Por Claudio Izaguirre.-

La ley de Salud Mental que provocó centenares de muertes y el abandono del adicto en crisis ha sido jaqueada no sólo por el Ejecutivo sino que además el Congreso Nacional cuenta con varios proyectos de ley para desarticularla.

El proyecto de le 812 D 2017 de Internación del Adicto, propone el abordaje medico inmediato y evaluación psiquiátrica del adicto con el solo pedido de un familiar en cualquier lugar del país, el monitoreo desde SEDRONAR y la garantía de un abogado defensor del afectado que cuide sus garantías constitucionales.

La ley 26.657, vigente desde 2011 impide la intervención inmediata del sistema de salud sobre un adicto en crisis, obligando así, a que sea abordado por el sistema penal cuando sus acciones demuestran su estado mental, a veces, con acciones irreparables.

El criterio de la Ley de Salud Mental, propone que el consumidor con un brote psicótico sea atendido por las dolencias físicas que pueda provocarse, pero no por su tema de fondo. Es extraño que una norma jurídica obligue a un psiquiatra obtener la anuencia del afectado para iniciar un tratamiento cuando éste tiene un brote paranoico, psicótico o esquizofrénico.

Cuando existe un abuelo que sufre Alzheimer es buscado atendido y cuidado, sin embargo, el adicto que en su seno familiar deambula con una cuchilla en la mano, no es objeto de atención cuando la familia convoca a la ambulancia psiquiátrica a través del 911, debido a que si bien tiene un arma blanca, no la ha usado. Así lo dictamina la ley de Salud Mental.

La protesta más airada se recibió por parte del los directores de los hospitales, debido a que la ley de Salud Mental obliga en casos extremos a trasladar a la guardia del hospital general más cercano, a personas que por el consumo de drogas llegan con brotes psiquiátricos y desatan verdaderas batallas campales, poniendo en riesgo no solo a la comunidad médica, sino que además a los pacientes que en suerte les haya tocado estar cerca del enajenado.

En el tema de Salud Mental es bueno volver a la cordura, sacando de esa norma el tema adicciones para proteger de sí mismo a quien por el consumo de drogas tiene la incapacidad de razonar por sí mismo y por ende coartado de elegir por su bienestar.

Para defender la actual ley de Salud Mental han salido a protestar Horacio Verbitsky desde el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS y Graciela Tousé Asistente Social de la ONG Intercambios, que enseña desde su folletería a los jóvenes argentinos como drogarse con éxito.

Recordemos que el CELS es constructor de mentiras para dañar la estructura democrática y crear caos social, como por ejemplo su intento de dañar la imagen del Papa Francisco haciéndolo aparecer como parte de la estructura del último gobierno de facto de Argentina, el emparentar a Eduardo Duhalde con el narcotráfico, a Mauricio Macri como la dictadura y a mi persona como nazi.

La ley de Salud Mental ha sido un agente contaminante en la rehabilitación de personas con problemas de adicción, provocando que el enajenado incurra en violencia de genero, agresiones con riesgo de vida para sí o para terceros y homicidios aberrantes. Es tiempo de cambiar para salvar vidas.

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