Por Hernán Andrés Kruse.-
“Las represalias, las venganzas de sangre, así como la exposición de los cadáveres, utilizados por distintos grupos políticos como formas de propaganda armada y difusión de idearios e imágenes de justicia social, tuvieron mucha importancia en la vida política argentina de este periodo. Sus manifestaciones, como tratamos de mostrar a partir de los casos antes reseñados, no constituyeron hechos aislados entre sí. Los cuerpos muertos o lacerados les permitieron a estos agentes constituirse y ser reconocidos como actores políticos en tanto que les sirvieron para transmitir mensajes hacia el interior de los propios colectivos de pertenencia (como medio para mostrar y demostrar lealtad, coraje o valentía), hacia los grupos antagonistas (como una forma de intimidación y amedrentamiento) y hacia la población en general (como demostración de capacidad de acción ofensiva o defensiva). El derramamiento de sangre de un miembro del grupo -ya fuera una organización político-revolucionaria, un partido político, un gremio o sindicato, o, un grupo paraestatal- se pagaba con la sangre del otro. Los muertos del bando propio y del bando contrario se contaban y las listas fúnebres se cotejaban en una especie de reciprocidad de la violencia que (con sus sumas y restas) permitía estimar la fuerza «política» propia y la del oponente.
“Esto no implica, sin embargo, que estas prácticas y manifestaciones carecieran de una valoración moral. No toda muerte ni toda modalidad de matar estaban justificadas, y el ejercicio de esta violencia era juzgado desde diferentes parámetros, tanto morales como legales, por parte de los propios grupos que ejercían estas formas de violencia, por otros sectores sociales y por las instituciones estatales. El ejercicio de distintas formas de violencia y sus efectos ampliados, al menos, eran parte de fuertes discusiones en el interior de las organizaciones político-revolucionarias. En las confrontaciones armadas o atentados se procuraba que no hubiera víctimas civiles, aunque eso no siempre pudiera ser controlado, pues ello se consideraba «sangre inocente». Por ejemplo, el 1 de diciembre de 1974, en un contexto de represalias por la muerte de numerosos combatientes del ERP desarmados en la Provincia de Catamarca, «esta organización implementó una campaña para abatir a miembros del Ejército» y denunciar el accionar represivo ilegal. Como parte de esta campaña, el capitán Viola fue asesinado en Tucumán el 4 de diciembre junto a su hija de 3 años, mientras que otra fue gravemente herida. Luis Mattini, integrante del buró político partidario del PRT-ERP, afirma que la propia organización calificó como un «exceso injustificable» este hecho y suspendió los operativos en todo el país hasta agosto de 1975, anunciando su resolución de dar por cumplida la campaña de represalia «en homenaje a la sangre inocente de esas criaturas». Hacia mediados de 1975, frente al aumento de asesinatos y desapariciones de activistas populares y militantes revolucionarios, y el maltrato a prisioneros políticos, retomaron este tipo de acciones aunque «según la investigación documental solo se registra una sola ejecución posterior a este anuncio».
A su vez, tanto la guerrilla como grupos represivos paraestatales o estatales contemplaban que las acciones violentas podían generar reacciones de simpatía o antipatía por parte de otros grupos sociales (no solo en cuanto a sus fines sino también respecto a los canales utilizados), lo cual los impulsaba a negar su participación ante los medios de comunicación oficiales (como hizo de manera creciente la Triple a) o, en cambio, a publicar por medio de sus órganos de propaganda las razones de estos hechos y las modalidades utilizadas. Por ejemplo, para el PRT-ERP la ejecución del torturador no sólo castigaba el martirio sufrido por los compañeros «en manos del enemigo»; era también la puesta en escena de una moralidad revolucionaria cuya voluntad de diferenciación con respecto a la de las fuerzas enemigas encontraba en la inadmisibilidad de la tortura uno de sus puntos nodales. A pesar de los argumentos morales puestos de manifiesto a través de estas formas de violencia política, lo cierto es que hacia mediados de la década de 1970 gran parte de la población (incluidos los medios de comunicación, partidos políticos y grupos empresariales) se alineaba en una demanda de «orden» y proclamaban más animosidad que adhesión hacia las organizaciones político-militares de izquierda. Estas últimas parecían simbolizar la fragilidad y vulnerabilidad de la estabilidad gubernamental. Se los responsabilizaba entonces de una situación que se juzgaba caótica o de una anarquía reinante, aunque -paradójicamente- parecían ser más sus herederos que sus forjadores, pues la estabilidad anhelada parecía no haber existido previamente más que a punta de gobiernos autoritarios, civiles o militares”.
Guerra contrainsurgente: performances de violencia estatal y voluntad de gobierno
“Hacia mediados de la década de 1970 se dieron dos cambios importantes en las formas en que las FF.AA. y de Seguridad, con apoyo de algunos referentes de partidos políticos, funcionarios públicos, sindicalistas y empresarios asumieron la confrontación armada con organizaciones político-militares y grupos políticos de izquierda en la Argentina. La política paraestatal de las venganzas de sangre y las represalias fue abandonada a nivel del discurso público gubernamental para dar un lugar preponderante a la representación mediática de una «guerra contra la subversión» y justificar así la necesidad de una estrategia estatal para reordenar y disciplinar a la sociedad. Asimismo, se desarrolló un marco normativo institucional que daba «forma legal a lo ilegal», amparando de este modo las acciones represivas nacionales y las intervenciones de gobiernos federales (Provincias de Formosa, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta). Esta estructura normativa fue sancionada y sistematizada de manera progresiva, otorgando cada vez mayor injerencia a las FF. AA. en el control del orden interior.
La figura de la «guerra» asumió un lugar hegemónico en las prácticas y las representaciones gubernamentales que se presentaron como contrapuestas a la imagen de la violencia «guerrillera» o «subversiva», asociada al derramamiento de sangre (homicidios, atentados, asaltos a cuarteles militares) y a la capacidad de inquietar o perturbar el orden público a través de acciones de propaganda armada. Así, desde los discursos del gobierno y de las FF. AA. replicados por la prensa, se impuso la imagen de una «guerra santa» contra un «enemigo apátrida», refractario a los valores occidentales y cristianos y que atentaba contra la autoridad del Estado, la familia tradicional y la propiedad privada. Esta imagen no fue producto de la dictadura, sino que comenzó a instalarse durante los años previos, en gobiernos constitucionales, y de hecho fue fundamental para la legitimación del golpe de Estado de 1976.
El llamado Operativo Independencia, implementado el 9 de febrero de 1975, que tuvo como finalidad realizar «todas las operaciones militares que sean necesarias a efecto de neutralizar o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán», significó un cambio representacional en la política de la violencia puesta en práctica desde el gobierno nacional y las FF. AA. Colombo sostiene que la confrontación con el «enemigo», que hasta ese momento había sido preponderantemente urbana y fragmentada, fue centralizada en las FF. AA. y su teatro de operaciones fue localizado en el monte tucumano, una geografía imaginada y delimitada como «espacio de rebelión armada». Este espacio-tiempo le permitió a las FF. AA. «territorializar al enemigo, y así hacerlo visible, concreto y aniquilable». Es decir, posibilitó materializar y circular una imagen de «enemigo interno» como un contendiente delimitado, corporeizado y localizado. Como sintetiza Colombo, «el Estado se apoyó en la guerrilla rural para mostrar en un lugar fijo a un enemigo que en las ciudades del resto del país se presentaba como “huidizo y extremadamente móvil». Luego, «a este escenario cuasi bélico se le superpuso otro: el de la desaparición sistemática de personas que eran consideradas como subversivas». A este supuesto «enemigo apátrida», considerado por las fuerzas del Estado como un virus o un cáncer para la nación, había que aniquilarlo.
Las venganzas de sangre y las represalias fueron subsumidas por el discurso de la «guerra» con su propio escenario de visibilidad: el campo de combate. Pero a esta forma de violencia se le superpondría otra, secreta, en la que los asesinatos, masacres y actos de crueldad serían ocultados, o, presentados de una manera tergiversada, como producto de fuego cruzado en enfrentamientos fraguados o del accionar de «bandas irracionales». De hecho, tanto antes como después del golpe militar, las fuerzas públicas acometieron varias masacres de militantes políticos, muchos de ellos ya presos o secuestrados, las cuales fueron presentadas como enfrentamientos con «elementos subversivos» a fin de justificar el accionar militar en la «lucha contra la subversión». Entre ellas se pueden citar la de Palomitas (Provincia de Salta), en la que 11 detenidos políticos fueron sacados de la unidad penal de Villa las Rosas y asesinados el 6 de julio de 1976; la de Fátima (Pilar, Provincia de Buenos Aires) donde 30 detenidos-desaparecidos fueron trasladados desde la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal para ser asesinados y sus cuerpos dinamitados el 20 de agosto de 1976. La Junta Militar, en sus declaraciones posteriores al hecho, afirmó que había sido un: «vandálico hecho solo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad».
Las personas consideradas «subversivas» o cómplices serían secuestradas y detenidas en lugares clandestinos de manera ilegal, torturadas, y en miles de casos asesinadas y desaparecidas. Los cadáveres ya no serían expuestos en la vía pública y reivindicados como propios, para comunicar mensajes políticos; salvo en contadas excepciones orientadas a reprimir al enemigo de manera brutal, o que procuraban desestabilizar a cierta línea dentro de la dirección del gobierno dictatorial que tampoco estaba exento de conflictos internos. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Fátima, algunas hipótesis posteriores afirman que fue un acto cometido por un sector de las fuerzas públicas para desestabilizar al presidente de facto Jorge Rafael Videla.
El 24 de marzo de 1976, en continuidad con algunas de las atribuciones ya otorgadas por el gobierno civil a las FF.AA. en el marco de la «lucha contra la subversión», una Junta de Comandantes Generales asumió el gobierno y el control directo del plan de seguridad nacional, reforzando un esquema represivo sistemático y clandestino de aniquilamiento de la subversión. Mediante este plan nacional se volvió a tomar el control del Estado, del territorio (dividido en zonas, subzonas, áreas y subáreas bajo el mando de distintos cuerpos del Ejército) y de la población a través de una violencia refundacional del orden social y de los valores «occidentales y cristianos». Carassai sostiene que la gran mayoría de las clases medias manifestó un rechazo evidente a las acciones armadas de la izquierda insurreccional en ese periodo, y que dicha distancia se hizo efectiva desde un comienzo y se perpetuó hasta la actualidad, en las memorias sobre estos acontecimientos. Según el autor, dicha situación explicaría la naturalización, la pasividad e incluso el apoyo brindado por los sectores medios -entre otros- a la violencia estatal de la dictadura, el cual estuvo teñido por un sentimiento de retorno del Estado. Las máximas «por algo será» (que lo secuestraron, torturaron, mataron, desaparecieron) o «algo habrá hecho» (no era una víctima inocente) pueden ser leídas, por lo tanto, como algo más que, o incluso diferente de, la mera complicidad o ignorancia. Fueron las frases mediante las cuales un sector de la sociedad se aferró a la creencia de que el Estado había regresado; también sirvieron para atribuir una racionalidad última, desconocida, incluso inalcanzable, a los representantes de un poder que, al mismo tiempo que recaía sobre ellos, al menos idealmente los guarnecía de un caos mayor. En definitiva, esta forma de concebir los hechos de sangre como sinónimo de violencia subversiva, barbárica o incivilizada, facilitó la admisión de formas siniestras de violencia y crueldad que permitirían mantener la creencia en una primacía del orden sobre el caos, del gobierno sobre la anarquía y de la civilización sobre la barbarie.
Las represalias y las venganzas de sangre, no obstante, no fueron abandonadas durante la guerra contrainsurgente, ni con la implementación del Operativo Independencia ni del plan sistemático y clandestino de aniquilamiento de la subversión. Más bien, este tipo de acciones se integraron de manera velada en un mecanismo institucionalizado, jerárquico, centralizado, clandestino y reglamentado de violencia estatal sobre los cuerpos disidentes. A posteriori, en el juicio a las Juntas (1985) y otros procesos judiciales ulteriores, los militares encausados por crímenes de lesa humanidad calificarían algunos de estos hechos de sangre, violencia sexual o tortura como «abusos» o «perversiones» por parte de sus subordinados, argumentando que ellos constituyeron prácticas de violencia «desbordada» que habrían excedido las órdenes «legítimas» y «racionales» suministradas por los mandos superiores. Así pondrían de manifiesto distintas valoraciones sobre los actos de violencia colectiva considerados «irracionales», motivados por razones afectivas o desbordes emocionales y, aquellos considerados -desde su propio punto de vista- como «racionales» o «lógicos» en el marco de una «guerra contra la subversión» que, dadas las características del «enemigo», debía ser «irregular». En la llamada transición a la democracia, la búsqueda de los desaparecidos y, en algunos casos, el hallazgo de sus cadáveres -en general arrojados al río o inhumados en fosas comunes sin identificación- daría lugar a nuevas controversias acerca de la violencia estatal calificada por la nueva institucionalidad como «terrorismo de Estado». La aparición de cadáveres no identificados con marcas de tortura, violencia sexual y armas de fuego, constituiría una prueba material que permitiría confrontar el discurso de la «guerra contra la subversión» en los estrados judiciales. Sin embargo, ante estos cuerpos muertos (antes desaparecidos) ya no se pediría venganza sino «justicia» por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, en un principio entre 1976 y 1983”.
(*) Ana Guglielmucci (Conicet-Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz, Universidad del Rosario Bogotá, Colombia): “Las políticas de la violencia: sangre y poder en la década de 1970 en la Argentina” (Anuario Colombiano de Historia social y de la Cultura, 2021).
16/10/2024 a las 10:05 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Las universidades se organizan para resistir y federalizan el plan de lucha
Celeste del Bianco
Página/12
16 de octubre de 2024
El conflicto universitario crece día a día. Este martes, el presidente Javier Milei echó mas leña al fuego y continuó con los ataque verbales, al tiempo que la Procuración dictaminó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) retome las auditorías, lo que viola la autonomía. Mientras tanto, en casi 50 casas de estudios de todo el país continúan las tomas, vigilias y clases públicas, entre otras medidas de fuerza. Además, gremios, rectorados y estudiantes definieron la federalización del plan de lucha. Tras una reunión, decidieron que iniciarán tres paros nacionales, concentraciones por regiones y una marcha de antorchas para este miércoles en repudio a los hechos de violencia a cargo de una patota de libertarios que se registraron en la Universidad de Quilmes.
Los insultos del Milei no paran: ahora el blanco es la comunidad educativa. Lo hizo por la mañana en una entrevista radial y también por la tarde, tras conocerse la decisión del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, para que la SIGEN retome las auditorías sobre las universidades nacionales; una tarea que desde 2022 había quedado a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). «Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro», dijo Milei durante su discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 en el Palacio Libertad (ex CCK). Lejos de alarmarse, desde los rectorados no se sorprendieron por la medida, mucho menos se preocuparon, consideran que es lo mismo que ya hacían. “Bienvenidos más controles en cumplimiento de la ley. No es nada nuevo, fue así hasta el 2022. Nuestras auditorías internas ahora deberán reportar a la SIGEN, así fue siempre”, indicaron.
La decisión de Barra tiene que ver con la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y habilita al Poder Ejecutivo a auditar a las universidades como era hasta hace dos años atrás. En 2022, el exprocurador Carlos Zannini había limitado esa atribución de la SIGEN al considerar que «no resultan aplicables por valorar su autonomía». Es decir, que durante 10 meses el gobierno de Milei pudo haber cambiado la normativa y no lo hizo, lo que devela la estrategia discursiva. “Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados” y «están sucios”, fueron algunos de los insultos del mandatario durante los últimos días frente a autoridades que siempre se mostraron abiertas a los controles.
Aquella resolución de Zannini no significó que las universidades dejarán de ser auditadas, sino que pasaron a ser controladas por AGN, un órgano que está bajo el control del Poder Legislativo, y que este año no tiene autoridades designadas por una decisión de los bloques aliados de La Libertad Avanza y el PRO en la Cámara de Diputados, que no definen qué diputados asumirán las bancas correspondientes a la minoría parlamentaria. Además, solo el 10 por ciento del dinero que el Gobierno destina a las universidades es para el funcionamiento, el 90 por ciento restante es para salarios. Es decir, que ya están auditados porque las liquidaciones son realizadas cada mes por el Ministerio de Economía y de Educación.
A LAS CALLES
El martes por la tarde, representantes de la comunidad educativa definieron las nuevas medidas en la disputa por el salario docente y no docente y por el Presupuesto 2025 (que es el reclamo actual después del veto a la Ley de Financiamiento). Tras una reunión de la que participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se definieron dos nuevos paros además del que ya estaba confirmado para este jueves 17. Se suma un paro de 48 horas para el lunes 21 y martes 22. Además, en noviembre se harán marchas regionales en cinco provincias distintas para federalizar la protesta, se cree que las sedes serán Tucumán, Córdoba, Salta, Mar del Plata y alguna ciudad del sur del país. Aún no se terminó de definir, pero se evalúa hacer una concentración en la Ciudad de Buenos Aires a la que llegarán repesentantes desde todas las ciudades.
Además, cada miércoles habrá clases públicas en todas las universidades del país a partir del mediodía en sintonía con el tratamiento del Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. Ahora el reclamo es por recuperar los 3.4 billones de pesos que el Gobierno recortó para el próximo año y que el CIN pide para poder garantizar el funcionamiento. La reducción de las partidas a la mitad tienen que ver mayoritariamente con el dinero destinado a los salarios docentes y no docentes, que deberían estar actualizados por inflación, algo que el proyecto del Ejecutivo no contempla.
“Además, pedimos la inmediata apertura de la paritaria para recuperar el 63.5 por ciento que perdimos por la inflación. Exigimos que se abra ya y que nos den el pago de la garantía salarial (fijada en 420.000 pesos) y recuperar el Fondo de Incentivo Docente”, le dijo a Página 12, Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias UTE-CTERA. A principios de mes, el Ministerio de Capital Humano determinó unilateralmente un aumento del 6,8 por ciento para docentes y no docentes, que se conforma con la suma del 5,8 por ciento de incremento más el 1 por ciento para empleados públicos. Un monto muy alejado de lo que pide el Frente Sindical.
También se definió para hoy a la tarde una Marcha de Antorchas “por el diálogo y la no violencia” que unirá Plaza Houssay (frente a la Facultad de Medicina) y el Palacio Pizzurno (sede de la Secretaría de Educación). Será a las 18 y es en respuesta a las agresiones con gas pimienta de un grupo de militantes de LLA en la Universidad Nacional de Quilmes (ver aparte). Además, se consensuó apoyar el paro de transporte del 30 de octubre.
LAS BASES SIGUEN MOVILIZADAS
Mientras tanto, en 47 de las 62 universidades del país siguen las medidas: tomas, vigilias, asambleas, clases públicas y cortes parciales de calles. En lo que se considera un hecho histórico, la asamblea de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió el lunes una toma por 72 horas. Ayer, bajo el sol de la tarde, cerca de 30 estudiantes escuchaban una clase de Teoría General del Derecho al Trabajo sobre las escalinatas del edificio que da a la Avenida Figueroa Alcorta. Apoyados sobre las columnas gigantescas, tomaban nota en sus cuadernos. “Llegar acá cuesta el triple que a principios de año y esta situación se agrava para los alumnos, hemos tenido una deserción porcentualmente mucho más grande que otros cuatrimestres, en el último tiempo tenemos una tercera parte del curso menos ”, le contó a este diario el docente Fernando Almejun al finalizar la clase.
Cerca de allí, pintando un cartel que llamaba a cortar la avenida, estaba Olivia Vega, estudiante de Traductorado Publico de 22 años. “Milei vetó la ley, pero ganó perdiendo porque se encontró con un rival muy fuerte que es el movimiento estudiantil, que está saliendo a darle pelea y que moviliza a la sociedad toda”, dijo.
En la Facultad de Medicina de la UBA la última toma fue en el 2018, seis años después una asamblea autoconvocada de más de 600 alumnos decidió la medida que se extenderá hasta el jueves. Ayer, en el hall una profesora explicaba la ley de prevención de la muerte súbita con un proyector, afuera sobre las escalinatas que dan a la calle, otra daba clase de Fisiología. “Lo que no se dio cuenta Milei es que con el veto activó el movimiento estudiantil. Yo no cobró la renta y los docentes que están con cargo están cobrando por hora lo que sale un pancho y una coca”, le contó a este diario Jeremías Marty, docente Histología que también se unió a la protesta y hoy tomará exámenes.
A los insultos de Milei, se suman las declaraciones del diputado libertario José Luis Espert, que llamó «genocidas de la educación» a quienes marchan. “Es ideológico, el Presidente está a favor del FMI, de las grandes empresas y en contra de la salud y educación pública. No queremos un aumento de presupuesto de educación a costa de ajustar a los jubilado”, comentó a Página 12 Eugenia Córdoba, estudiante del último año de Enfermería, que el lunes pasó la noche en la facultad para garantizar la toma.
Además, los colegios preuniversitarios Pellegrini y Nacional Buenos Aires también definieron tomas. «Nuestra generación quisiera discutir la educación post pandemia, pero lamentablemente tenemos que defender que no se venda nuestra educacion», le dijo a este diario Violeta Presta, presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Con vetos, insultos y falacias, el Presidente despertó el estudiantazo y le abrió paso a un sujeto político que cada vez cobra más fuerza.
16/10/2024 a las 10:09 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Nuevos tiempos de rebeldía estudiantil
Juan Carlos Junio
Página/12
16 de octubre de 2024
Lo esencial se hizo visible a los ojos: la reacción de multitudes en calles y plazas de toda nuestra geografía nacional convulsionó la escena política. Nuevamente la energía de los pueblos, por momento soterrada; marca un nuevo tiempo. Médicos, enfermeras y empleados que defienden a los hospitales públicos; docentes, estudiantes y científicos que luchan por la universidad democrática, a la que sienten parte del acervo educativo nacional y que les posibilita un futuro. Se suma la invalorable emergencia del movimiento estudiantil, con su dinámica política de asambleas, clases abiertas en las calles, ruidazos a los diputados conversos que venden sus votos por 30 dineros, tomas de facultades con dictado de clases, y su voz de rebeldía ante el intento de avasallar y destruir la universidad pública.
La amenaza mileísta de sancionar y reprimir las tomas porque son “un delito” choca contra la historia democrática de nuestro país, ya que esa metodología de lucha estudiantil, asumiendo simbólicamente la ocupación de sus casas de estudios, se remonta a los reformistas fundadores del ´18. La foto más emblemática de ese acontecimiento histórico que revolucionó la vida universitaria en nuestro país y en todo el continente americano, es la de los estudiantes cordobeses en las alturas del edificio de su universidad tomada, celebrando su triunfo enarbolando la bandera argentina. Cierto es que el gobierno logró sostener su veto con el concurso de los diputados propios ultraderechistas, del macrismo en bancarrota subordinado al mileismo que lo lleva a la rastra, y de los desertores del radicalismo y el peronismo, quienes hasta su voto a la Ley Bases, todavía los podían calificar de “amigables”. El segundo veto obligado, desnudó más aún el transfuguismo de “los boinas blancas libertarios” y del bloque “dependencia” del gobernador tucumano otrora peronista, ahora un anarco mileista de la primera hora. Circunscribirse a ese hecho por más importante que haya sido, sería caer en un enfoque fotográfico.
Antes de la sesión se produjo la segunda manifestación de masas del mundo universitario rodeada de organizaciones sindicales, de la cultura, de fuerzas políticas, etc, que conmocionó a la opinión pública. Posteriormente al “triunfo” de Milei y sus 84 “heroicos” diputados, emergió una movilización estudiantil imbricada con la lucha de rectores, docentes, trabajadores, científicos, agregando un factor político de enorme dinamismo e influencia en el tejido social y cultural del país. El “triunfo” de los vetistas contrastó con el crecimiento y consolidación de una mayoría parlamentaria de 159 legisladores que se va transformando en determinante para los próximos tiempos, y que preanuncia el rechazo a un proyecto de presupuesto inficionado por la línea “innegociable” del ajuste a todo lo relacionado con inversión en salud, educación, transporte, servicios públicos, obras civiles, etc.
En la actual circunstancia lo que se dirime es la defensa de lo público como concepto ideológico principal, que rigió a lo largo de nuestra historia frente al plan thatcheriano ultraliberal de Milei, con el apoyo del PRO y otros aliados de circunstancia, para que las corporaciones financieras de la city y de Wall Street, se lleven sus respectivas tajadas ofrecidas por el presidente, regente del actual experimento político. Tras las brumas de cada uno de los brevísimos acontecimientos coyunturales, lo que verdaderamente existe, como contradicción principal, es la definición de dos proyectos políticos, económicos y culturales antagónicos, con epicentro en las políticas económicas y su impacto en la vida del pueblo.
Así las cosas, el tan mentado “exitoso relato” de Milei, va perdiendo influencia en amplios núcleos sociales que se esperanzaron con la opción de La Libertad Avanza ante la decepción de gobiernos anteriores. El ostensible fracaso del acto en Parque Lezama al igual que las convocatorias de su hermana, aspirante a jefa de un partido, muestran que su gritería descalificante y el odio, no articulan una épica y una identidad que convoque a una militancia política, incluyendo a la juventud.
LA CONFESIÓN
Otro elemento importante de carácter ideológico que se desnudó como consecuencia de la violenta controversia en el parlamento, enmarcada por la movilización social, fue la confesión del diputado “educador” Finocchiaro. El ex ministro explicó crudamente que lo que en realidad estaba en juego era el mensaje a “los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos”. O sea que la universidad, sus docentes y el alumnado deben ser sacrificados ante el altar de los prestamistas, quienes exigen extremar el ajuste con el fin de que con el malhadado superávit fiscal se les pague a ellos. Así las cosas, el presidente echó el resto. Decidió apoyar la inmolación de su diputado, declarando al otro día: “esto nos fortalece en los mercados”. A pesar de que la infidelidad es propia de su naturaleza, el establishment en esta circunstancia, salió a apoyar el veto presidencial. Los diarios económicos especializados destacaron en sus portadas: “El gobierno sostuvo el veto, fuerte suba de acciones y bonos”. “El triunfo político afirmó el escenario financiero”, concluyendo que los 84 diputados fueron “una minoría eficaz”. Por su parte, ante este momento crucial, el Banco Mundial no pudo contenerse: el economista jefe William Maloney decidió pronunciarse: “el ajuste extremo era necesario”, “la baja de la inflación es un logro increíble”.
La emergencia de los nuevos tiempos de luchas sociales tendrá que ir encontrando un aglutinante político amplio, en términos de representaciones partidarias, sociales y culturales; amalgamando un programa popular progresista que salga al encuentro de la grave emergencia por la que atraviesan la mayoría de los sectores humildes y las clases medias. Ya fue señalado, el problema de las pobrezas tiene como causa determinante a las riquezas cada vez más concentradas. De eso se trata: para redistribuir a favor de las mayorías, crear trabajo y fortalecer al aparato productivo, se deben afectar a las minorías hasta aquí triunfantes. Por ese camino transitaremos hacia una verdadera democracia más igualitaria, con justicia social, que valore y defienda la soberanía económica y política de la nación.
16/10/2024 a las 10:11 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El que subsidia a los ricos es Milei, la universidad pública es una conquista popular
Marcelo Mache
Prensa Obrera
15/10/024
El presidente Javier Milei volvió a atacar a la universidad pública en un reciente discurso, afirmando, sin fundamento alguno, que la universidad gratuita es “un subsidio de los pobres a los ricos”. Para Milei hay que erradicar el “mito de la universidad gratuita” dando lugar a la única forma posible en consecuencia: la privatización definitiva de la educación superior, ya sin ningún acceso real a los pobres.
El discurso del presidente tuvo lugar en un evento de “reinauguración” del Centro Cultural Néstor Kirchner, ahora renombrado Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Y se en medio de la crisis universitaria, tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y con procesos de lucha y tomas en más de 40 facultades y establecimientos educativos del país.
Milei volvió a hacer uso y abuso de un relato con cada vez menos fuerzas, que intenta convencer de que el ajuste contra los trabajadores y sectores pobres es un ataque a la casta y en defensa de los propios ajustados: algo que no tiene pies ni cabeza.
El presidente señaló que “la verdad incómoda en la Argentina es que la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta, en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres”, afirmación que solo contiene una verdad parcial: que la mayoría de los niños son pobres.
Que la universidad pública no beneficia a los pobres es una gran mentira. Primero porque, según cifras del Indec, casi la mitad de los estudiantes universitarios habitan en hogares pobres. Milei hizo mucho por esto, pero no para que los pobres lleguen a la universidad, sino para que más estudiantes sean pobres: de un año a otro sumó 14,7 puntos porcentuales de estudiantes pobres.
En segundo lugar, Milei omite señalar la importancia de la universidad pública para la formación de profesionales que abastecen las escuelas y hospitales del país, entre otros servicios que vuelven a la comunidad, y que llegan a las 25 millones de personas pobres que Milei ayudó a empujar hasta esa situación.
Peor aún, Milei ataca a la salud pública vaciando y liquidando hospitales, servicios y establecimientos. Y lo mismo hace con la educación pública en todos sus niveles, con la parálisis de la obra pública y el ajuste sobre salarios y recursos a las provincias, donde los gobernadores replican el ajuste sobre docentes y estatales.
El presidente agregó en su discurso que “la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma”, otra gran mentira. Es cierto que culminar los estudios universitarios no garantiza actualmente una prosperidad social y económica, pero eso se debe justamente a la destrucción y devaluación de la oferta laboral para quienes egresan de sus estudios.
El gobierno “libertario” tiene su cuota de responsabilidad en la materia, con el ataque a la investigación, al Conicet, a los proyectos de ciencia y técnica, a las carreras médicas y profesionales en las dependencias públicas, con políticas que destruyen el empleo y promueven la precarización laboral, etc.
Además, son los propios procesos privatizadores y mercantilistas que defiende Milei -herederos de la LES menemista- los que limitan los alcances de la educación superior, con el vaciamiento de las carreras de grado y la mercantilización de posgrados pagos, promover tecnicaturas y títulos cortos para un mercado precarizado,e tc.
Milei habla de la “universidad pública como subsidio a los ricos” cuando su gobierno mantiene subsidios directos a las grandes patronales, como los regímenes tributarios especiales o el propio Rigi hecho a la medida de las grandes multinacionales. No denuncia, en cambio, la injerencia privada en la universidad pública, donde las empresas se benefician de “convenios de colaboración” baratos para sus propios intereses comerciales.
La ecuación del vaciamiento de la universidad pública y gratuita es bastante simple: un mayor financiamiento garantiza el acceso de más estudiantes pobres y vulnerables, de la mano de políticas inclusivas como becas, mayor oferta horaria, apertura de cátedras, boleto educativo, etc. El vaciamiento financiero solo conduce al arancelamiento y la privatización, excluyendo definitivamente a los pobres para que quien pueda pagarse una universidad lo haga acudiendo a una privada.
Según el Anuario Estadístico de 2022, en la órbita del actual Ministerio de Capital Humano, el 47,8% de los nuevos inscriptos de las universidades e institutos eran primera generación en sus familias, lo que da cuenta de la oportunidad de movilidad social ascendente que ofrece el acceso a la educación, aún con sus límites.
El discurso de Milei es sumamente reaccionario y busca justificar el ajuste sobre la educación cuando estudiantes y docentes protagonizan una inmensa lucha educativa en todo el país. Hay que derrotar el ajuste del gobierno profundizando la lucha, con el paro universitario del 17 de octubre como fecha inmediata y la organización independiente de miles de estudiantes y docentes en asamblea, tomas y con sus direcciones y sindicatos combativos.
16/10/2024 a las 10:23 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Buenas y malas grietas
Ricardo Aronskind
El Cohete a la Luna
13/10/024
El triunfo parlamentario del gobierno en la Cámara de Diputados, convalidando el veto a la imprescindible Ley de Financiamiento Universitario, fue saludado por los “mercados” como un triunfo político de sus negocios frente a las pretensiones de la sociedad argentina de mantener una expectativa de futuro.
Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO de la provincia de Buenos Aires, lo expresó en estos términos durante la sesión donde se refrendó el veto presidencial: “Acá estamos hablando… de una disputa de poder (…) acá estamos hablando del mensaje que este recinto va a mandar a los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos, a las consultoras de riesgo”.
Toda esta cadena de razonamientos está completamente equivocada, aunque pose de realista y bien informada.
Es cierto que los mercados festejan, en numerosas oportunidades, los “daños colaterales” que generan sus negocios a las sociedades. Y es cierto que a los mercados les encantan los gobiernos que ajustan sin piedad el gasto público, destruyen el estado de bienestar y redistribuyen la riqueza hacia los sectores más pudientes. Pero que ese sea el criterio ultra reaccionario que prima en los circuitos del dinero global no es lo mismo que decir que esa es la política adecuada para un país.
Bajo la triste gestión de Fernando de la Rúa, primó el mismo criterio enunciado por Finocchiaro: primero hacer lo que los mercados pidan (con sus criterios clasistas sobre qué es lo bueno y qué es lo malo en política y economía), y después se verá qué se hace con la población, que en estas democracias subordinadas al gran capital son un decorado irrelevante entre votación y votación.
Pero un punto clave, en el que muchísimos políticos patinan –porque no tienen formación y los economistas que los asesoran contribuyen a la profundización de su ignorancia–, es creer que los “inversores que tanto necesitamos” están afuera del país, y que no invertirán a menos que hambreemos a los jubilados, destruyamos a las universidades y a los científicos, arrasemos la salud pública y hundamos a los sectores medios.
Por empezar: hay en la Argentina capacidad inversora no movilizada ni aprovechada. Segundo: afuera, en el mundo, el capital que busca hacer inversiones importantes no es “liberal-libertario” (o simplemente reaccionario como lo es aquí en buena medida). En realidad –como señaló con sensatez Pichetto en el mismo debate–, las grandes multinacionales productivas necesitan situaciones atractivas desde el punto de vista de la rentabilidad, pero viables y estables política e institucionalmente, lo que les reduce el riesgo de situaciones imprevistas.
Pero la distorsión cognitiva en la clase política domesticada llega más lejos: confunden al gran capital multinacional capaz de extraer o producir riqueza con los grandes fondos de inversión dedicados a la timba a escala global. Timba, y no otra cosa, es lo que generó Martínez de Hoz con su tablita cambiaria, Menem con su convertibilidad infinita y Macri con su apertura estúpida del “cepo” y la emisión irresponsable de Leliqs.
Es fundamental entender este punto, porque ya es la centésima vez que se confunden entre dos tipos de “inversores”, que son completamente diferentes desde la perspectiva de una estrategia nacional.
Finocchiaro, y todos los políticos ignorantes que piensan como él, por ahí creen que están llevando adelante una epopeya nacional, que consistiría en mostrarle “al mundo” equilibrio fiscal, pre-condición necesaria para que nos inundemos de inversiones productivas provenientes “del mundo”, lo que nos hará ricos y prósperos.
Lo crean o no estos políticos de pésima formación, lo cierto es que hoy, en octubre de 2024, impera en nuestro país un régimen de valorización financiera de corto plazo que muestra logros absolutamente transitorios (dólar quieto, inflación en muy paulatino descenso), basado en el ya conocidísimo mecanismo cambiario-financiero del carry trade: traer dólares (de adentro o de afuera), pasarlos a pesos, invertir financieramente en activos que devengan altos intereses en comparación con el ritmo de devaluación, vender esos activos concretando la ganancia en pesos y luego volver al dólar que el ministro Caputo les garantiza semi-inmóvil. Después, irse.
Ese, y no otro, es el “alto objetivo nacional” que defienden libertarios y macristas, más los otros votantes circunstanciales, o ausentes circunstanciales, que en cambio defienden el objetivo supremo de sus propios bolsillos.
GRIETAS BUENAS
Este tipo de resultado parlamentario, plagado de ilegitimidad social y de sospechas de corrupción, genera una serie de efectos políticos que conviene observar:
• Grietas entre parte del voto libertario ilusionado con pececitos de colores que les fueron arrojando, y la acción concreta del gobierno, que agrede sistemáticamente a las mayorías populares, sin discriminación alguna;
• Grieta enorme dentro de la UCR, entre buena parte del aparato político, entregado completamente a lo que las corporaciones les indiquen, y el radicalismo universitario, que basa la adhesión de miles de militantes en otra versión del radicalismo, más nacional y más socialdemócrata, que choca de frente con la acción pública del partido. ¿Cómo va a procesar la rama universitaria de la UCR esta votación sin terminar aceptando la doctrina De la Rúa-Finocchiaro de prioridad completa del poder corporativo?
• Grieta del macrismo con la clase media que lo ha seguido en medio de ensoñaciones de republicanismo y seriedad económica –frente al ogro K– y que ve cómo Macri acompaña con convicción las políticas antirrepublicanas, antidemocráticas y anti humanas de la actual gestión.
• Grietas dentro del peronismo, que siempre ha hecho gala de su capacidad de sintetizar sectores muy antagónicos, pero que no puede mantenerse en aguas intermedias –o peor aún, apoyar– frente al extremismo clasista de la actual gestión. Si quiere poder seguir apelando a trabajadores, pobres y capas medias, debe reafirmar en la práctica –no sólo parlamentariamente– su compromiso con esos sectores.
Inevitablemente una situación límite como la que está generando el gobierno producirá impactos drásticos sobre el actual cuadro político.
GRIETAS MALAS
Un número no despreciable de público nacional y popular observa con preocupación la apertura de una potencial brecha entre el liderazgo histórico de Cristina Kirchner y la figura de Axel Kicillof, gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires.
Para muchos es incomprensible que divergencias de enfoque entre dos respetadísimas figuras del espacio pueda escalar hacia una situación de conflicto que ponga en riesgo la unidad de un campo en el que efectivamente “no sobra nadie”, salvo los que lo denigran y envilecen, como los Jaldo, Jalil o Scioli.
La discusión sobre temas de fondo debe ser bienvenida. Se trata de una disputa valiosa, necesaria, que encierra debates relevantes, como por ejemplo cómo relacionarse con la sociedad, con el “exterior” cada vez más grande del espacio. Qué mensaje hay que construir para generar mayorías.
Cómo posicionarse frente al tema del Estado, a la relación con el empresariado más concentrado, con el sector agrario, con la enorme economía informal. Cómo procesar los cambios que vienen ocurriendo y transformarlos en un programa político comprensible para las mayorías.
Cómo captar los nuevos procesos culturales, el impacto de las redes sociales sobre los jóvenes. Cómo sintonizar un mensaje transformador con las nuevas subjetividades, cómo abarcar en un único discurso una enorme diversidad de situaciones características de una sociedad fragmentada.
Cómo relacionarse con el mileísmo como fenómeno social masivo, y con el híper reaccionario gobierno libertario en lo político.
Qué tipo de alianzas internacionales se pensarán en función de un futuro gobierno popular, y cuál deberá ser la relación con la súper potencia norteamericana, y con el emergente mundo de los BRICS.
A esta altura es claro que nadie tiene “la posta” sobre muchas de estas cuestiones, y que las respuestas irán apareciendo en el intercambio, el debate y el fragor de los hechos que se presenten en los próximos tiempos.
Al mismo tiempo que se deben ir elaborando estas cuestiones estratégicas, hay una base de principios en común importantísima, que delimita extraordinariamente al campo nacional y popular del proyecto cipayo encabezado por Milei & Macri.
Creemos que existen coincidencias explícitas e implícitas en la siguiente agenda temática:
• Estado fuerte y activo;
• Industrialización orientada;
• Despliegue amplio de las capacidades productivas y exportadoras nacionales;
• Renegociación de la deuda externa compatible con el despliegue del potencial nacional;
• Protección inteligente del mercado interno;
• Hambre cero;
• Inclusión social plena;
• Protección social amplia;
• Valoración y apoyo a las capacidades creativas y culturales nacionales;
• Soberanía nacional plena, efectiva, sin injerencia extranjera;
• Solidaridad latinoamericana y autonomía internacional para nuestra región.
Si se lo piensa bien, es muchísimo. Pero la clave está en los pequeños detalles, que deben ser trabajados con supuestos realistas, tomando en consideración los múltiples obstáculos que las sucesivas oleadas de neoliberalismo han dejado para concretar estas aspiraciones.
Hay, por supuesto, sectores diversos y difusos, que no acuerdan con algunos de los puntos mencionados. Otros plantean disputas de cargos y poder sin preocuparse demasiado en qué proyecto de país se inscribirían.
Es una ecuación política muy complicada si se la evalúa exclusivamente en términos políticos estáticos, ensombrecida por el 55% de votos a Milei.
El resultado de las elecciones del año pasado muestra un telón de fondo complejo y desafiante: un porcentaje significativo de la opinión pública tiene preferencias políticas divorciadas de sus propios intereses concretos, está muy influenciada por el discurso de viejas y nuevas derechas, y dispuesta a apoyar a proyectos políticos destructivos de sus propias perspectivas de futuro.
Pero todos debemos saber que el panorama social y político dista de ser estático, y sobre él se debe intervenir.
En todo caso, confiamos en la inteligencia de los personajes involucrados en esta eventual grieta indeseable, en el compromiso con la idea de Patria que indudablemente comparten, y en que la sabiduría política va a imponerse, porque es un imperativo histórico popular.
Pero además, no estamos solos, conversando en un tupper. Hay un país en disputa.
CAMBIO DE CLIMA
Cada día, miles de personas se desayunan sobre la verdad profunda de este proyecto en marcha. Comprenden que están siendo sumergidos, dejados de lado, despojados, en aras de un proyecto que no los contempla ni incluye. Y empiezan a ver que no es por unos meses, sino por un tiempo ilimitado.
Ese despertar está ocurriendo a un ritmo que es el ritmo de las sociedades. Casi no se notaba en los primeros meses de esta gestión, pero ahora aparecen síntomas micro de que la simpatía por el personaje novedoso y extravagante está cediendo ante los destrozos materiales que está provocando en el tejido social y en la vida de la mayoría.
Es cierto: jóvenes gasoleros, sin una estructura de gastos familiares significativa, con capacidad de aguante físico y psicológico, cuentan con más tiempo para esperar el milagro mileísta y están dispuestos a otorgarle más crédito político al experimento. En muchos casos carecen de conocimientos históricos, políticos y económicos para poder evaluar los cuentos que les lanzan desde los medios y redes oficialistas. No pasa así con la gente con menor margen de maniobra en sus ingresos, más estructuras familiares para sostener, más experiencias vividas o menos tiempo a futuro.
EFECTO DE LA ACCIÓN POPULAR SOBRE LAS GRIETAS
La acumulación de agresiones sociales del gobierno mileísta al conjunto de la población va generando efectos cada vez más perceptibles. Los conflictos comienzan a aumentar en dimensión, mientras que el tono de la protesta pasa de lamentaciones en tono monocorde a crecientes exigencias y denuncias. El clima subjetivo empieza a ponerse a tono con el derrumbe de las condiciones materiales de vida. También se empieza a ver que buena parte de las desgracias colectivas tienen un mismo punto de partida, que son las políticas de este gobierno.
Fue muy interesante el caso del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos. La semana anterior finalizó con la angustiante noticia de la casi segura liquidación del hospital –indispensable para la población que padece estos problemas de salud– con la excusa insólita de que era costoso o ineficiente. La indignación social que produjo la noticia de la nueva tropelía libertaria excedió largamente a los propios interesados, tanto los profesionales que allí trabajan como los muchos pacientes que encuentran un poco de contención y orientación.
La salvajada oficial era de tal magnitud que excedió los límites de lo moralmente tolerable por parte de las personas decentes e informadas. Se hizo evidente que estamos frente a un gobierno que está empeñado en la destrucción de las condiciones de vida básicas de la población. Para toda su tarea destructiva, utiliza una argumentación falsamente fiscalista.
Si el gobierno tuviera realmente una obsesión fiscalista, le cobraría impuestos a todo el mundo, sin discriminaciones clasistas, y no como ha hecho efectivamente, que desistió de aumentar las Retenciones a la Exportación al agro-negocio y redujo a un mínimo insignificante el Impuesto a los Bienes Personales. Hay muchas otras medidas posibles si se quiere cuidar a las capas menos favorecidas de la población.
La reacción social activa y movilizada y el impacto político sobre la imagen del gobierno hicieron retroceder parcialmente en la decisión del cierre del Hospital Bonaparte a una gestión que se viene caracterizando por la intransigencia total como “principio de gobernabilidad”.
A Milei tampoco le dio el cuero político, en esta oportunidad, para mandarse otra fiesta de la humillación social en la Quinta de Olivos, como hizo con el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Tanto Milei como Martín Menem recibieron señales de fuerte repudio en la vía pública en el día posterior a la confirmación del veto presidencial.
El clima en la sociedad empieza a tomar otra densidad, en la medida en que comienza a clarificarse en las cabezas el objetivo antisocial irrenunciable de este gobierno. Este es, precisamente, el ambiente en el cual irán evolucionando las grietas positivas y negativas.
Un malestar popular creciente, más abierto y explícito, expresado de mil formas, desde el salto a los molinetes, las movilizaciones y manifestaciones, las tomas de universidades, los paros, hasta los comentarios en los colectivos y las verdulerías, hará presión sobre el conjunto del arco político.
El mileísmo y el macrismo serán sometidos a un creciente desgaste producto de las políticas que propician. La “avenida del medio” se verá forzada a tomar posiciones mínimamente democráticas y de defensa de los derechos básicos elementales, si no quiere perder sus chances de interpelar a los vastos sectores medios agredidos.
Para el campo popular, será un aliciente y una advertencia al mismo tiempo. Aliciente, porque la opinión pública empieza a comprobar qué políticas son las que le hacen bien y que chamuyos son los que le hacen mal. Y advertencia, porque la desconexión política con los procesos novedosos que se viven en los subsuelos de la Argentina hizo que no viéramos la amenaza neo-autoritaria y cipaya que se cernía sobre nuestro país.
Ahí está la tarea.
16/10/2024 a las 1:17 PM
El esfuerzo explicador de lo inexplicable obsesiona al Dr. Kruse. Patético es que emplee su intelecto en «repasar» lo demasiado conocido en La Argentina. La Historia es relato de historiadores y siempre está influida por «justificaciones ideológicas».
Lamentable es que pretenda reforzar similitudes con sus (hoy al menos) cuatro «propios comentarios adjuntos» de editores ajenos.
«Es la memoria un gran don,/ Cualidá muy meritoria;/ Y aquellos que en esta historia/ Sospechen que les doy palo,/ Sepan que olvidar lo malo/ También es tener memoria.» (Martín Fierro. Verso 7204)