Claudia Rodríguez Vidal

La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de resolver ayer un pedido del fiscal Raúl Pleé para que Luis María Cabral vuelva a ocupar su lugar en la sala de la Cámara de Casación Penal, de donde fue removido por decisión del Consejo de la Magistratura. Simultáneamente, el máximo tribunal en materia penal del país resolvió avanzar en las causas en trámite con su nueva integración.

La Corte entendió que no es posible analizar el caso por la vía de superintendencia. “El tribunal no se expide sobre la legitimidad de la subrogancia, ni sobre la constitucionalidad de la ley, porque así lo ha hecho en numerosos casos anteriores”. Aclaró que ésa no es la vía y que el tema debe ser planteado en una causa judicial. Es decir que Ricardo Lorenzetti, que conduce cómodamente el tribunal, se refugió en la tradicional tesis de que no se puede resolver sin la existencia de una causa judicial y en este caso, lo de Pleé fue un simple pedido.

Así es entonces que la jueza en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal puede ser la magistrada que frene los nombramientos de los tres jueces de la Cámara de Casación que realizó el kirchnerismo el jueves y que originó el desplazamiento de Luis María Cabral.

Rodríguez Vidal debe decidir si hace lugar a una medida cautelar solicitada por el diputado provincial del massismo Mauricio D’Alessandro. El legislador presentó un amparo cuestionando el paquete de leyes que incluye la reforma del Código Procesal Penal y la designación de las subrogancias a cargo del Consejo de la Magistratura. A través de ese organismo, y con sólo siete votos, el Gobierno logró nombrar a tres conjueces afines en el máximo tribunal penal del país. Se trata de los magistrados Roberto Boico, Norberto Frontini y Claudio Marcelo Vázquez. Si Rodríguez Vidal da lugar al pedido del diputado massista, el juez Cabral podría cuestionar su salida de la Casación. Lo que potenció el conflicto es que fue desplazado mientras se esperaba que votara por la “inconstitucionalidad” del memorándum de entendimiento con Irán.

Juego de alternativas

No se sabe cuándo se expedirá Rodríguez Vidal pero puede ser después de que Ana Figueroa y Claudio Vázquez declaren constitucional el Memorándum de Entendimiento con Irán, dejando en minoría a Juan Carlos Gemigniani, el otro miembro de la Sala I. Seguramente, el fiscal Pleé apelará esta decisión ante la Corte Suprema que probablemente, como no tiene plazos, preferirá expedirse después de diciembre. Existe también la posibilidad de que el fuero contencioso administrativo otorgue el amparo antes que Figueroa y Vázquez fallen, en una verdadera carrera contra el reloj donde las posibilidades son mayoritarias contra Cabral. Por otra parte, no sólo está en juego el Memorándum con Irán sino que esa sala actúa en apelación de lo que decida el juez federal Claudio Bonadío con la causa Hotesur. En la misma no estaba previsto hacer movimiento importante alguno, como citarlo a prestar declaración indagatoria a Máximo Kirchner. Esto lo habrían negociado con la Casa Rosada un grupo importante de jueces de Comodoro Py, entre ellos Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral y Julián Ercolini. Pero el gobierno rompió la tregua judicial simplemente porque la presidente, su hijo Máximo, su sobrina Romina Mercado y el socio de aquél, Osvaldo Sanfelice, no admiten la posibilidad de tener problemas judiciales. De modo que si el fuero contencioso administrativo no suspende las subrogancias ni la implementación del Código Procesal Penal, el gobierno podría respirar tranquilo hasta el 10 de diciembre. Después de esa fecha reaparecerían los riesgos, esto aunque la fórmula Scioli-Zannini asuma el poder. Algo parecido ocurrió con los militares acusados de violaciones de derechos humanos, durante las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, con las leyes de obediencia debida, de punto final y los indultos, que tranquilizaron a las Fuerzas Armadas. Pero luego un juez federal primero y el Congreso luego dejaron sin efecto esas leyes. En lo que hace a la corrupción de este gobierno, la Corte, en la causa AMIA, ante un recurso del ex juez federal Juan José Galeano, convalidó la validez de la cosa juzgada írrita. O sea, la posibilidad de reabrir las causas con sentencias obviamente fraudulentas. O bien también puede ocurrir que la causa sobre la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias o sobre la implementación de la Reforma Procesal Penal escale hasta la Corte y ésta sea la que defina. Está claro que la jugada oficial apunta a que el Memorándum con Irán y la causa Hotesur mueran en los cajones. Se supone también que la Corte puede llegar a negociar que Alejandra Gils Carbó no continúe como Procuradora General y que se sancionen leyes correctivas de la aplicación de la reforma procesal penal y la ley de subrogancias.

Guillermo Cherashny

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