque los que están sentados en el banquillo de los acusados son altos funcionario del Gobierno que sufrieron el atentado del terrorismo iraní a los cuales se los quiere convertir en victimarios por el sólo hecho de ceder a presiones de la oposición de este tiempo y a la izquierda política y de la comunidad judía que nos quieren hacer creer que el presidente Carlos Menem contribuyó a que se cometiera ese atentado. En realidad, esa presión de la izquierda y del periodismo progre devenido con el tiempo en hipermacrista hizo que se creyera que el menemismo, Rubén Beraja, el presidente de la DAIA, y el juez Galeano -que rápidamente inculpó al terrorismo de Irán y el Hezbolah como brazo ejecutor de ese atentado- quisieron encubrirlo al pagarle 400.000 dólares a Telleldín, el reducidor que vendió la camioneta, para que declarara si sabía que tenía como destino un atentado terrorista y si ése era el caso de quienes formaron una supuesta célula local.

Siempre sostuvimos que nunca existieron argentinos complotados con el Hezbolah e Irán, porque, dado el profesionalismo que tiene la República Islámica en ese tipo de atentados luce irrisorio que hubieran pedido el concurso delictivo de algún ciudadano argentino, sea civil o policía.

En efecto, se sabe que Telleldín le vendió la camioneta a Moshen Rabbani, agregado cultural de la Embajada de Irán pero lejos de saber que la utilizarían para volar la AMIA.

Es poco serio que los iraníes de la embajada confiaran a un marginal como Telleldín, un reducir de autos robados conectado a la policía que, si le confiaban algo, los podía delatar.

Telleldín, de origen libanés chiíta como Rabbani, le vendió una camioneta a su “paisano” sin saber para qué era. Pero como le ofrecieron 400.000 dólares y para zafar inculpó a comisarios de la Bonaerense totalmente inocentes.

Ese juicio se demoró más de veinte años porque nunca tuvo sentido pero, después del asesinato de Nisman, CFK impulsó el juicio oral, que es insanablemente nulo. Pero hacer eso es incorrecto políticamente y la farsa siguió hasta que el ministro de justicia Germán Garavano, instruyó al abogado Console para que no acusara ni al comisario Palacios ni a los fiscales Mullen y Barbaccia.

En realidad, se quedó corto; tendría que pedir la nulidad del juicio. Pero esas tres absoluciones motivaron la furia de la izquierda vernácula, el periodismo progre que sigue siendo antimacrista y la inefable Lilita Carrió que, en lugar de los hechos de corrupción del macrismo, sobre los cuales hace silencio, se la agarró con la sensatez de Garavano.

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