Por Carlos Tórtora.-

El gobierno esperaba que la Corte Suprema aceptara el recurso de per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La sorpresa oficial fue la unanimidad alcanzada por los ministros del tribunal. Se trata de una Corte donde su presidente, Carlos Rosenkrantz, funciona en minoría y suele ser derrotado por mayorías circunstanciales, generalmente urdidas por su antecesor en el cargo, Ricardo Lorenzetti. La unanimidad en este caso hace presagiar que también la habría para fallar sobre la cuestión de fondo, sobre todo que se aceptó en el per saltum la existencia de gravedad institucional. Otra certidumbre en las filas del Frente de Todos es que, aunque la Corte no tiene plazos, en este caso la resolución del per saltum no pasaría de octubre, dada la extrema tensión política que está generando el tema. De Alberto Fernández habría partido la directiva a sus funcionarios de ser prudentes, ya que los ataques frontales contra la Corte sólo servirían para fortalecer la unanimidad que acaba de florecer.

El kirchnerismo, tratando de aprender de sus propios errores, no movilizaría todavía una reacción política contra la Corte. Seis años atrás, cuando el tribunal truncó la reforma judicial encarnada en la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, los seguidores de Cristina Kirchner sangraron por la herida y el resultado fue que la derrota del oficialismo fue entonces más patente.

Revancha

Lo anterior no quiere decir que en el seno del oficialismo no se esté tramando desde ahora la revancha contra la Corte. Para el proyecto político K, doblegar al Poder Judicial es indispensable no sólo porque están en juego las causas por corrupción de los tres gobiernos del matrimonio Kirchner sino porque una justicia independiente podría ser un obstáculo insalvable para la idea de eternizarse en el poder.

En el Instituto Patria ya se tejen entonces estrategias para el caso de que la Corte otorgue el per saltum en cuestión. El principal curso de acción del kirchnerismo sería echar mano de una amenaza a la Corte que ya está formulada: la ampliación de la misma a 7 o 9 miembros. De este modo habría una nueva mayoría en el tribunal y se desplazaría al incómodo Rosenkrantz de la presidencia. En cuanto a la oposición a la ampliación que podría presentar Juntos por el Cambio, cabría la posibilidad de un acuerdo para que un jurista radical aterrice en la Corte.

La licuación del poder de los actuales miembros de la Corte sería entonces una salida al conflicto entre poderes más sofisticada que la practicada por Néstor Kirchner en el 2004, cuando hizo uso de los micrófonos de la cadena nacional para reclamarle al Congreso que pusiera en marcha el juicio político a los ministros de la Corte, lo que se cumplió estrictamente. Para motorizar la ampliación, el gobierno recurriría a la opinión de la comisión especial de juristas recientemente designada y que el humor popular bautizara como “comisión Beraldi” en alusión al más controvertido de sus integrantes, Carlos Beraldi, abogado de CFK.

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