Por Marisol Palumbo (Agencia NOVA).-
La presidente Cristina Fernández de Kirchner y el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti (Dibujo: NOVA).
El control del Poder Judicial se convirtió en la disputa más controvertida: mientras el Gobierno asigna jueces y fiscales afines en masa, la oposición denuncia que el kirchnerismo está construyendo una suerte de aparato jurídico integrado por amigos del Gobierno, dispuestos a defender a los funcionarios “complicados”, una vez que pase diciembre.
Para esto, aseguran, el oficialismo encontró una veta en las reformas al Código Procesal Penal y en las leyes de implementación.
Si bien prácticamente todos los frentes políticos coinciden en que estas modificaciones y actualizaciones eran necesarias, al igual que el paso de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, algunos detalles provocaron graves cuestionamientos. Entre ellos, el enorme poder que cobra la titular de la procuraduría General, Alejandra Gils Carbó.
La procuradora, reconocida militante kirchnerista, tiene ahora la potestad de nombrar fiscales (quienes quedan a cargo de las investigaciones), y también removerlos, trasladarlos o sancionarlos, además de tener la posibilidad de “meterse” en las causas, dando instrucciones.
Es en este punto que surge la mayor protesta por la independencia judicial. La reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que tendrá continuidad en los gobiernos futuros, permite al Gobierno actual, manipular (si así lo quisiese) investigaciones que puedan poner en riesgo la libertad de figuras afines y flojas de papeles, como Amado Boudou, Lázaro Báez o Máximo Kirchner.
Además, dejó en el aire la fecha para implementar estos cambios en el área Federal, que se encarga de los delitos más complejos y graves, entre ellos al trata de personas, el narcotráfico o las redes de corrupción.
Otro de los ejes cuestionados es que, una vez sancionadas estas reformas, quedaron habilitados los pliegos para nombrar jueces, conjueces y fiscales, que estaban congelados y que habían sido enviados por la Casa Rosada para suplantar a subrogantes, vacantes y nuevas fiscalías que se inaugurasen.
Los funcionarios nombrados pertenecen en su enorme mayoría a Justicia Legítima, el organismo judicial que milita por el Gobierno, fundado por Gils Carbó. Entre ellos, se firmó el pliego de Ernesto Kreplak, conocido camporista que lideró un jury contra el juez José María Campagnoli, cuando el magistrado empezaba a investigar una trama de corrupción vinculada al matrimonio Kirchner y el empresario Báez.
Asimismo, se “barrió” con los subrogantes de Casación Penal, quienes denuncian que el Consejos de la Magistratura los desvinculó de manera ilegal, para ubicar jueces K.
La “víctima” fue el juez Luis Cabral, el camarista que debía fallar por el pacto firmado con Irán sobre el atentado de la AMIA. Cabral puso el grito en el cielo y acusó a la mayoría kirchnerista de la magistratura de “manipular el funcionamiento de la Justicia».
Todas estas acciones acompañaron la disputa que empezó por la ocupación de la vacante en la Corte Suprema de Justicia, que dejó Eugenio Zaffaroni luego de retirarse, y con el hostigamiento al nonagenario juez Carlos Fayt, (que por Ley tiene cargo vitalicio, al igual que Gils Carbó).
El plan final buscaría armar un paraguas que proteja a quienes se hayan “excedido” en sus poderes durante este Gobierno y queden expuestos a procesos judiciales. Para imponer esta protección post-Cristina, deberán “ganarle” al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que busca que cualquier nombramiento sea realizado una vez que la presidente Cristina Fernández de Kirchner se vaya de la Rosada. Una carrera contra el tiempo que a simple vista se percibe que Lorenzetti está perdiendo.
“Un plan político”
Los frentes opositores reaccionaron frente a estos movimientos en el ámbito de la Justicia y criticaron, en diálogo con Nova Argentina, las medidas del Gobierno.
“La intención de Justicia Legítima, destinada a llenar y taponar cargos, está vinculado a un plan político, independientemente de las necesidades jurídicas. Están haciendo claramente un paraguas para los próximos años”, dijo el diputado provicnial Mauricio D’alessandro (PRO), quien presentó una medida cautelar para frenar las reformas aprobadas.
Por su parte, el Fiscal General de la Ciudad, Martín Ocampo, señaló que “Si el estado Nacional tenía ganas de implementar esto, lo tendría que haber hecho en los temas más importantes, que tienen que ver con los delitos federales: los temas de trata, narcotráfico, red de corrupción”.
En tanto, el senador Alfredo Martínez (UCR), subrayó que el problema con los nombramientos no es ideológico, sino que “Cuando hay una manifiesta dependencia del Ejecutivo o de la (la procuradora general) Dra. Alejandra Gils Carbó -en el caso de los fiscales- por supuesto que no acompañamos esos pliegos”.
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