Echegaray, un confirmado lleno de denuncias

El candidato a presidente por el presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, anunció que, en caso de ser elegido presidente, Ricardo Echegaray seguirá al frente de la AFIP. Este personaje tiene un pasado oscuro lleno de denuncias en su contra. El Informador Público se comunicó con fuentes del diario Hoy, dirigido por Myriam René Chávez de Balcedo, quienes realizaron fuertes acusaciones contra el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La primera denuncia que realizó el diario fue en el año 2013, ya que había hecho investigaciones al Gobierno nacional y muchas de ellas estaban relacionadas al accionar de la AFIP, tanto a nivel nacional como en La Plata. El diario pudo detectar que había un accionar de ciertas personas vinculadas a la AFIP, de abogados y contadores que extorsionaban a comerciantes, criticando particularmente la vinculación de Echegaray con el impuesto a las ganancias en la causa Ciccone.

En ese momento ya se trataba el tema en los principales medios de comunicación mencionando las persecuciones que les hacían a jueces y a políticos opositores.

Un claro ejemplo de esto es la inspección que se le hizo a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien días antes se había presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para denunciar una persecución por parte del Gobierno.

Luego de una serie de notas investigando a la AFIP, se iniciaron investigaciones contra la directora del diario Hoy, Myriam Renée Chávez de Balcedo, y a la sociedad Edigráfica S.A., que tiene a cargo la edición del medio. Esto llevó a que se le iniciara una denuncia penal a la directora, ya que había publicado fotos y los antecedentes de los funcionarios que la amenazaron. Igualmente, sin importar la presión del poder político, el diario siguió profundizando sus respectivas investigaciones. Encontraron que el ex jefe de Gabinete de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, que se encuentra procesado por la causa Ciccone, llevaba una vida lujosa en Salta, viviendo en un hotel cinco estrellas desde hacía dos años.

En el año 2014, el medio decidió hacer una nota con un licenciado en economía, haciendo un estudio comparativo de temas impositivos de la Argentina con estadísticas y encontraron muchas similitudes la política tributaria que lleva adelante Ricardo Echegaray en el gobierno nacional con respecto a lo que implementaron Augusto Pinochet en Chile y Margaret Thatcher en el gobierno conservador de Inglaterra.

El mismo día de publicada, la nota le llegó al diario una notificación de una nueva inspección. No era ya contra la directora sino contra la empresa que edita el diario. Producto de esta situación, ya era evidente un accionar manifiesto de callar al diario y silenciar las investigaciones. Debido a esto, la directora se presentó en la justicia federal de La Plata e inició una demanda penal por aprietes y demás, denunciando a Echegaray y a sus principales colaboradores.

Empresas fantasmas

Siguieron profundizando el tema de la AFIP, y se encontraron con numerosas irregularidades, tanto de Echegaray como de numerosos funcionarios que lo acompañan. Los funcionarios tenían empresas fantasmas, lo cual la empresa periodística no podía ratificar, ya que había domicilios inexistentes. Un ejemplo es el caso de Nieto, uno de los principales colaboradores de Echegaray, que creó una empresa en Capital Federal.

Cabe destacar que Echegaray también está relacionado con el caso Cabeza Fernández y el caso de Hugo Vargas, el apoderado judicial de Echegaray, que fue el que negoció en la justicia para que el procesamiento de la causa Ciccone no lo alcanzara a Echegaray y llegara sólo a su Jefe de Gabinete. Hoy por hoy, Echegaray ni siquiera está llamado a indagatoria.

También denunciaron los vínculos que tenían los funcionarios de Echegaray con el arreglo de inspecciones. Cuando todo esto avanzó, la directora tomó la decisión -en abril de ese año- de llevar todo el material de las denuncias y presentarlo en la Secretaría Nº 3 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 de La Plata.

La denuncia anterior fue archivada por el juez Laureano Durán, un juez federal subrogante que mantiene relaciones con La Cámpora.

De forma paralela, la Directora decidió que la justicia determinase la validez de las investigaciones, aportando tanto las notas como la documentación y los testigos que pudieran ratificar lo que el medio decía. Por ejemplo, le hicieron una nota al presidente de la Cámara Pesquera marplatense, Finoli, que contó que la idea inicial de Echegaray era quedarse con la imprenta.

Las agresiones contra el diario no cesaron, ya que lo extorsionaban con iniciar una denuncia y mencionar nombres de periodistas del medio. Incluso agregando a familiares de la directora que no estaban vinculados al periódico. Llegaron al extremo de solicitar pruebas en la denuncia penal para que declarase Nicolás Dalesio, un ex legislador provincial que estaba muerto hacía más de cinco años.

La fuente reveló que, ni bien asumió Echegaray, mandó un equipo de funcionarios de la AFIP a arreglar las declaraciones juradas de Cristina. También presentaron una denuncia contra Guillermo Michel, un funcionario que puso en práctica gran parte de las amenazas y extorsiones del organismo recaudador y está denunciado por ser uno de los responsables de los aprietes que le hicieron al juez Lorenzetti. Michel también es el responsable de la Aduana. Formó parte de negocios dudosos e investigado por el diario, recurrió a la misma abogada que utilizó Carlos Alberto Salvatore en numerosas empresas, siendo uno de los condenados de la causa Carbón Blanco. Esta abogada es Ana Cristina Paleza, que certificó a las empresas del funcionario y otras conformadas por Salvatore para lavar dinero en el mayor escándalo de narcotráfico de los últimos años. Lo extraño es que resulta difícil pasar gran cantidad de cocaína -como pasó con Carbón Blanco- si no hay una complicidad de la Aduana. Sin embargo, no hubo ni un solo inspector acusado ni condenado. No pasó nada.

En el caso Báez, indagaron en el tema de la impresión de facturas truchas en Bahía Blanca. La investigación se centra en las personas que emitieron esas facturas truchas y no en quienes las solicitaron y las usaron, que en este caso sería Báez. Con respecto a la causa en Bahía Blanca, también removieron a un juez que estaba investigando la situación y pusieron a Ramos Padilla, el juez de Dolores, un ex abogado de Timerman que forma parte de La Cámpora.

El tema Echegaray es muy cuestionable, ya que, si continúa con el próximo gobierno, va a seguir teniendo el mismo grado de impunidad que tuvo en todos estos años, ya pues las causas están encajonadas y no han tenido mucho avance.

El año pasado, producto de las notas del diario Hoy sobre las empresas que tenían los funcionarios de la AFIP, Echegaray firmó una resolución modificando el código de ética de los funcionarios de la AFIP. En éste les prohibía a los funcionarios del organismo que fueran socios o accionistas de empresas argentinas y extranjeras, incluso en el caso de que recibieran acciones de una sociedad anónima por herencia. Es importante resaltar que un funcionario de la AFIP no puede tener una empresa privada, porque tiene acceso a información calificada que puede utilizar para perjudicar a sus competidores y beneficiarse comercialmente.